Por 8 millones, yo me dejo acariciar: Rocha Díaz

Critica Martí Batres que existan ''coyotes de angora''

La actividad de legisladores-litigantes, inmoral, afirma

ANDREA BECERRIL, CIRO PEREZ S. Y ROBERTO GARDUÑO

La labor de los legisladores federales dedicados a litigantes motivó el rechazo del coordinador del grupo parlamentario del PRD, Martí Batres, quien consideró inadmisible esa doble actividad, porque ''no podemos estar de acuerdo en que haya coyotes de angora''. El calificativo del perredista recibió respuesta del priísta Salvador Rocha Díaz, porque sobre él pesa el señalamiento de ser favorecido por un contrato millonario de Pemex que algunos cifran en 12 millones de dólares, y a su estilo soltó: ''šAh, son 12! Me conformo con 8 millones, los otros 4 los repartimos aquí y entonces hasta me dejo acariciar el pelaje de angora...''

Batres había señalado la deslealtad de aquellos legisladores-litigantes que ganan procesos a costa del Estado: ''Un funcionario es un servidor público, sirve a la función pública. No puede ser leal a la función pública y al mismo tiempo a particulares y privados, menos aún si hay grandes cantidades de dinero de por medio. Quien se va a dedicar a la función pública debe dedicarse estrictamente a ésta, si no, se incurre en una suerte de prevaricato y se actúa en contra del interés fundamental que se debería defender''.

Comentó que no se puede ser abogado de un particular que lucha contra el Estado y al mismo tiempo servidor de éste. Eso es absolutamente incongruente, incompatible. La postura del PRD es que quien sirve al Estado, trabaje al servicio de éste, al servicio de la función pública en su sentido general, dijo.

-Diego Fernández de Cevallos argumenta que legalmente está en lo correcto, pero moralmente Ƒcómo se puede señalar esta actividad?

-Es absolutamente inmoral coyotear contra el Estado, es coyotaje a gran escala. Si estamos en contra de que haya coyotes afuera de un registro civil, no podemos estar de acuerdo en que haya coyotes de angora.

Las declaraciones de Batres no hicieron mella en Salvador Rocha, abogado de los ex banqueros Jorge Lankenau y Carlos Cabal Peniche: ''Los legisladores que sostienen que diputados y senadores deberíamos estar dedicados en exclusiva al desempeño de nuestras funciones, han demostrado torpeza y falsedad en sus afirmaciones, en tanto que no hay una sola iniciativa de reforma constitucional que lo establezca. En lo personal, yo ya tengo la ventaja de estar muy viejo y ya no me afectaría, yo sería el primero a lo mejor en votarlo a favor. Nunca en mi vida profesional he prestado servicio a un cliente que en alguna medida entre en conflicto con mis obligaciones como legislador''.

Agregó: ''Cuando yo patrociné a don Carlos Cabal, allá por los años 94 y 95, mis peores enemigos eran el secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, distinguido amigo mío; don Eduardo Fernández, presidente de la Comisión Nacional Bancaria, šimagínense! ƑQué conflicto entre ellos iba a poder tener? Lo que estaba jugándome era el pellejo o la chamba. Nunca he actuado en beneficio de un cliente para obtener un beneficio del Estado''.

Y para rematar, Rocha Díaz aclaró: ''En mi caso personal no he tenido, nunca, un conflicto de conciencia, porque nunca he incurrido en ningún conflicto de interés''.

-El diputado Martí Batres habló de los abogados coyotes.

-El es libre de tener las opiniones que quiera. Tendría que ponerse a estudiar qué es la moral, porque yo creo que si le hubieran preguntado, a ver, defíname Ƒqué es la moral?, ni hubiera sabido decirlo. Tendría que estudiar qué es la ética, la moral y el derecho, y darse cuenta que su visión no es la única y universalmente aceptada. Si él quiere hacer la afirmación de que hay un coyote de angora, que diga quién es y en qué asunto está coyoteando. Yo digo que en la medida en que nos dediquemos unos a desprestigiar a los otros, pues vamos a acabar todos salpicados. No creo que el diputado Batres tenga capacidad intelectual y formación para hacer una afirmación de esa naturaleza.

Por su parte, el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, manifestó que sobre el caso ganado a la SRA por el despacho de Diego Fernández de Cevallos pesan sombras de duda:

''Creemos que es sospechoso cómo este tipo de litigio pudo ser solucionado y otros más donde particulares han demandado a la secretaría no han recibido respuesta. También es sintomático que se haya beneficiado a familiares de Antonio Lozano Gracia, socio del despacho. En ese sentido creemos que aunque no existe impedimento legal hasta hoy, (ese actuar) no va con la moral que el PAN dice mantener; el código de ética panista recientemente aprobado señala que sus militantes no deben participar en esos asuntos. En el caso de Fernández de Cevallos, es miembro distinguido del Estado mexicano, toda vez que preside el Senado de la República y él mismo maneja asuntos de litigio contra el propio Estado. De ahí se deriva el mecanismo de contradicción de intereses.''

Por otra parte, la fracción del PRD en el Senado presentará hoy, durante la sesión de la Comisión Permanente, un proyecto de reforma constitucional para impedir que los legisladores lleven a cabo durante su gestión actividades privadas remuneradas, a fin de evitar así ''corruptelas y prebendas que permiten y promueven el tráfico de influencias al utilizar el cargo público para fines distintos a los del interés general''.

La iniciativa, precisó el senador del PRD Demetrio Sodi, tiene la intención de parar de manera definitiva casos como el protagonizado por el panista Fernández de Cevallos, quien litigó contra la Secretaría de la Reforma Agraria y le ganó un juicio por más de mil 214 millones de pesos. Se trata de un asunto que ha causado escándalo, dijo, ''pero no es el único, ya que hay otros senadores y diputados, como Salvador Rocha Díaz, Fauzi Hamdan, Fernando Pérez Noriega, que tienen despachos jurídicos, además de legisladores que al mismo tiempo son empresarios, que tienen fábricas y hasta hoteles, y se dedican al tráfico de influencias''.

Para concluir mencionó a un legislador con intereses en la hotelería, que de manera insistente plantea se legalice la operación e instalación de casinos en el país. Por ello, en nombre de la fracción del PRD en el Senado, Sodi de la Tijera presentará hoy la iniciativa que reforma los artículos 5, 101 y 108 de la Constitución, para impedir que los legisladores mezclen la función pública con el desempeño de otras actividades; después, el coordinador perredista, Jesús Ortega, subirá el tema a tribuna, a partir del caso Fernández de Cevallos.

En el proyecto de reforma constitucional del PRD se advierte que hoy más que nunca es urgente crear un sistema funcional y gobernable ''que cuente con estructuras institucionales capaces de garantizar la absoluta independencia, inafectabilidad, imparcialidad y transparencia en el ejercicio de la función pública''.

Se hace notar que en México sólo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los respectivos secretarios, los consejeros de la Judicatura Federal y los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral se encuentran imposibilitados, por disposición constitucional, para desempeñar cualquier cargo o empleo ajeno a sus deberes, exceptuando aquellos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia.

En ese sentido, la iniciativa perredista propone modificar ese artículo 101 constitucional, para que el principio de incompatibilidad de cargo se haga extensivo a los miembros de los poderes Legislativo y Ejecutivo, y que se incluya también a los miembros de los organismos autónomos constitucionales, tales como los tribunales agrarios, el Banco de México, el Instituto Federal Electoral (IFE) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La iniciativa precisa que en América Latina un buen número de legislaciones incorporan el principio de incompatibilidad del cargo de los miembros del poder legislativo. Menciona entre otras la de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, en las que se prohíbe que diputados y senadores desempeñen otro empleo, sea público o privado, formen parte de empresas, que exploten servicios públicos o tengan concesiones del Estado y presten servicios de asesoría o de representación de empresas vinculadas con el sector público.

Durante la sesión de hoy de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el PRD va a subir la discusión ante el pleno, por lo que se espera un fuerte debate, ya que el PAN o el propio Fernández de Cevallos deberán responder a los señalamientos sobre el conflicto de intereses del coordinador panista en el caso de la Secretaría de la Reforma Agraria.