Pemex deberá asumir parte de los riesgos, condicionan

"Plena seguridad jurídica" para invertir en gas, exigen extranjeros

Las trasnacionales mostraron gran interés en explotar la Cuenca de Burgos Piden ventajas que afirman dan otros países

ISRAEL RODRIGUEZ J. Y ROBERTO GONZALEZ A.

Empresas internacionales demostraron estar ansiosas por participar en la explotación del yacimiento de la Cuenca de Burgos, el área más importante del país en reservas y producción de gas no asociado, pero establecieron como condición para invertir que el gobierno mexicano ofrezca plena seguridad jurídica para realizar el negocio y que Petróleos Mexicanos (Pemex) asuma parte de los riesgos en caso de que los proyectos no aporten la rentabilidad esperada.

El interés de las principales compañías petroleras internacionales por explotar el yacimiento de gas en Burgos, en el noreste del país, quedó de manifiesto cuando más de 500 representantes de las 75 empresas del ramo más importantes participaron en una conferencia de dos días, que concluyó ayer, en la que Pemex ofreció que otorgará todas las facilidades para que inviertan en esa región alrededor de 8 mil millones de dólares.

Para los inversionistas extranjeros, la posibilidad de realizar negocios en Burgos representa un amplio atractivo por el potencial de explotación del yacimiento de gas, un hecho que por sí mismo justifica la avidez con que han concurrido a la conferencia organizada por el gobierno.

Las reservas en esa zona son de 6.5 billones de pies cúbicos de gas, de las que 33 por ciento son probadas. Al otro lado de la frontera, en el sur de Texas, que geográficamente corresponde a la misma Cuenca de Burgos, las reservas son de 27 billones de pies cúbicos.

En la conferencia, inversionistas extranjeros demandaron se modifiquen los contratos de servicios múltiples (CSM) presentados por Pemex para realizar obras de exploración y producción en el yacimiento de gas, con el propósito de limitar los riesgos que deben asumir las compañías privadas que participen en el proceso, y exigieron que haya plena seguridad jurídica.

Bajos precios, entre las inquietudes

"Nos preocupa que la empresa privada que vaya a realizar las obras bajo los CSM asuma todos los riesgos, como los relacionados con una menor producción o con bajos precios internacionales del gas, que puedan reducir la rentabilidad de las inversiones", opinó Antonio Suárez Torres, director de nuevos negocios, exploración y producción de la firma española Repsol YPF, quien participó en la conferencia de dos días organizada por la Secretaría de Energía y Pemex para dar a conocer entre inversionistas internacionales los contratos de servicios múltiples.

"Falta claridad en los riesgos que asumen las firmas que vayan a invertir, y consideramos necesario que Petróleos asuma parte de esos riesgos", señaló el representante de la empresa española. "Pemex está luchando contra una legislación arcaica, porque México está en inferioridad de condiciones en esta materia y compitiendo con 30 países que están desarrollando proyectos similares", añadió.

La actual legislación mexicana prohíbe expresamente que en la contratación de servicios la paraestatal asuma riesgos.

A modo de respuesta a esas inquietudes, el director general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, dijo que los CSM son compatibles con el exhaustivo marco legal que rige a la paraestatal. Afirmó que no existe asimetría entre el riesgo y los beneficios de Pemex y de los contratistas que participen en el proceso.

Explicó que las reservas de gas natural en la Cuenca de Burgos están internacionalmente certificadas, lo que garantiza la rentabilidad de las obras, que los CSM "no son concesiones ni contratos de riesgo, y que las empresas que presten sus servicios a Pemex recibirán por ello un pago razonable".

Sin embargo, los temas relacionados con el riesgo que asumirán las compañías privadas y la incertidumbre al respecto predominaron entre los asistentes a la conferencia oficial internacional El sector del gas en México. Aunque la modalidad de CSM ofrece incluso una rentabilidad garantizada, los potenciales inversionistas demandaron aún más beneficios y flexibilidad operativa.

Para mantener el interés de las compañías extranjeras para traer sus inversiones, el gobierno ofreció ayer, en el marco de la conferencia, que además de los CSM existen otras áreas atractivas en las que pueden incursionar los capitales privados. Según Marcos Ramírez Silva, director general de Pemex Gas y Petroquímica Básica, estas "áreas atractivas" son: el transporte de gas, la interconexión y la construcción de nuevas plantas de compresión de gas, así como la comercialización del energético, esta última actualmente restringida por la ley.

Ramírez Silva dijo durante su intervención en la conferencia que los contratistas de los CSM podrán operar como comercializadores de venta de segunda mano, es decir, comprando el gas a Pemex Gas y Petroquímica Básica, y posteriormente los particulares podrían operar como comercializadores, "ampliando sus oportunidades de negocio en el mercado de gas natural".

El consultor en temas energéticos George Baker, gerente de Baker & Associates, planteó que existe un amplio interés de las empresas internacionales por participar en la explotación de la Cuenca de Burgos, como lo demuestra, dijo, la gran asistencia al acto organizado por el gobierno mexicano.

"Los empresarios entienden que este es un proceso difícil que va en contra de 60 años de cierta tradición. Hay que esperar para que los términos claves de los contratos sean aclarados, para saber qué tan riesgoso y qué tan prometedor es el programa. El hecho de que haya habido estos ruidos y controversias e impugnaciones por el lado constitucional debe entenderse como parte de la fricción previsible de ir contra 60 años de tradición priísta", señaló.

Además del reclamo para que Pemex comparta el riesgo, otros potenciales inversionistas exigieron que el gobierno mexicano ofrezca plena garantía de que no afrontarán retrasos o contingencias por cuestiones legales, ante la oposición que hay en el Congreso para avalar la estrategia planteada por Pemex.

En este sentido, Colin I.M. Braitwaite, director de desarrollo de negocios en gas de la firma trasnacional Shell, dijo que para invertir en México "las compañías mundiales buscan estabilidad legal y fiscal".

En el mismo sentido se pronunció James J. Emme, vicepresidente de exploración de Anadarko Petroleum Corporation. Dijo que para invertir en este proyecto los empresarios reclaman "un ambiente de negocios predecible, así como un marco fiscal y legal completamente claro".

Añadió que no ha quedado claro si los incentivos que ofrece el gobierno son suficientemente transparentes para que se comprometan, sobre todo ante las opciones de inversión que tienen en otros países.

A su vez, Ian Mallory, director en México de Duke Energy International, pidió que las empresas que participen en la explotación de gas también puedan operar las plantas productoras del hidrocarburo, lo que está prohibido por la Constitución.

Hacia un "Pemex paralelo"

El mecanismo de CSM para que empresas privadas realicen la exploración y la explotación del gas natural en el noreste del país apunta a la creación de un Pemex paralelo, dado que las cláusulas de este documento indican que las compañías serán las únicas responsables de la contratación de los trabajadores operativos y especializados y del cumplimiento de las prestaciones sociales que generen, lo que en la práctica significa un desplazamiento de los sindicalizados de la empresa paraestatal, afirmó Víctor Rodríguez Padilla, investigador de la UNAM y asesor en el Senado de la República.

El también miembro de la organización no gubernamental Mesa Ciudadana para la Observación de la Energía indicó que con la aplicación de los CSM habrá un hoyo por más de 7 mil millones de dólares que dejará de percibir el erario público. Explicó que la intención es crear dos sistemas fiscales diferenciados para Pemex y para las empresas. Mientras la paraestatal está obligada por ley a entregar un impuesto de 60.8 por ciento sobre el valor de sus ventas, las compañías privadas sólo pagarían el impuesto sobre la renta (ISR), cuyo índice oscila entre 32 y 35 por ciento, con lo que se coloca a Petróleos en franca desventaja.

El especialista, quien acudió al acto de presentación de los contratos, precisó que "por cada dólar que ingrese del proyecto Burgos con los CSM, a Pemex sólo le tocarán 10 centavos, y sobre ese pequeño monto todavía tendrá que pagar impuestos y derechos. En el mejor de los casos, le quedarán cinco centavos una vez que la Secretaría de Hacienda reciba lo suyo".

José Jiménez Probert, del despacho legal Winstead y Rivera, comentó que la mayoría de los inversionistas no saben y se están preguntando qué pasaría en caso de una controversia constitucional. La interrogante es: ¿los contratos quedarían sin efecto o carecerían de validez? Pero, por otro lado, las autoridades siguen diciendo que es plenamente constitucional, pero aun así la incertidumbre política está afectando mucho este proceso, destacó.