Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Martes 11 de junio de 2002
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Política
José Blanco

Las parálisis educativas

¡nsistamos: el futuro del mundo será uno de mayores polarizaciones sociales determinadas por el grado de educación de las diversas sociedades. Ciencia, tecnología y alta cultura determinarán como nunca el lugar de cada uno en el planeta. El sistema de la economía-mundo requiere cambios profundos para revertir esas tendencias e inyectarle dosis crecientes de democracia, pero el primer requisito, y el más importante, es el crecimiento educativo de todos en las sociedades subdesarrolladas.

Ya se sabe: es preciso reformar el conjunto de las instituciones educativas del país de los tres niveles. No podemos hablar de una reforma del sistema educativo, porque este sistema no existe; existe apenas una aglomeración de instituciones educativas sin concierto alguno. No es difícil que las descentralizaciones que han tenido lugar en los niveles elementales -que podrían acarrear múltiples ventajas organizativas y de eficiencia- hayan incorporado, en cambio, mayores dosis de descoordinación y desconcierto al conjunto.

En el nivel primario es indispensable avanzar seriamente, alcanzando una cobertura de 100 por ciento con un mínimo de calidad efectiva en el conjunto. El referente para ese mínimo no pueden ser sino los estándares internacionales. Para eso es indispensable el Instituto de Evaluación Educativa, que continúa en el cajón de los pendientes, probablemente todavía no olvidados. Pero existe una inmensa falla de origen: la contraparte principal de la SEP en el acuerdo para la creación del instituto es el SNTE. Polvos, grandes cantidades de polvo de aquellos lodos corporativos. Este inefable sindicato representa -o debería representar- el interés contractual laboral de los profesores -salarios y condiciones de trabajo- y punto final. El SNTE nada, absolutamente ni media palabra, tendría que decir sobre los aspectos sustantivos -académicos, pedagógicos, de análisis, evaluación y planeación- de la organización de la enseñanza de los niños. Quede claro: los profesores, en su calidad de tales, tienen, por supuesto, el derecho de intervenir con sus saberes en el trabajo sustantivo que debe realizar el instituto de evaluación, pero ello debe ocurrir en el espacio educativo propiamente dicho, no en el de las relaciones laborales. Los profesores tendrían que organizarse para participar en la creación del instituto, y hacer a un lado a la maestra y sus huestes. Ocurre, sin embargo, que la maestra es la secretaria del PRI y la dueña del SNTE y, según algunas voces analíticas, potencial principal poder dentro de ese partido. De modo que todo parece indicar que la señora es políticamente imprescindible. O lo que es lo mismo: la creación del Instituto de Evaluación y la suerte futura de la enseñanza elemental están supeditadas a intereses políticos ajenos al propósito de la sustancia de la reforma educativa y del derecho de los niños a ser verdaderamente instruidos. Así, lo sustantivo, queda paralizado.

El bachillerato es un perfecto desorden. Existen más de 300 programas de este nivel, lo que a todas luces indica que no sabemos, como país, para qué sirve este nivel educativo. Además, hoy sin razón ninguna, algunas escuelas de este nivel son manejadas por universidades y muchas otras no. Como en cualquier otro país civilizado, el bachillerato debe formar parte del tramo del nivel secundario y ser reorganizado junto con lo que hoy llamamos escuela secundaria. La ley tendría que establecer que la escuela obligatoria consta del nivel primario y secundario, es decir, 12 años de educación mínima para todos y con la calidad que debe esperarse en cualquier parte del mundo donde la educación se toma en serio. ¿Quién se atreve a reformar el bachillerato y el nivel secundario en conjunto? ¿Los partidos políticos actuales? Una reforma de este nivel está paralizada.

Finalmente está el nivel terciario. Se halla, como el resto, en gran desorden. La ANUIES, principal organismo de representación de este nivel, tiene sólo 134 instituciones altamente heterogéneas en su seno, aunque las mismas abarcan entre 70 y 80 por ciento de la población escolar del país. Podría ser un espacio para el procesamiento de la reforma del conjunto del nivel terciario, pero ello no ocurrirá sin el concurso de los poderes del Estado y de los partidos políticos conforme a un plan elaborado por quienes saben. Anotemos que, fuera de la ANUIES, existen más de mil 300 instituciones -muchas de las cuales se llaman a sí mismas "universidades"- que operan sin ton ni son. Muchos de estos negocios son fraudes educativos para los jóvenes que "forman". Tenemos, además, la inmensa cantidad y variedad de las escuelas "técnicas" sin un régimen coordinado con los niveles secundario y terciario, que jurídicamente la ordene y organice. La reforma legal de este nivel está paralizada. El "problemita" de la reforma de la UNAM es un punto de esta extensa agenda de la reforma educativa.

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