Aznar advierte que se expulsará a quien no tenga en regla sus documentos

Condena la universidad de Sevilla las detenciones de inmigrantes en su campus

Habrá desalojo sólo si la autoridad universitaria lo pide, dice el Ministerio del Interior

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 13 de junio. El máximo órgano de gobierno de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla condenó las detenciones que llevó a cabo ayer la policía en el campus donde unos 550 migrantes realizan desde el lunes pasado un encierro de protesta a la política migratoria del gobierno español. Las autoridades universitarias afirmaron que la acción policial violó el principio de "autonomía" del recinto educativo.

El presidente del gobierno español, el conservador José María Aznar, se comprometió a no actuar contra los inmigrantes si no hay una petición expresa de la rectoría, pero se aplicará la Ley de Extranjería y se expulsará a todos los que no tengan sus papeles en regla, afirmó.

A pesar de que la rectora de la UPO, Rosario Valpuesta, dijo desde el comienzo del encierro que no autorizaría ninguna actuación policial contra los inmigrantes, la mayoría de ellos procedentes del Magreb y Africa subsahariana, la Policía Nacional realizó ayer detenciones en un campus que mantiene cercado por más de 200 agentes antidisturbios que vigilan entrada y salida de vehículos para evitar que otros trabajadores extranjeros se sumen a la protesta.

Ante lo que consideran un "desconocimiento" por parte de las autoridades de la "inviolabilidad del recinto universitario", la Comisión Gestora de la UPO realizó hoy una sesión extraordinaria en la que se manifestó un "rechazo total a la intervención policial" y se reafirmó la negativa a cualquier intento de desalojo de los trabajadores extranjeros por la vía policial. La dirección de la UPO explicó que la protesta se desarrolla en "un clima de total tranquilidad y completa normalidad".

La protesta de los migrantes ha recibido el apoyo de numerosas organizaciones de defensa de los derechos humanos y de partidos políticos de la oposición, sobre todo ante las inminentes reformas que adoptará la Unión Europea en la cumbre de jefes de Estado y de gobierno del 21 y 22 de junio en Sevilla, que tendrá como tema central la inmigración.

El ministro del Interior español, Mariano Rajoy, no explicó el porqué de la acción policial de ayer, y se comprometió a no desalojar a los migrantes si no había petición expresa de la UPO. "Cuando la rectora de la universidad nos pida proceder a su desalojo, lo haremos, de lo contrario, no actuaremos, ya que este es el criterio que utilizamos siempre que alguien entra en algún lugar que no es la vía pública. Nosotros no podemos consentir que se invada la vía pública, por ejemplo, una estación del metro, pero cuando alguien entra en una iglesia o una universidad, no actuamos si no nos lo piden" explicó.

Rajoy agregó que es "una pena que antes de una cumbre tan importante como la de Sevilla se convoque una huelga general y se invite a grupos de inmigrantes a que hagan un encierro".

Más duro con la protesta fue el delegado de Interior en Andalucía, José Torres Hurtado, quien incluso comparó a las organizaciones que apoyan el encierro -ONG, partidos políticos y profesores de la propia universidad- con "las mafias que hacen el tráfico de inmigrantes", al tiempo que manifestó que el acto reivindicativo fue "inducido por organizaciones que quieren obtener publicidad y por eso no digo sus nombres", si bien sugirió que entre los supuestos inductores habría trabajadores de la propia universidad.

Torres Hurtado, quien evitó hacer declaraciones sobre las detenciones del miércoles, consideró que el encierro tiene como única finalidad "crear un conflicto más" ante la Cumbre de Sevilla, pero "el gobierno no va a ceder a presiones de encierro y nos limitaremos a aplicar la Ley de Extranjería, que es lo que nos piden todos y que significa que los inmigrantes con documentación en regla se quedarán en España y a los que no la tengan enfrentarán un proceso de expulsión". Cabe destacar que los inmigrantes decidieron encerrarse precisamente para pedir la regularización de sus papeles con base en "razones humanitarias". El funcionario español informó que hasta ahora han sido detenidos en distintos puntos de Sevilla a 41 migrantes, y advirtió que "seguiremos vigilando Sevilla y no vamos a hacer algo contario a nuestra labor".

Los migrantes encerrados decidieron poner en marcha un sistema de vigilancia en la zona para evitar actos de vandalismo de los que las autoridades pudieran culparlos, explicó, Decio Machado, vocero de los manifestantes. Migrantes, profesores y voluntarios civiles comenzaron hoy una serie de talleres de español y árabe con la intención de fomentar el intercambio cultural, además de campeonatos de ajedrez y debates sobre la situación de los trabajadores extranjeros en España.

También en estos primeros cuatro días de protesta han recibido múltiples visitas y muestras de solidaridad, entre ellas las asociaciones Mujeres Inmigrantes Amal Andaluza, Asociación Cooperación y Desarrollo con el Norte de Africa, de la Campaña contra la Europa del Capital y la Guerra y de la Red de Apoyo al encierro.

Un grupo de voluntarios de la Red de Apoyo emprendió una campaña que tiene como objetivo "saturar" los aparatos telefónicos que reciben faxes en las instituciones públicas con mensajes de apoyo a los 550 encerrados y manifestar su "rechazo a la Ley de Extranjería y a cuantas normas supongan restricciones en el derecho de libre circulación de personas y anulación de derechos regidos en la Carta Universal de los Derechos Humanos, así como en la Constitución", al tiempo que condenan la "represión a la que somete este gobierno a los trabajadores que luchan".

A pesar de las protestas y de la preocupación manifestada por diversas instituciones y asociaciones sobre la nueva política migratoria europea, la UE, a iniciativa de Aznar, perfila estos días las modificaciones que adoptará en su política migratoria en Sevilla. Los ministros de Justicia e Interior de los países miembros se reunieron en Luxemburgo para hacer un primer borrador de lo que serán las conclusiones del encuentro.

Entre las medidas que adoptará Europa destaca la creación de una policía fronteriza común, fortalecer la vigilancia en las países de entrada de migrantes -España, Italia y Reino Unido-, sobre por la vía marítima; también se pretende poner en marcha un megabanco de datos de los ciudadanos extranjeros en la región.

Asimismo, los líderes europeos pedirán a países como Marruecos, Argelia, Albania y Turquía que reformen sus leyes para que contemplen el delito de trata de personas y así sea más eficiente la lucha contra la "inmigración ilegal". En la cumbre de Sevilla también se debatirá si se condicionan los fondos de ayuda al desarrollo -que representan 0.33 del PIB europeo- a que los países emisores de migración controlen sus pasos fronterizos.