Civiles armados y soldados asesinaron a cuando menos 12 campesinos tzeltales

Impunidad, a 22 años de la matanza en Golonchán

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

Municipio de Sitala, Chis., 7 de junio. En pocos días se cumplirán 22 años de uno de los actos criminales más graves, célebres e impunes de la historia contemporánea chiapaneca: la matanza de campesinos tzeltales en Wololchán (castellanizado como Bololchán o Golonchán), perpetrada por civiles armados al servicio del propietario del rancho Golonchán y por un destacamento de soldados federales.

El domingo 15 de junio de 1980 se presentó en dicha comunidad, del municipio de Sitalá, un fuerte contingente de soldados, quienes primero con bombas lacrimógenas y después con una nutrida balacera, que provocó cuando menos 12 muertos e innumerables heridos, expulsaron a las 120 familias que habitaban el poblado. Días atrás, en Yajalón, la policía había atacado a un grupo de familias de Golonchán, dejando varios lesionados y un muerto. Como suele ocurrir, aquella fue una tragedia anunciada.

Sebastián López Mendoza, padre de seis niños y sobreviviente, junto con ellos, de la matanza, dijo en junio de 1981 al reportero Juan Balboa: "Vivíamos como 500, pero ahora Golonchán ya no existe. El pueblo desapareció. Todos estamos dispersos en otras comunidades. Allí sólo hay un grupo de la CNC. Ninguno de los de hace un año". Agregó: "Lo que pasó fue bueno, porque es la lucha, pero lo malo es que el gobernador mandó matar a la gente".

La masacre y las condiciones que la hicieron posible han sido recordadas por diversos historiadores e investigadores, como antecedente del levantamiento indígena de 1994. Hubo oportunismo de los partidos políticos (PRI y el extinto PST), indiferencia de las autoridades agrarias, intolerancia y represión del gobierno. En un testimonio enviado al presidente José López Portillo, refería la madre de una víctima: "A las cinco de la tarde los finqueros se pusieron los uniformes de los policías del estado. El tiroteo duró tres horas, sin interrupción. Entonces toda la gente huyó despavorida al monte". (Reproducido en Caminante, órgano oficial de los agentes de pastoral de la diócesis de San Cristóbal, número 26, 1981).

La anónima mujer expresaba: "Esta desgracia nos fue proporcionada por los ricos. Ya no volveré a ver a mi hijo, ya que desapareció de mi vista. Fueron enormes nuestros problemas y dificultades, puesto que nos acompañaban los pequeños al ir huyendo, arrastrándolos por el lodo, entre piedras y zarzas, y llevar colgados a los niños de pecho".

La tragedia y sus ecos no han perdido vigencia. Aquella no sería la última ocasión que los indígenas de Chiapas hablaban en tales términos: "Parecíamos animales en la huida. Salimos con los pequeños y se nos pusieron azules por el frío de los lodazales; no sabemos cómo no los perdimos en los barrancos. El sufrimiento de los niños era enorme, al quedar suspendidos de los árboles, entre espinos, a medianoche, sin tener hachones de ocote para guiarnos.

"Los finqueros son, por naturaleza, asesinos. No quieren entrar en diálogo derecho", decían los indígenas de Golonchán. "Nuestros corazones han perdido toda la confianza en el gobernador (Juan Sabines Gutiérrez), ya que cuando fue a visitarnos llenó nuestros corazones de esperanza con las promesas que nos hizo: que no iba a permitir que entrara el exterminador en nuestras casas. Ahora no imaginamos por qué actuó así, tan perramente, porque necesariamente él tuvo que dar el permiso. Es mucha nuestra tragedia y fueron muchos los que murieron", escribían al presidente López Portillo los sobrevivientes de la masacre.

Otra publicación de la época, la revista Punto Crítico, consignó que durante el ataque las viviendas de los indígenas fueron quemadas: "Una mujer y su hijo recién nacido murieron incinerados dentro de su casa". Los ataques contra los indígenas fueron, "en unos casos, para despojarlos de sus tierras comunales, y en otros para retener las grandes fincas que se extienden a costa de las comunidades" (Punto Crítico, número 9, julio de 1980).

Un año después de la tragedia, Sebastián López Mendoza declaraba a Juan Balboa, entonces reportero de Proceso: "Estamos dispuestos a luchar por la organización, a buscar la tierra, porque no tenemos nada". Y advertía el indígena: "Si hay asamblea que decida nuevamente que se han agotado los recursos legales y que hay que invadir, lo haremos".

Dos décadas han pasado. Numerosos asesinatos y expulsiones de indígenas en los territorios que habitan tzeltales, tzotziles, choles y tojolabales. Muchas luchas campesinas, antes y después del levantamiento zapatista del primero de enero de 1994. Otras masacres no resueltas, como la del 22 de diciembre de 1997 en Acteal, y las del 10 de junio de 1998 en Unión Progreso y Chevajebal (que, hablando de aniversarios terribles, el próximo lunes cumplirán cuatro años de ocurridas). Y la gente de Sitalá no olvida lo que pasó en Golonchán.