En México, las sucesivas administraciones federales han declarado al sida como un problema de salud prioritario, sin embargo, esas declaraciones casi nunca se acompañaron de los recursos necesarios para hacerle frente. La falta de recursos siempre fue la respuesta de las autoridades a la demanda de mayores acciones. En una administración se dijo que no había dinero para medicamentos antirretrovirales; en otra, que no lo había para las campañas específicas. Pero la presión social ha terminado por obligar a las autoridades a invertir mayores recursos para atender las necesidades más apremiantes. Eso es lo que ha sucedido en torno a la demanda de medicamentos. Las autoridades han ido cediendo a las presiones y por ello el gasto en tratamientos es el que registra mayor incremento, de acuerdo con los resultados de los estudios de financiamiento y gasto en VIH/sida realizados por varias instituciones.

No ha sucedido lo mismo en el caso de la prevención, donde el peso lo han llevado las organizaciones civiles. Y la presión de los grupos gay, con mucho la población más afectada, apenas se ha dejado sentir. La inversión en prevención no ha ido al parejo del comportamiento de la epidemia. Eso lo hemos señalado muchas veces en este suplemento. Los resultados de los estudios de cuentas nacionales nos dan la razón. Y la situación no parece mejorarse porque con la descentralización del sector salud son ahora los gobiernos estatales los responsables de las políticas de prevención, pero son justamente ellos quienes menos invierten en prevención.

Sin duda, estudios sobre el gasto en VIH/sida como los elaborados por Sidalac y Funsalud resultan una herramienta muy útil en el diseño de las políticas públicas. Una herramienta que las organizaciones de la sociedad civil debieran apropiarse para demandar respuestas más eficaces a la epidemia por parte de los gobiernos estatales.