Emilio Pradilla Cobos

Plebiscito para el segundo piso

La decisión de reducir la etapa 2002 del proyecto de segundo piso en Viaducto y Periférico a la construcción de un "distribuidor" de 3.5 kilómetros, y someter a plebiscito el resto de la obra, tomada por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, tiene diversas aristas que hay que analizar con miras a la consulta pública.

El jefe de Gobierno reconoció la oposición ciudadana a la megaobra expresada por partidos políticos, organizaciones sociales, vecinales y no gubernamentales, asociaciones profesionales, académicos y políticos, de diversas posiciones ideológicas, incluyendo la izquierda y el mismo PRD.

En la decisión estuvo presente también la insuficiencia del presupuesto asignado para cubrir el costo estimado por las constructoras. En particular aceptó que la convocatoria al plebiscito era inminente debido al avance de la campaña de firmas para demandar esta consulta, de acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana. Sin entrar en el falso debate sobre quién ganó o perdió, hay que reconocer el gesto democrático; con él gana toda la ciudad, pues coloca la decisión en manos de la ciudadanía.

El otro aspecto central es que el jefe de Gobierno no ha abandonado la política de atender prioritariamente los problemas de tránsito de los automovilistas, ni la decisión de construir los segundos pisos. Lo primero lo prueba que las dos grandes obras públicas para este año son el distribuidor de San Antonio, al que dedica casi la mitad del presupuesto asignado originalmente al proyecto global del cual es parte, y el de Zaragoza-Francisco del Paso, de 7 kilómetros de longitud, y entre los proyectos alternativos a los que dedica el resto del presupuesto no se incluye ninguna obra significativa y de largo plazo para ampliación del Metro, trenes ligeros o suburbanos, o restructuración del transporte de superficie (sistema de rutas en vías confinadas).

La misma convocatoria al plebiscito, con todo su costo económico y político, en lugar de cancelar el proyecto, indica que sigue creyendo en él. Usará, por tanto, todos los recursos de propaganda del gobierno local, incluida su popularidad entre sectores sociales poco conocedores de la temática, para tratar de ganar el plebiscito y amarrar así, hipotéticamente, la autorización presupuestal de la Asamblea Legislativa para toda la obra.

Los opositores a la megaobra sexenal no deben bajar la guardia pensando que se ganó la batalla. Hay que pedir que se haga pública y se difunda ampliamente toda la información sobre la obra: el proyecto completo de todas sus etapas, los estudios globales de impacto urbano y ambiental, el programa sexenal de transporte y vialidad, y la relación con el proyecto urbano; y que haya equidad en la difusión masiva de opiniones, entre el gobierno y los opositores al proyecto, dando a los segundos el acceso a los medios de comunicación para hacerlo, pues el gobierno local lo tiene de sobra.

En este proceso nuestra posición seguirá siendo de oposición al megaproyecto, porque consideramos que las grandes obras de vialidad no resuelven los problemas de tránsito, pues no se puede ganar la carrera contra el automóvil cuyo uso promueven; porque en la gran metrópoli la prioridad absoluta debe ser asignada al mejoramiento y desarrollo acelerado de los medios de transporte colectivo menos contaminantes que sirven a 80 por ciento de los habitantes metropolitanos, y porque creemos que es necesario reconstruir la planeación urbana con un sentido democrático, integrador, estratégico de largo plazo, y no como sumatoria de ideas aisladas, por buenas que parezcan. Este sería un componente central de un proyecto urbano de la izquierda para toda la sociedad.

Los opositores al megaproyecto -que no hay que confundir con opositores al gobierno, como lo hacen unos y otros- deberían desde ahora constituir un frente común por el transporte público colectivo poco contaminante para la mayoría de la población, por desestimular el uso del automóvil privado, y contra los grandes proyectos viales que incentivan al automovilista.

Debemos pedir al gobierno local y a la Asamblea Legislativa, como ciudadanos y contribuyentes con derechos, que se dé prioridad real a la ampliación, mantenimiento y modernización de los diversos sistemas públicos de transporte colectivo.

El plebiscito no puede reducirse a un sí o un no a una obra; debe aprovecharse este proceso, que tendrá un costo monetario para los contribuyentes si se hace apegado a la ley, para lograr una definición ciudadana clara de política de mediano plazo para la ciudad. Por ello, la formulación de la (o las) pregunta(s) es fundamental.

El esfuerzo del plebiscito no puede convertirse en un acto político partidista, contaminado totalmente por el juego prelectoral de 2003, que nada tiene que ver con este tema ni interesa demasiado por ahora; es de lamentar que el gobierno local y los partidos de oposición insistan en partidizar el tema.