Falta verse la convicción del gobierno federal de darles el lugar correspondiente

Urgen al Ejecutivo a dar rango constitucional a leyes de ciencia y tecnología y del Conacyt

Inviable, que ambas disciplinas sigan atadas a la educación pública, opina matemático

JOSE GALAN

Aunque las reformas a las leyes de Ciencia y Tecnología y Orgánica del Conacyt son plausibles, para la fracción del PRD y científicos mexicanos se debe hacer realidad ya el compromiso presidencial y otorgarles rango constitucional.

Consideraron que falta verse la convicción del gobierno federal de dar a la ciencia y la tecnología el lugar que les corresponde, es decir, una prioridad nacional, una razón de Estado.

Francisco Patiño Cardona, diputado federal perredista y secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología, acusó a PRI y PAN de bloquear en las negociaciones legislativas la propuesta de que las nuevas leyes alcanzaran el rango constitucional "que deben tener, por lo que trabajaremos en los próximos meses y, en el siguiente periodo de sesiones, se presentará una reforma constitucional al artículo tercero, fracción quinta".

Sostuvo que aún permanece la burocracia en las decisiones sobre ciencia y tecnología, ya que 70 por ciento de los integrantes del Conacyt "son parte de la burocracia mexicana", mientras que el otro 30 por ciento está integrado por científicos y empresarios. Indicó que las leyes, tal como fueron aprobadas, son transitorias, por lo que se comprometió a impulsar mecanismos para que finalmente se destine 1.5 por ciento del PIB.

Consideró que es necesario que el Conacyt se convierta en un órgano similar al Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con estructura y recursos completamente autónomos, "y así México pueda convertirse en los próximos 15 años en una potencia media en esos rubros".

José Antonio de la Peña, matemático y presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, sostuvo que a pesar del avance que significa el impulso de dichas leyes, "no es buena idea que la ciencia y la tecnología permanezcan vinculadas a la educación pública", y sostuvo que el gobierno debe multiplicar por dos y media veces el gasto destinado a ciencia y tecnología.

"Estos rubros deben elevarse a rango constitucional, y el 1 por ciento del PIB prometido como gasto debe ser un hecho reflejado en la ley."

"Falta verse la convicción del gobierno federal por dar a la ciencia y la tecnología el lugar que les falta", dijo. "La Academia Mexicana de Ciencias, por lo pronto, propone que la Cámara de Diputados tenga la obligación de consultar a la comunidad científica todos los aspectos de cualquier ley al respecto."

Jaime Noriega, presidente de la Sociedad Química de México, sostuvo que si bien el país finalmente se encamina a tener políticas científicas y tecnológicas, y que los académicos "ya no tenemos que andar de cuasiguerrilleros para proponer las cosas", existen serias reservas sobre la operatividad y funcionamiento de dichas leyes, porque -explicó- "podrán surgir conflictos de intereses cuando hay instancias que son juez y parte"; mientras que Luis Humberto Fabila Castillo, coordinador de posgrado e investigación del IPN, expresó dudas sobre el funcionamiento de dicha legislación, además de la incertidumbre que rodea al presupuesto para ciencia y tecnología. "Veo una 'c' muy grande de ciencia y una 't' muy pequeña de tecnología, que se ha desatendido, sobre todo porque México no produce patentes."

Rafael Loyola Díaz, presidente del consejo consultivo del sistema de centros SEP-Conacyt y director del Ciesas, afirmó que entre los retos que plantean las nuevas leyes se encuentra el buen funcionamiento de sus cuerpos de gobierno, "sobre lo que hay muchas dudas"; la necesidad de mecanismos para que la participación de investigadores sea del mejor nivel, "y ver si estas reformas significarán un aumento en los presupuestos para ciencia y tecnología".