lunes 10 de junio de 2002
La Jornada de Oriente publicación para Puebla y Tlaxcala México

  
Maestros

Intimidación por software

n Gustavo Santin Nieto
La campaña intimidatoria desarrollada por ¿una comisión? en contra de cualquier tipo de negocios que utilicen programas de computo piratas, al amparo de la ley que protege la propiedad intelectual y en cláusulas del Tratado de Libre Comercio en la materia, ha despertado la indignación, por la violencia utilizada, de múltiples actores usuarios de la tecnología de marras, entre ellos algunos relacionados con instituciones de educación pública y privada, desarrolladores y comercializadores de la industria de la computación y la electrónica y demás público interesado en la defensa de las garantías individuales. La campaña en cuestión difundida por canales de la televisión privada con cobertura nacional muestra a tres individuos arribando a un centro de computo cualquiera en el que detienen con lujo de violencia al empleado responsable, y mientras lo esposan amenazan verbalmente con castigar con cárcel inconmutable a los posibles infractores por ¿robar? al hombre más rico y con esto más miserable de la tierra (Bill Gates), mientras el gobierno empresarial de la República se solaza en un acuerdo en el que actúa como un empleado que recibe migajas a cambio de sus servicios policiales.
Si la intimidación fuera el objetivo, las voces de alerta versarían sólo sobre el infame contenido de la campaña difundida al público en general en el transcurso del mes de mayo, mes en el que una institución de educación superior de la ciudad de Puebla recibió la visita de los comisionados, pero que permite constatar que a la amenaza en contra de la piratería se suma al hecho persecutorio, asuntos que motivan la reflexión sobre los mismos y que por desarrollarse en el ámbito educativo se constituyen en hechos que frenan el desarrollo del país. Pero si lo abordado no constituyera ya de por sí una afrenta, las acciones se agravan por el engaño cometido por Microsoft y su comercializadora (Spersa) en la ciudad de Puebla en contra de la institución educativa, a quien en unión de otras instituciones de la misma naturaleza le arrendaron, mediante la suma de 65 mil pesos anuales por cada 100 computadoras, un ¿apoyo? denominado Campus Agreement, que, en voz de los comisionados, no incluía las licencias originales del sistema operativo.
Pero entonces la pregunta que salta a la vista es la de ¿que deben hacer las instituciones educativas ante una situación como la descrita en la que los diferentes niveles de gobierno, incluido el sector educativo, se comportan por los costos como los más grandes piratas en el uso de un bien propiedad de la humanidad por los conocimientos acumulados requeridos para su fabricación, y que no puede ser catalogada como propiedad privada de una transnacional del conocimiento? Las respuestas abarcarían diferentes alternativas, y algunas de ellas requerirían de la sensibilidad política de políticos nacionalistas y sus partidos políticos -como Cárdenas y el PRD o Bartlett y el PRI. Podrían abarcar desde el decreto, por parte de los directivos de escuelas públicas y privadas, de un boicot en contra de la compra y uso de computadoras y su paquetería en las escuelas, hasta la adopción de una política gubernamental de apoyo a la educación por parte del gobierno federal, lo que se antoja imposible por el tipo de administración que tenemos o la formulación de una iniciativa de ley basada en el interés público, que modificara el Tratado de Libre Comercio y permitiera que la copia de programas de cómputo, lo mismo que sucede actualmente con los libros, no constituya una violación a la Ley de Derechos de Autor cuando su reproducción tenga fines educativos.