El gobierno está facultado para investigar acusaciones hechas en España: Di Costanzo

Sospechan colusión de directivos del BBV y Probursa para lavar dinero

Un testigo señala a José Madariaga Lomelín como responsable del blanqueo de 159 mdd

ISRAEL RODRIGUEZ

La sospechosa expansión en sólo cinco años del grupo Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) en México y la participación de 12 por ciento que aún mantiene el gobierno en Bancomer, subsidiaria del grupo español, facultan al Poder Legislativo a investigar la posible colusión de autoridades mexicanas y directivos del originalmente denominado Probursa, en ilícitos que pudieran tipificarse como lavado de dinero, consideró Mario Di Costanzo.

De acuerdo con el director de análisis de la consultoría Comunal, José Madariaga Lomelín, ex presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y de la Asociación de Banqueros de México (ABM), es acusado directamente por Nelson Rodríguez, antiguo abogado de BBVA en Puerto Rico y testigo protegido del juez español Baltasar Garzón, como presunto responsable de blanqueo de dinero por 159 millones de dólares.

El nuevo grupo BBVA-Bancomer, del cual el gigante español controla ya 48 por ciento, había absorbido en cinco años a cinco bancos mexicanos, con lo que pasó a controlar casi 30 por ciento de los activos totales de la banca en México, y adquirió derechos de cobro del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) por concepto de pagarés por 126 mil 412 millones de pesos, cifra que representa 20 por ciento de los pasivos de ese instituto.

La historia comienza el 10 de junio de 1990, cuando el representante de la casa de bolsa Probursa (la sexta en importancia en ese momento en el país, por el monto de sus operaciones y de empleados: cerca de 300 personas), propiedad de José Madariaga Lomelín, pagó 611 mil 200 millones de pesos para quedarse con 77.19 por ciento del capital social de Multibanco Mercantil (el restante ya estaba en poder de Gastón Azcárraga, Jacobo Zaidenweber, Boris Sigal, etc., en la serie B).

Multibanco Mercantil era un banco regional, con utilidades netas de enero a abril de ese año que llegaban a 23 mil 51 mil millones de pesos. Sus activos, para finales de junio, sumaban 537 mil millones de pesos y su valor, a precio de mercado para abril de 1991, ascendía a 406 mil 715 millones de pesos. Ocupaba el lugar número 25 entre los intermediarios financieros.

En la compra de Multibanco Mercantil, según la información disponible Probursa obtuvo una ganancia de cerca de 200 mil millones de pesos. La integración de los recursos de ambas instituciones sumaba 7.5 billones de pesos (antes de que se le quitaran tres ceros al peso), lo que colocó a la nueva institución en el segundo lugar en tamaño, después de Banamex.

José Madariaga Lomelín, su nuevo dueño, dijo de inmediato que buscaría la asociación con capitales fundamentalmente extranjeros, y para hacerlo más eficiente reduciría el personal por considerar que había demasiados empleados. Así, el 30 de mayo de 1995 el Banco Bilboao Vizcaya adquiere 70 por ciento del Banco Mercantil Probursa, pagando a su principal accionista, Madariaga Lomelín, unos 350 millones de dólares.

La campaña continúa y el 29 de junio de 2000 BBV adquiere por 2 mil 400 millones de dólares al segundo banco mexicano más grande en ese momento, Bancomer, que a su vez había adquirido del IPAB a Banca Promex.

De acuerdo con los testimonios del testigo protegido, José Madariaga solicitó a BBV de España que a cambio de ceder sus acciones de Probursa le ayudaran a blanquear 159 millones de dólares. BBV acepta y la transacción se lleva a cabo de la siguiente manera: José Madariaga entrega los 159 millones de dólares al BBV de España, que a su vez los remite a su filial BBV International Investment Corporation en Puerto Rico (BBVIICPR) y posteriormente esta subsidiaria le otorga un préstamo a José Madariaga por 159 millones de dólares para luego darlos de baja como incobrables.

Ante estas evidencias, Mario Di Costanzo propuso que sea el Poder Legislativo el que investigue la posible colusión de funcionarios mexicanos y directivos de Probursa en el presunto delito de lavado de dinero.

Lo anterior se fundamenta en que dentro del capital social de BBVA-Bancomer se encuentran directamente implicados recursos públicos, es decir, 12 por ciento

que tiene el gobierno federal es un activo público. ''Así, de acuerdo con nuestra Constitución Política, es facultad de la Cámara de Diputados vigilar el uso de los recursos públicos.'' Además, es más fácil que el gobierno mexicano en su carácter de ''accionista'' de BBVA Bancomer obtenga información de las irregularidades que se están investigando en el grupo español.

Por su parte, BBVA-Bancomer, a través de un comunicado, informó que este miércoles en su asamblea ordinaria ratificó a José Madariaga como vicepresidente primero del consejo de administración.

Asegura que Madariaga Lomelín no aparece ni como imputado ni como testigo en la solicitud que el fiscal de España hizo al juez de la Audiencia Nacional, y que la solicitud es para que el juez determine si inicia o no una investigación a la cual el BBVA y las personas señaladas en la misma acudan, en su caso, para probar la falsedad de alguna acusación.