viernes 14 de junio de 2002
La Jornada de Oriente publicación para Puebla y Tlaxcala México

  
n Si no existe, pedirá al INAH sancionar al ayuntamiento por violar Ley de Monumentos
El Congreso exige al edil demostrar que tiene permiso para excavar en el zócalo

Fermín Alejandro García n
En la sesión de ayer, todas las fracciones parlamentarias, a excepción del PAN, votaron a favor de un punto de acuerdo por el cual el Congreso local exhorta al ayuntamiento panista de la ciudad de Puebla a demuestrar que cuenta con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para realizar excavaciones en el zócalo de la capital, lugar en donde pretende construir un estacionamiento subterráneo.
El mismo punto de acuerdo establece que en caso de que el ayuntamiento no acredite tener la autorización para hacer trabajos de excavación en el Centro Histórico, el cual es patrimonio cultural de la humanidad, se le pedirá al INAH que suspenda las obras de inmediato y sancione al gobierno municipal por haber violado los artículos 7 y 12 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas.
La solicitud fue presentada por el diputado priista Javier López Zavala y suscrita por las fracciones del PRD, el PCD, el PT, el PVEM y el PRI. Los 10 legisladores del PAN se abstuvieron y guardaron silencio, no hicieron un solo comentario.
Al inicio de la sesión, cuando se leía el acta de acuerdos de la semana pasada, había una intensa discusión entre el coordinador de la fracción del PAN, çngel Alonso Díaz Caneja, y los integrantes de su grupo parlamentario. Parecía que se preparaban para responder a los cuestionamientos de López Zavala. No fue así. La única intervención de los panistas en la tribuna fue para pedir que la próxima sesión se realice el día martes y no jueves, ya que el 20 de junio habrá una visita de Martha Sahagún al estado.
Cuando se votó el punto de acuerdo y los panistas se pusieron de pie para manifestar su abstención, quedó en silencio el salón de plenos y çngel Alonso Díaz Caneja, entre risas, gritó: ¡Arriba México!
Al final de la sesión, en entrevista, el diputado panista Roberto Grajales Espina dijo que su fracción está a favor de la legalidad, por lo cual acepta que el INAH, de acuerdo a la normatividad vigente, emita un dictamen. Aclaró que los integrantes de su grupo parlamentario no votaron por el punto de acuerdo que solicitó López Zavala debido a que "lleva una intención política".
Durante la presentación del documento ante el pleno del Congreso, López Zavala expuso que de acuerdo a la normatividad vigente procede una sanción de uno a 10 años de cárcel en contra de quien dañe el patrimonio histórico, y hasta ahora el ayuntamiento no ha podido acreditar que cuenta con el permiso del INAH para haber hecho cuatro calas en el zócalo y que no ha cometido destrozos de vestigios.
Zavala expuso que en el artículo 7 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas está establecido que "las autoridades de los estados y municipios cuando decidan restaurar y conservar los monumentos arqueológicos e históricos lo harán siempre con permiso previo y bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia". Por tanto, el ayuntamiento ha violado esta parte de dicha legislación.
El gobierno del alcalde panista Luis Paredes Moctezuma, hace dos semanas, hizo cuatro excavaciones en el zócalo de la ciudad como parte de un estudio para construir ahí un estacionamiento subterráneo. En el lugar fueron encontrados vestigios de un obelisco que data del año 1760, huesos y restos de vasijas.
El ayuntamiento ha reconocido que hizo esas calas sin autorización del INAH, argumentando que para el tipo de trabajos que realiza no lo necesita.
Organizaciones no gubernamentales y diputados locales que se oponen al proyecto del estacionamiento han insistido en que el ayuntamiento está violando la normatividad que protege el patrimonio histórico, además de desacatar al INAH, organismo que ya en una ocasión intentó frenar los trabajos de excavación.

El mundial y "el pato"

La semana pasada se produjo el primer debate -que resultó ser muy leve- entre priistas y panistas por el desempeño del alcalde de Puebla, Luis Paredes. Ayer parecía que nuevamente el Congreso, en asuntos generales, se tocaría el tema. Incluso había cierta tensión entre los diputados del PRI. Hubo momentos en que Víctor Manuel Giorgana parecía recriminarle algo a Javier López Zavala.
El diputado priista Joaquín Maldonado pidió la palabra, empezó a hablar con solemnidad y después pidió una felicitación para la selección mexicana por haber empatado con Italia en el partido que hubo este jueves en la mañana. Desde la tribuna, uno de los espectadores de la sesión gritó: "Ya no hay respeto, a este paso al rato van a comentar los finales de telenovelas", y otro más exclamó: "Mejor hablen del Pato, ya lo expulsaron del Big Brother". Maldonado optó por terminar pronto su intervención ante las carcajadas y poca atención de los legisladores.
De salarios y maestros

También en asuntos generales, el presidente de la Comisión de Hacienda, Gabriel Reyes Cardoso, dio a conocer el proyecto de la fracción del PRI de recomendar a los ayuntamientos establecer límites a los salarios de regidores, síndicos y funcionarios municipales como una manera de que los gobiernos municipales cuenten con más recursos para obra pública, luego de que los recortes presupuestales ordenados por el gobierno federal han afectado a los ingresos de las Comunas.
çngel Alonso Díaz Caneja respondió en la tribuna que la fracción del PAN apoyará el exhorto para limitar los salarios en los ayuntamientos, pero si también se establece un tabulador para los funcionarios del gobierno del estado, al indicar que en todos los niveles de la administración pública debe haber medidas de austeridad y racionalidad del gasto. Los priistas no respondieron a ese condicionamiento.
Uno de los últimos diputados que tomó la palabra fue la priista Irene Carmona Oliver, quien pidió apoyo a los diputados del Congreso para respaldar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que exige al gobierno federal frenar los recortes presupuestales que afectan al gasto educativo y que se aumente el presupuesto para la enseñanza pública, el cual debe ser equivalente al 8 por ciento del Producto Interno Bruto del país.
En general, el discurso de la diputada casi no captó la atención de los legisladores, pues además de haber sido muy largo, el texto era confuso, ya que reproducía algunas declaraciones de prensa del presidente Vicente Fox y no se sabía en qué momentos la diputada hablaba a nombre personal o citaba al mandatario.