Anteayer, el presidente estadunidense, George W. Bush, decidió incrementar los subsidios gubernamentales a la agricultura de su país hasta colocarlos en un volumen de 19 mil millones de dólares anuales durante una década. Aunque el mandatario balbuceó justificaciones económicas al promulgar la ley correspondiente --"no es un proyecto perfecto, lo sé, pero ninguno lo es", dijo el mandatario, con su déficit característico de habilidad retórica y argumentativa--, fue inocultable la motivación electorera de la medida, toda vez que está enfocada principalmente a los estados con alta producción agrícola en los que se desarrollarán campañas políticas el próximo otoño.

En el afán por consolidar una mayoría legislativa republicana y por afianzar sus intereses facciosos a cortísimo plazo, Bush desoyó las numerosas advertencias que surgieron en la clase política estadunidense y hasta en su propio partido sobre la perspectiva de que ese monto desmesurado de subsidios para los rancheros y granjeros habrá de revertírseles, más temprano que tarde, pues se traducirá en un exceso de producción que incidirá, a su vez, en una severa baja de los precios.

Adicionalmente, la decisión alterará negativamente las finanzas oficiales del país vecino, las cuales ostentan un déficit presupuestal cercano a los 100 mil millones de dólares, apenas año y medio después de que el gobierno de William Clinton dejara una cuenta pública superavitaria.

Pero los efectos negativos de esta medida inequívocamente demagógica y populista --dos calificativos que, por cierto, suenan a insulto en la retórica neoliberal de Washington-- no van a limitarse a la economía de Estados Unidos, sino que tendrán impactos catastróficos en los intercambios internacionales, en los sectores agrarios latinoamericanos, europeos y asiáticos, y acaso también en el designio estadunidense de imponer a cualquier precio su esquema de libre comercio en el hemisferio occidental y en el mundo.

La primera consecuencia de catástrofe por el disparate presidencial será la invasión de productos agrícolas baratos --subsidiados-- en los mercados de los socios comerciales de Estados Unidos, comenzando por México, y la consiguiente liquidación de los productores agrarios locales. Ello, a su vez, se traducirá en una profundización de la crisis del campo, en presiones sociales y políticas desestabilizadoras y en un incremento de los flujos migratorios hacia territorio estadunidense.

Si los gobiernos que comercian con la potencia vecina desean evitar o minimizar tales impactos, estarán obligados a establecer barreras arancelarias, a incrementar a su vez los subsidios que otorgan a sus agricultores o, en casos extremos, a denunciar y abandonar los instrumentos de comercio bilateral o multilateral que los vinculan a Estados Unidos.

De esa manera se perderá mucho del terreno avanzado por la liberalización comercial impuesta en todo el mundo por Estados Unidos mismo, y se generarán escenarios propicios para guerras comerciales y el surgimiento de una tendencia proteccionista planetaria en reacción a la que Washington impulsa en su territorio.

Por lo pronto, la torpe decisión de Bush constituye un duro golpe a la viabilidad del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y debiera llevar a las autoridades de México y Canadá a plantear una inmediata revisión del tratado comercial que une a estas naciones (TLCAN).

Desde una perspectiva ideológica, el viraje populista de Bush priva de credibilidad y coherencia a las recetas de apertura de fronteras y eliminación de subsidios y aranceles impuestas a nuestros países por Estados Unidos y los organismos financieros internacionales, servilmente aplicadas por los gobiernos del ciclo neoliberal, que en nuestro país se inició en 1982 y aún no termina.

Por lo que hace a México, es pertinente, sin duda, respaldar las declaraciones de protesta y el desagrado que expresaron las autoridades ante la medida de Washington: el presidente Vicente Fox, en Bruselas, y la Secretaría de Economía, en la capital mexicana, se manifestaron en ese sentido. Pero, ante el desequilibrio que plantean los nuevos subsidios agrícolas estadunidenses --el país vecino destinará más de 19 mil millones de dólares anuales para impulsar la producción agraria, mientras que el nuestro invertirá en ese rubro, en el mejor de los casos, menos de 3 mil 500 millones-- no basta con protestar ni con tramitar controversias en el marco del TLC: el campo mexicano requiere de una defensa decidida y enérgica que llegue, si es necesario, a cerrar los mercados a los productos que signifiquen una competencia desleal.

Están en juego y en cuestión la dignidad y el sentido de nación del actual gobierno, la supervivencia de nuestros campesinos, la estabilidad política y la gobernabilidad.