El primer tribunal colegiado de Chilpancingo, Guerrero, revocó ayer las condenas impuestas a Ericka Zamora y Efrén Cortés, ambos estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, capturados por el Ejército Mexicano en El Charco el 7 de junio de 1988, torturados y acusados de incitar a la rebelión y de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, e injustamente sentenciados a penas de ocho y siete años de cárcel.

El tribunal mencionado otorgó el amparo interpuesto por ambos y ordenó su inmediata excarcelación. Al momento de abandonar la cárcel, Ericka había cumplido 20 días en huelga de hambre.

Cabe recordar que la acusación y el juicio contra Zamora Pardo y su compañero tuvieron como principal eje declaraciones autoinculpatorias arrancadas bajo tortura por los captores militares de ambos jóvenes, en el contexto de la guerra sucia emprendida por el gobierno de Ernesto Zedillo contra los zapatistas de Chiapas y las organizaciones insurgentes que operan en Guerrero, Oaxaca y otras entidades.

La estrategia contrainsurgente del zedillismo alcanzó sus momentos más oscuros y criminales con las matanzas de Aguas Blancas (1995), Acteal (1997) y El Charco (1998), donde tuvo lugar la captura de Zamora y Cortés, y donde los efectivos militares asesinaron a 11 personas.

La absolución de ambos jóvenes es un acto de elemental justicia y representa asimismo la reparación de una aberración jurídico-policial sin nombre. La sentencia del tribunal de Chilpancingo obliga a concluir que Ericka y Efrén permanecieron cuatro años en prisión de manera injusta.

Es cierto que ambos prisioneros fueron la herencia que dejó el zedillismo, pero la tercera parte del castigo --18 meses-- transcurrió durante el gobierno "del cambio" de Vicente Fox Quesada.

La liberación de Zamora y Cortés fue precedida por una intensa movilización nacional e internacional, por una amplia cobertura del caso en los medios de comunicación, por dos huelgas de hambre de la joven reclusa y, de manera más inmediata, por la divulgación de un informe de Amnistía Internacional (AI) en que el organismo hace referencia al incumplimiento de las promesas de campaña del presidente Fox en materia de derechos humanos, y denuncia la persistencia de maltratos, abusos y violaciones a las garantías individuales en los diversos ámbitos del Estado mexicano.

Ese documento causó tal incomodidad en el equipo de gobierno, que las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores se tomaron la molestia de impugnarlo en una carta enviada a AI.

Sería aventurado concluir que los hechos referidos pesaron en el ánimo de los magistrados que absolvieron a los estudiantes injustamente presos, pero es claro, en cambio, que las atrocidades cometidas contra Ericka y Efrén son sólo un botón de muestra de los enormes huecos de nuestro estado de derecho, y que una parte considerable de los sentenciados en territorio nacional están presos por confesiones obtenidas mediante apremios físicos y sicológicos ilegales.

Si pudiera hablarse de una mínima congruencia institucional, la sentencia exculpatoria de Ericka Zamora y Efrén Cortés debiera obligar a la Procuraduría General de la República a investigar y llevar a los tribunales a los responsables de las injusticias sufridas por ambos jóvenes, y a los culpables de los asesinatos perpetrados en El Charco por efectivos del Ejército.