Su participación en actividades partidistas provoca la pérdida de imparcialidad, dice

Recomendará la OCDE a los países socios que los servidores públicos se alejen de la política

Destruye la confianza en el Estado porque propicia corrupción, arguye el organismo

HUMBERTO ORTIZ MORENO

El involucramiento de los funcionarios públicos en acciones partidistas implica la pérdida de la necesaria imparcialidad para el servicio público y, así, la confianza de la ciudadanía en el Estado "se ve disminuida, si no es que destruida", advierte Francisco Cardona, administrador principal del Programa Sigma, del Servicio de Administración Pública operado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) y la Unión Europea.

En consecuencia, urgió a los países miembros, como México, a lograr un "acuerdo legal razonable" que promueva la neutralidad política de partido en los funcionarios públicos.

En el diagnóstico contenido en el proyecto de Ley del Servicio Civil de Carrera que recomendará a sus 21 socios la OCDE, Cardona trata el tema de la corrupción, y afirma que las posibilidades irrestrictas para que los servidores públicos se involucren en actividades económicas, aunque sean completamente legales, conduce a mezclar los intereses públicos y privados al manejar los asuntos públicos, "una situación en la cual los conflictos de interés tienden a ser mayores".

La integridad de los servidores públicos, así como de los políticos, es esencial para el buen gobierno y el desarrollo económico, remarca en el reporte, cuya aplicación tendrá que ser adaptada a la realidad específica de cada país. La OCDE estima que, para ello, es necesario considerar tanto las restricciones políticas como los requisitos de las formulaciones técnicas sólidas. "Por esto es importante identificar los principales actores políticos y técnicos relacionados con este esfuerzo y designar una metodología para su trabajo, que sea tanto políticamente aceptable como técnicamente realizable", subraya.

De entrada, el funcionario de la OCDE plantea que la ley del Servicio Civil de Carrera es un instrumento que apoya a una serie de objetivos políticos que pueden dividirse en dos categorías, negativos y positivos, los cuales forman las dos caras de la moneda.

Denomina objetivos negativos a aquellos que pueden traer consigo "consecuencias no deseadas", y son siete, aparte de la politización y la corrupción arriba mencionados.

En orden de importancia, Cardona menciona enseguida al paternalismo, significado por "la sumisión de los funcionarios públicos hacia un 'líder supremo', lo que disminuye en gran medida su capacidad de servir al interés público en general".

Afirma que la imparcialidad en la toma de decisiones públicas, así como el respeto hacia el principio de legalidad son necesarios y esenciales en países en donde se vive bajo el imperio de la ley.

Otro problema es el nepotismo, al que Cardona califica así: "Tener posiciones en el servicio público no puede ser solamente una cuestión de pertenencia a un 'clan', a una familia o a un grupo étnico. Las oficinas públicas no son el patrimonio de un número seleccionado de familias. El mérito y la competencia deben ser las bases para el reclutamiento".

En su argumentación, el funcionario de la OCDE también encontró una carencia de profesionalismo. Enfatiza que la alta calidad y motivación de los servidores públicos son indispensables si el Estado debe cumplir satisfactoriamente su misión de servir al país.

"Conjuntamente con la competencia abierta basada en el mérito, otros elementos pueden ayudar a fortalecer el profesionalismo: la capacitación; los mecanismos transparentes para las promociones y las asignaciones salariales, y un nivel relativamente aceptable de remuneraciones acorde con cada país."

Expone que estos son elementos básicos para construir el servicio civil de carrera. Un conjunto de derechos y obligaciones que tomen en cuenta los requerimientos constitucionales de la administración pública son necesarios para elevar los estándares profesionales.

"Los claros lineamientos de rendición de cuentas reforzarán no sólo las responsabilidades de los servidores públicos, sino además su profesionalismo", destaca Cardona.

Asimismo, observa otro fenómeno, la inestabilidad, y consigna que mantener a la administración pública en un constante cambio va contra la confiabilidad del Estado y hace que el servicio público sea poco atractivo para individuos altamente capacitados.

"En una democracia -reflexiona Cardona-, la administración pública debe ser estable y permanente, ya que garantiza la continuidad institucional. Garantizar en cierto grado la permanencia y el empleo a los servidores públicos favorece la estabilidad y el profesionalismo."

Otra "consecuencia no deseada" es la fragmentación, donde considera necesario contar con estándares claramente establecidos y hacerlos cumplir homogéneamente en todas las áreas de la administración pública.

Para lograrlo, explica, es necesaria una instancia central responsable de la gerencia, el desarrollo y monitoreo del servicio civil de carrera. "Las camarillas dentro de la administración del servicio civil de carrera van en contra de la imparcialidad y confiabilidad de la administración pública como un todo, y hacen poco transparente el sistema", señala.

Como elementos de un Sistema de Servicio Civil de Carrera (SSCC), Francisco Cardona menciona los siguientes: delimitación del alcance del SSCC; clasificación de los servidores públicos; bases para la selección, reclutamiento y promoción; razones y condiciones para la terminación del servicio, derechos y obligaciones, entre otros.