Apuesta su futuro económico y académico a la aprobación de su autonomía

Ya sin cobijo de gobiernos priístas, el Poli busca superar la peor crisis de su historia

Sindicato y ex directores se resisten a la reforma por temor a perder sus canonjías

JOSE GALAN /I

Instrumento político de los recientes gobiernos priístas, el Instituto Politécnico Nacional -creado en la presidencia del general Lázaro Cárdenas- enfrenta en estos tiempos de transición su peor crisis en 66 años de existencia, pero es en esta coyuntura cuando busca reformar su ley orgánica para alcanzar la autonomía, y con ésta allegarse de recursos, transformar sus programas y planes de estudio, impulsar el avance de la investigación en ciencia y tecnología, e incluso modificar las condiciones de trabajo y la designación de su director general.

La infraestructura del IPN "es lamentable", admite Miguel Angel Correa Jasso, actual director de la institución. Las instalaciones no reciben mantenimiento desde hace 40 años, y los edificios, laboratorios, talleres, aulas, oficinas administrativas y espacios deportivos no cumplen las mínimas normas de seguridad para docentes, alumnos y trabajadores. Antes había dinero y no se corrigieron los problemas, ahora no hay recursos con que hacerlo, porque el Congreso de la Unión no autorizó presupuesto para ese rubro en este año fiscal.

Y los problemas estructurales también son graves. La matrícula creció 40 por ciento sólo durante el sexenio de Ernesto Zedillo, egresado de esta casa de estudios. Ahora el Poli cuenta con más de 175 mil alumnos en el sistema escolarizado medio superior y superior, y 50 mil más en los sistemas abierto y a distancia, en un proceso de masificación que, advierten las actuales autoridades, no deberá continuar, porque aducen que es más importante la calidad que la cantidad.

El 75 por ciento de los estudiantes del Poli proviene de familias cuyos ingresos no sobrepasan los cuatro salarios mínimos, y se mantiene como la institución líder en la formación de recursos humanos procedentes de familias de obreros, campesinos y trabajadores eventuales, tal como sucedió en sus orígenes, cuando Narciso Bassols, Luis Enrique Erro y Carlos Vallejo Márquez impulsaron la necesidad de concretar las reinvindicaciones que dieron origen a la Revolución Mexicana en cuanto a la educación, la ciencia y la cultura.

El IPN tiene, pues, la posibilidad de atravesar la crisis y replantear su futuro con la figura autonómica.

"Estamos justo ya en la víspera de presentar la iniciativa de reforma al Consejo General Consultivo -compuesto por 170 miembros- para su discusión y afinación", revela Correa Jasso. "Buscamos revertir, con la ley en la mano, la profunda injusticia que enfrenta el IPN actualmente".

La iniciativa se discutirá en lo general y en lo particular. "No hay fechas, pero lo ideal sería que entrara por iniciativa del Poder Ejecutivo en las cámaras este mismo otoño".

Pero hay obstáculos para la consecución de esos objetivos, sobre todo de carácter político, promovidos por grupos priístas, entre ellos el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y los ex directores del instituto, acostumbrados a que esa casa de estudios era fuente de recursos para su trabajo político.

''La reforma a la ley orgánica es un proceso que seguramente se va a politizar. Siempre habrá grupos que estarán en contra, con posiciones ideológicas encontradas", advierte Correa Jasso.

"El sindicato tiene su propia posición política, y cabe señalar que hay contradicciones entre el SNTE y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación".

Reconoce en entrevista con La Jornada que en su administración "se han afectado ciertos intereses" priístas, pero desdeña que ese u otro partido ''pretenda obstaculizar el proceso de reforma, porque a todos nos conviene". Eso sí, advierte, el Poli dejó de ser ''botín político y económico''.

Pero los priístas al parecer no están dispuestos a perder sus canonjías. El pasado 8 de mayo, por ejemplo, Correa Jasso invitó a desayunar a los 11 miembros del Consejo de ex Directores Generales, todos ellos designados por gobiernos priístas, para anunciarles que, por instrucciones de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), a partir de esa fecha se les recortaba la compensación fuera de presupuestos, porque no había sido autorizada por Hacienda, y que tan sólo en el caso de ellos suma más de 24 millones 247 mil 559 pesos al año.

Curiosamente, a la semana siguiente se apersonó, sin avisar, en las oficinas centrales del IPN la Comisión de Educación del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, encabezada por Miguel González Avelar, secretario de Educación Pública en el sexenio de Miguel de la Madrid, según consta en los registros de la dirección general. Los priístas pretextaron la necesidad de conocer las actividades actuales del IPN para, posteriormente, deslizar veladamente que ''va a estar muy difícil'' la aprobación de las reformas a la ley orgánica del IPN.

Mientras, Rafael Ochoa Guzmán, secretario general del SNTE, regateó públicamente el respaldo al proceso de reformas, que implica la posibilidad de que el IPN cuente con uno o dos sindicatos independientes, o permanezca en las filas del magisterio nacional, al afirmar que los maestros del país, y particularmente del IPN, respaldarán "el resultado de la toma de opinión entre la comunidad politécnica sobre la reforma", y advirtió que no necesariamente la autonomía "podría ser el resultado de la reforma".

Enrique Villa, secretario académico de la institución, apremia: "Si no hay reforma el resultado será muy sencillo: el futuro del IPN estará en riesgo por una falta gravísima de recursos, sin cambios sustantivos en su modelo académico, y con la tendencia a reducir la calidad de la docencia, la investigación y el desarrollo tecnológico", dice. "Sentimos que no hay la sensibilidad adecuada para atender estos problemas".

Y en este proceso de reforma la actual administración ha cifrado todas sus esperanzas para salir de la crisis, sobre todo por la posibilidad de mejorar sus finanzas a partir de contar con recursos propios generados por las escuelas, centros y unidades profesionales. Es la lucha por la sobrevivencia.