Inaugurado con poco tino el pasado 6 de marzo "en el marco de la presentación del Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-2006", el proyecto contradice la supuesta política energética del gobierno, y algunos convenios internacionales a los que México se ha adherido, "en específico el programa de electrificación rural con energías renovables que promueve la Secretaría de Energía. La obra afectará zonas prioritarias para la conservación de la biodiversidad en México (Conabio: Regiones Terrestres Prioritarias núms 59 y 60, Región Hidrológica Prioritaria núm 22, AICA núm 46), así como sitios arqueológicos y sitios sagrados indígenas".

No se trata de un proyecto fortuito: viene firmado por la Oficina de Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Presidencia de la República, la Sedesol, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los gobiernos de Nayarit y Jalisco, el municipio de Mezquitic en Jalisco y otros municipios de Nayarit. En el papel suena muy bien pero, como dijera con triple sentido uno de los viejos de Bajíos del Tule, en una zona de 7 mil hectáreas recientemente recuperada, "estos gobiernos piensan que nos vienen a traer la luz, pero ¿a poco nos preguntaron?"

La falla es ese consentimiento inicial que ni recabaron ni les importó recabar, y no tanto la luz en sí misma, aunque también haya quienes cuestionan "los efectos que pueda acarrear a las comunidades", como señalaron algunos intelectuales y artistas mexicanos, y varios arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia que laboran en la región.

Hay varios inconvenientes. Como lo señala CHAC, el costo de la electricidad así planteada es de 60 470 000 pesos, monto por el cual recibirían el servicio 4 comunidades coras y huicholas, y 2 localidades mestizas, unas 200 familias, entre 5 mil y 7 mil habitantes. Pero en la región habitan 43 459 coras y huicholes. La propia chac sometió un proyecto alternativo con celdas solares que brindaría el servicio a todas las familias de la región con 20 millones menos. CHAC está dispuesta a someter cualquier proyecto alternativo al Estudio de Impacto Ambiental que marca la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (Legeepa), con la condición de contar con la aprobación de todas las comunidades afectadas.

Como el proyecto gubernamental está acotado a unas cuantas localidades, para que el pleno de las dispersas rancherías y comunidades enclavadas monte adentro se "beneficie" tendría que reagruparse a lo largo de la carretera, lo que en los hechos significa una nueva reducción. Saben que cuando la carretera los alcance, serán mano de obra indefensa para las maquilas y en un descuido pueden perder su ser agricultor, cazador, recolector. Es gente que vive del bosque, mas no de la explotación de la madera.

Además perderían 200 kilómetros lineales de camino más los 25 metros reglamentarios de zona federal a ambos lados, bosque muy bien conservado. Por más beneficios que les pueda traer, los huicholes temen que la electricidad entrañe peligros que sopesan cuidadosamente.

A partir de 1990, las comunidades wixaritari, organizadas en la Unión de Comunidades Indígenas Huicholas, defienden detalladamente su territorio y sus formas tradicionales de gobierno, organización social, religiosidad, salud, trabajo y saberes agrícolas y de cuidado de sus recursos.

El núcleo es una tenaz estrategia de defensoría agraria que, en un momento de expropiaciones y privatización de la tierra, los sitúa como uno de los pocos conglomerados campesinos que han recuperado miles de hectáreas en épocas recientes. Todas ellas, precediendo por la vía legal.

Desde que en 1994 la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán apostó a la resolución de su conflicto agrario con invasores del poblado de Puente de Camotlán interponiendo la acción de restitución de tierras invadidas ante el Tribunal Unitario Agrario competente, San Andrés Cohamiata, Santa Catarina Cuexcomatitlán y San Sebastián Teponahuaxtlán defienden su territorio mediante el estudio del derecho nacional e internacional, participan en diversos foros donde exponen su problemática agraria y su cosmovisión, efectúan las gestiones necesarias ante diversas instancias de gobierno y dan a conocer sus argumentos historicos y jurídicos para su lucha agraria.

Los logros de esta organización, participación y defensa de su identidad y territorio se reflejan en las resoluciones de los tribunales agrarios que, a partir del 24 de enero del año 2000, comenzaron a ejecutar diversas sentencias que ordenaban la restitución de las tierras invadidas a las comunidades huicholas. La siguiente cronología ilustra el punto:

24 de enero, 2000: San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños recuperan 203 hectáreas invadidas en Las Tinajas; el 10 febrero de 2000, 7 500 hectáreas en Barranca del Tule. Ahí se construye ahora un centro cultural de encuentro con otros pueblos indígenas y la sociedad civil interesada; 14 y 15 de mayo de 2000, 9 hectáreas en Los Amoles y 1965 hectáreas más en La Laguna.

7 de septiembre de 2000: Santa Catarina recupera 3 mil hectáreas en manos de la familia Núñez.

1 marzo de 2000: San Sebastián y Tuxpan de Bolaños recuperan 730 hectáreas de La Campana, y el 26 de mayo, 217 hectáreas en El Saucillo y Santa Clara.

Son 13 624 hectáreas recuperadas tan sólo de 2000 a la fecha.

Teniendo en contra los intereses politicos del gobierno de Nayarit y los caciques, sin el reconocimiento de sus derechos colectivos ante la Constitución mexicana, desde lo más profundo de su ser los wiraritari han sostenido su trabajo por años.

En 1999 el pueblo wixárika logró que la oit recomendara al gobierno mexicano que, considerando el capitulo de tierras y territorios del Convenio 169, trabajara en la restitución del territorio del pueblo huichol, en particular las tierras de Bancos de Calitique, Tierra Blanca y Saucito segregadas en 1964 de la comunidad de San Andrés Cohamiata. Es la primera recomendación a nivel mundial de la oit sobre tierras y territorio de los pueblos indígenas.

Reforzar la orilla de su territorio con proyectos sustentables y autogestionarios, mantener en calma la posesión de las tierras recuperadas, emprender una reflexión y un análisis constantes en las asambleas comunales, resistir en paz las amenazas de muerte que han recibido algunas autoridades comunales por parte de los invasores y seguir ganando juicios a pesar de las tretas leguleyas, los golpes y la destrucción de sus bienes, ha provocado animadversiones pero también admiración mundial.

Desde 1998 las autoridades comunales comenzaron un proceso de diagnóstico comunitario en la zona limítrofe de las comunidades para proteger territorial y ambientalmente su territorio. Se caracterizó a cada agencia municipal desde una perspectiva territorial: se definió la historia de cada localidad como ellos la reconocen, sus recursos forestales, agropecuarios, agua, suelos, arribando a un sueño por localidad y a un sueño colectivo.

Es una estrategia amplia de reflexión del territorio y su defensa en todos los frentes y con cinco miras principales: el costumbre huichol, el cuidado de todo, la ayuda mutua, la reflexión para el trabajo, y tener logros: juicios, almacenes comunitarios, reflexión sobre el mejoramiento de suelos, los sistemas de agua, la produción de hortalizas, hongos comestibles, el cuidado de las semillas originarias, los intercambios regionales y nacionales, la participación en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

Lo principal es que quieren seguir siendo ellos.
 
 

Soyaltepec, Tlaxcala