El pasado 10 de mayo, en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, fue robado un camión que transportaba 96 recipientes de cianuro de 100 kilos cada uno. Posteriormente el vehículo fue encontrado, abandonado, con sólo 20 de dichos contenedores, en una localidad poblana.

El faltante de 7 mil 600 kilos de la sustancia tóxica ha generado un ambiente de zozobra en las autoridades federales, en los gobiernos de varias entidades --Querétaro, Hidalgo, Puebla, estado de México, Veracruz y Distrito Federal-- y entre la población. No es para menos, si se considera que esta sustancia es veneno letal y de efectos fulminantes, y que el mal manejo accidental o intencional del producto podría causar una tragedia de enormes proporciones.

Sin afán de minimizar el peligro que representa la pérdida de semejante cantidad de cianuro, ha de señalarse que el episodio adquiere niveles de alarma nacional, e incluso internacional, debido al delirio gubernamental que impera en Estados Unidos debido a la "guerra contra el terrorismo" y a causa de la inopinada alineación del gobierno foxista con Washington en la fantasmagórica y demagógica lucha planetaria contra el "eje del mal", enemigo incierto y difuso que podría estar y operar casi en cualquier parte del mundo.

En ese contexto, lo que difícilmente habría pasado de ser un episodio policial preocupante, se convierte en una posible amenaza contra la seguridad nacional y un hervidero de hipótesis conspiratorias sobre el supuesto accionar de hipotéticos terroristas internacionales en nuestro territorio.

Por desgracia, los escenarios de la paranoia cuentan con el asidero real del errático uncimiento nacional a la gran cruzada de George W. Bush contra todos aquellos países que disienten de Estados Unidos. De esa forma, las actuales autoridades mexicanas colocan a nuestro país en la mira de los enemigos reales o supuestos de Washington.

Una vez aceptado este nuevo alineamiento, con toda la carga de histeria que conlleva, podrían parecer hasta razonables las propuestas para que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) estadunidense investigue en territorio nacional la desaparición de la sustancia tóxica, como se le ocurrió ayer al diputado panista Alfredo Botello Montes, quien al parecer desconoce las disposiciones constitucionales que prohíben el funcionamiento de corporaciones policiales o militares extranjeras en México.

Lo pertinente, y lo correcto, de acuerdo con las leyes del país y con el sentido común, es exigir a los organismos de seguridad nacionales --federales y estatales-- que cumplan sus funciones de manera satisfactoria, coordinen esfuerzos, localicen los recipientes de cianuro y pongan a disposición de la justicia a los responsables del robo.