Carlos Fernández-Vega

Una vez más, el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, utilizó la tribuna del Poder Legislativo para espantar a propios y extraños con el petate del muerto: la inminente argentinización de México si los ingresos públicos no aumentan inmediata, sustancial y permanentemente.

Con su dudoso señalamiento, a todas luces chantajista, el funcionario sólo provocó, en primera instancia, la nerviosa reacción de un mercado cambiario de por sí sensible, que elevó el tipo de cambio peso-dólar a un nivel histórico, situación que de inmediato hizo rememorar aquel trágico diciembre de 1994, cuando el entonces titular de Hacienda, Jaime Serra Puche, abrió la caja de Pandora tras "filtrar" el incremento de la banda de flotación de nuestra moneda, con las consecuencias por todos padecidas.

El país no termina de recuperarse de aquel desastre generado por dicho desacierto -cometido en el ámbito de una economía sostenida con alfileres-, cuando Gil Díaz se dedica a jugar y chantajear con los "ejemplos" de naciones hermanas en desgracia, sin ponderar los negativos efectos inmediatos sobre la frágil economía nacional.

Si bien es cierto que México nunca se ha caracterizado por la abundancia de recursos públicos, también lo es el hecho de que los existentes se han destinado y se destinan, en buena proporción, a atender las urgencias y a cubrir los excesos de la perniciosa estructura oligopólica imperante en el país. Un ejercicio de memoria nos remite de inmediato a los miles de millones de pesos de dineros presupuestales que año tras año se canalizan al salvamento de los bancos, los banqueros y las empresas -muchas de ellas propiedad de estos últimos- que gozan de los generosos beneficios del Fobaproa-IPAB; a los rescates de los "hombres de negocios" que participaban en las concesiones carreteras, las líneas aéreas, los ingenios azucareros y demás sectores privatizados que, más temprano que tarde, exigieron el auxilio de las arcas nacionales para poder seguir haciendo negocios. Qué decir de las decenas de miles de millones de dólares que anualmente salen del país para cubrir el servicio de la deuda externa oficialmente reconocida y los que se destinan, en pesos, al pago de los intereses del débito interno, en manos de los mismos banqueros rescatados. Sólo para no olvidar, es necesario mencionar que en la última década el gobierno mexicano pagó alrededor de 150 mil millones de dólares sólo para cubrir los intereses de un débito que en 1992 se aproximaba a los 80 mil millones de dólares, y que hoy se acerca a los 77 mil millones.

El secretario de Hacienda, pues, se queja por la carencia de recursos públicos en un país en el que la evasión fiscal se calcula en 600 mil millones de pesos anuales, y nadie hace nada por combatirla; cuando -si de ejemplos se trata- los mismos banqueros amparados por el Fobaproa-IPAB le adeudan al erario nacional más de 45 mil millones de pesos en impuestos; cuando, en fin, el Banco de México atesora alrededor de 42 mil millones de dólares en intocables reservas internacionales, para que a la postre el tipo de cambio peso-dólar se deprecie a la primera declaración poco afortunada de un secretario de Estado.