Controversias constitucionales históricas
Estos juicios son resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con base en lo estipulado por el artículo 105 de la Constitución, y tienen como finalidad la resolución de diferendos entre dos poderes de la Unión, entre gobiernos estatales y municipales, o entre entidades federativas y el gobierno federal. Así también la constitucionalidad (apego a lo establecido en la Carta Magna) de un decreto, ley o mandamiento, cuando la legalidad de éste es cuestionada por alguno de los poderes. Cuando se alcanzan ocho votos como mínimo a favor de un dictamen que da la razón a cualquiera de las partes del litigio, las disposiciones impugnadas se declararán invalidas.
Tal fue el caso de la resolución del 24 de agosto de 2001 mediante la cual se ordenaba al entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo, entregar en un plazo mínimo de 30 días a la Cámara de Diputados la lista de los fideicomisos de Banca Unión a efecto de que el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) concluyera las auditorías pendientes del Fobaproa. Esto como resultado de la controversia constitucional que en San Lázaro se interpuso contra el Ejecutivo, quien se negó desde mediados de 1998 a entregar a los legisladores la información completa sobre el Fobaproa. Sin embargo, fue en este sexenio, que encabeza Vicente Fox, cuando se cumplió con dicha resolución.
El 6 de abril de 2001, la SCJN resolvió mediante el estudio de dos controversias constitucionales, interpuestas por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de la República, Vicente Fox, que correspondía al Congreso determinar el horario de verano, terminando así con la imposición desde el Poder Ejecutivo, del huso horario en México.
Otro caso es la actual resolución de la controversia 22/2001, a través de la cual se analizó la constitucionalidad de las reformas que el Presidente realizó mediante un decreto al reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
En los dos últimos casos, la SCJN consideró que el Ejecutivo, cuya representación recae en Vicente Fox, violó ordenamientos jurídicos al emitir sus disposiciones, que correspondían exclusivamente al Poder Legislativo.
