La política contrainsurgente de Vicente Fox

Hoy da inicio en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el Encuentro Nacional Extraordinario por la Paz, que desde la sociedad civil busca elaborar un diagnóstico objetivo de la actual situación del conflicto para encontrar caminos de solución, en el marco del reconocimiento de los derechos de los pueblos indios a la libre determinación y las autonomías. Una de las mesas de discusión versa sobre el aspecto militar. A continuación, presento extractos de la ponencia que expondré.

No hay elementos que permitan aseverar que en México se ha dado un cambio significativo de Estado. A pesar de la derrota del PRI como partido de gobierno, lo sustancial del Estado mexicano de los dos anteriores decenios sigue incólume. Sus acciones en materia de política económica han puesto de relieve la voluntad de profundizar el modelo neoliberal. Hay continuidad en ahondar los procesos de privatización y de incrementar aún más la dependencia estructural del país con respecto a Estados Unidos. En el marco de la puesta en marcha del Plan Puebla-Panamá, como estrategia imperial, el aparato burocrático militar, con auxilio de grupos paramilitares, cumple una función relevante. No hay razón para que el gobierno de Fox, de cara a los intereses de las trasnacionales, cambie la estrategia de contrainsurgencia que llevó a cabo el gobierno anterior. Los recursos propagandísticos de Fox con respecto al tema indígena, a lo largo de su administración sólo han sido una cobertura mediática de la readecuación de esa estrategia.

Existe un elemento crucial en la estrategia contrainsurgente en Chiapas: la utilización de grupos paramilitares propios de las comunidades indígenas, utilizados para llevar a cabo tareas de guerra sucia que el Ejército prefiere o no puede llevar a cabo directamente. El paramilitarismo sirve a los propósitos de la contrainsurgencia, destruyendo o deteriorando severamente el tejido social de las comunidades. Actúa bajo las más diversas expresiones: agrediendo a prestadores de servicios sociales en campamentos de desplazados, originando condiciones de expulsión y nuevos desplazamientos de población indígena, coaligándose con autoridades civiles, ejerciendo acoso a dirigentes comunales mediante la acción de jueces venales y policías judiciales, infiltrando organizaciones sociales y religiosas, realizando labores de inteligencia y de provocación mediante rumores y contra-información, provocando incendios en la selva, participando en el tráfico y distribución de armas, apoyando -con la complicidad del aparato gubernamental utilizado para la contrainsurgencia- disyuntivas desarrollistas que ocasionan deterioro ambiental y divisiones intracomunitarias, ubicando como enemigos del desarrollo a las comunidades que se niegan a seguir la lógica del capital y, sobre todo, aumentando la espiral de violencia en las comunidades, haciendo de ésta un modo de vida. La fisonomía de las culturas indígenas ha cambiado a partir del militarismo y el paramilitarismo. La llegada de fenómenos nuevos como prostitución y narcotráfico no son circunstancias "naturales", sino resultado de la presencia del ejército en las comunidades de Chiapas y de la adhesión de los paramilitares a la vida de las mismas.

Los patrullajes del ejército y las fuerzas de seguridad pública se están incrementando, así como los vuelos rasantes. Autoridades de los municipios autónomos 17 de Noviembre y Primero de Enero -por mencionar sólo algunas de las denuncias diarias que se reciben- reportan intensos recorridos de vehículos militares y de seguridad pública en las rutas Altamirano-San Cristóbal, Altamirano-Ocosingo y Ocosingo-Zona Norte. A partir de abril pasado, los soldados incursionan en los poblados zapatistas amenazando con que los van a "barrer", mientras irrumpen en las comunidades en busca de presuntos "secuestradores" denunciados por informantes o paramilitares.

Las prácticas de tiro en cuarteles cercanos a comunidades indígenas, los interrogatorios sobre ubicaciones y labores de militantes zapatistas, la participación del ejercito en todo tipo de actividades, la militarización de la vida civil crean un ambiente propicio para el reclutamiento y la actividad de los paramilitares. Estos grupos -armados, entrenados, tolerados y coordinados por el Ejército y la Procuraduría General de la República, surgidos de la delegación ilegal y clandestina del uso de la fuerza por parte del Estado- continúan vigentes en Chiapas.

Las conclusiones del tercer informe de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos en México, de 2002, señalan claramente: "Los grupos paramilitares no han sido desarmados ni desarticulados, ni siquiera han sido recuperadas las armas que se utilizaron en la matanza de Acteal."

Se busca por todos los medios que el ejemplo de los municipios autónomos zapatistas no se extienda por todo el país. Luego de la traición a los acuerdos de San Andrés, que significo la aprobación de la contrarreforma indígena, el Estado mexicano hace uso de multiplicidad de recursos para borrar del mapa político nacional a estos municipios: en primer término, la utilización de la fuerza militar y paramilitar, a la vez que despliega las viejas artes del Estado patrimonialista para coptar mediante financiamientos a quienes hace poco eran adversarios del sistema de partido de Estado y hoy comparten el proyecto foxista. Estas son las realidades del gobierno del cambio.