Alejandro Brito

Una de las maneras de saber la importancia que un gobierno o nación le confiere a un problema de salud de la magnitud del sida es el medir la cantidad de recursos invertida en su atención. Es decir, conocer cuánto y en qué se gasta, quién paga y en qué proporción nos permite valorar la respuesta dada a ese problema por los diversos actores. En ese sentido, el estudio Flujos de financiamiento y gasto en VIH/Sida. México 1999-2000 (Fundación Mexicana para la Salud, 2002), proporciona información suficiente para conocer monto y destino de lo invertido, y si dicha inversión se corresponde con los desafíos impuestos por la epidemia.

De acuerdo con ese estudio, de 1997 a 2000, el gasto en VIH/sida se incrementó significativamente (100 por ciento), debido al enorme gasto que representa la compra de medicamentos antirretrovirales para tratar al famoso síndrome. Tan sólo en el año 2000 dicho gasto absorbió 40 por ciento de los 180 millones de dólares invertidos. En contraste, lo destinado a la prevención disminuyó en términos relativos al pasar de 38 por ciento del gasto total en 1997, a 24.4 por ciento en el 2000. Lo que significa que por cada tres dólares destinados a la atención y tratamiento del padecimiento, se gasta un dólar en prevención. En el 2000, los mexicanos gastamos 17 millones de dólares en condones, es decir, poco más de la tercera parte de los 44 millones de dólares invertidos en prevención en ese año. Pero lo curioso aquí es que el gasto de los hogares en condones (así como se oye), supera en dos dígitos al aportado por fuentes públicas. La razón de la diferencia es que las autoras del estudio incluyeron también los condones adquiridos para evitar embarazos.

Del total del gasto en sida, es desde luego el sector público el que aporta la gran mayoría de los recursos (alrededor de 90 por ciento), pero quien lleva la principal carga es el IMSS, que junto con las demás instituciones de seguridad social soporta alrededor de 85 por ciento del gasto total, lo que significó 1.4 por ciento de su presupuesto de 1999. Por su parte, los hogares cubren casi 11 por ciento de la cantidad total, es decir, alrededor de 16 millones de dólares.

Comparar los resultados de los estudios de cuentas nacionales con los indicadores nacionales nos da idea del impacto del gasto invertido en paliar el problema. De acuerdo con el estudio patrocinado por Funsalud, Sidalac, Onusida y la Secretaría de Salud, el gobierno invierte en sida sólo 1 por ciento de su presupuesto total en salud. ¿Es un porcentaje suficiente? ¿Se corresponde con la magnitud de la epidemia? Seguramente no. El mismo gasto en salud resulta insuficiente, lo ha reiterado mucho el propio secretario del ramo: representa sólo 5.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), porcentaje por debajo de la media latinoamericana. La pregunta más bien sería si esos recursos disponibles se están invirtiendo bien, es decir, si el gasto en sida se está dirigiendo ahí donde más se necesita y si se hace de manera planeada y eficaz.

Lo primero que destaca es que se invierte poco en prevención, y lo poco que se invierte no se dirige prioritariamente a evitar las infecciones ahí donde están ocurriendo. Destaca en particular lo poco que los gobiernos estatales aportan en este rubro, lo que resulta preocupante porque luego de la descentralización del sector la responsabilidad recae en esos gobiernos. Además, resulta incongruente que del total del gasto destinado a la prevención sólo 13 por ciento se dirija a las poblaciones donde se concentra la epidemia. Del total de casos registrados por transmisión sexual, por ejemplo, 62 por ciento corresponde a los hombres con prácticas homosexuales, en contraste, sólo 10 por ciento del gasto total en condones se destina a esa población, la más expuesta a la infección.

Es verdad que el gasto en VIH/sida se ha incrementando en los últimos años, lo que podría indicar avances en la respuesta gubernamental y social a la epidemia, pero lo que destaca en los resultados del estudio Flujos de financiamiento y gasto en VIH/Sida son las incongruencias y la falta de coordinación que han prevalecido en las políticas para hacerle frente. El gasto en VIH/sida ha obedecido sobre todo a la necesidad de responder a lo inmediato, a la presión de la demanda, y no a políticas coherentes resultado de la planeación estratégica. Es de esperarse que este estudio sirva como una herramienta útil, propósito declarado por las autoras, para "articular una respuesta nacional más efectiva ante la epidemia", como señala José Antonio Izazola, editor de la publicación, en la presentación del estudio.