Transportistas, involucrados en el fraude con libros de texto: Secodam

Entrega incompleta de volúmenes, otra anomalía; tres compañías deberán devolver fondos

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

Anomalías en licitaciones para la adjudicación de contratos, convenios para servicios de transporte inexistentes o a precios muy altos y entrega incompleta de libros -o en mal estado- son algunas de las irregularidades que revelan las auditorias aplicadas a la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), que en 2000 causaron un "daño al erario federal" por 7.6 millones de pesos.

La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) detectó anomalías en el pago del servicio de transportación y por tanto determinó que se deberá deslindar la responsabilidad que tuvo en estos hechos Humberto Blanco, quien se hizo cargo del despacho de la Conaliteg desde enero de 2000 -cuando renunció al cargo Antonio Meza Estrada- hasta marzo de 2001.

Por este motivo, determinó que las compañías Transportadora Nacional, SA de CV; Auto Transportadora de Metales y Minerales, SA de CV, así como una empresa de Héctor Ortiz Frield deberán devolver recursos a la Conaliteg.

De acuerdo con los resultados de la auditoria, de la cual tiene copia este diario, la Conaliteg hizo pagos adicionales en 2000 sin la debida justificación y dio condiciones muy ventajosas a los transportistas, lo que derivó en gastos excesivos para el gobierno.

Al comparar las facturas que se pagaron por servicios de transporte en 2000 y 2002 se encuentran diferencias notables. En 2000 el precio de la transportación de libros del Distrito Federal a Chetumal, Quintana Roo, fue de 26 mil pesos, mientras que en este año por un viaje en similares condiciones y al mismo destino se pagaron 18 mil.

Desvío de fondos y daño patrimonial al Estado

Estas observaciones son parte de las pruebas que la Conaliteg incluirá en la denuncia que presentará ante la Procuraduría General de la República la semana próxima contra quien resulte responsable por los delitos de fraude, desvío de fondos y daño patrimonial al Estado durante el periodo de 1999 a 2001.

A causa de estas anomalías, la Secodam determina que por servicios no realizados la Conaliteg deberá recuperar 2 millones 272 mil pesos pagados a Transportadora Nacional y un millón 431 mil a Auto Transportadora de Metales y Minerales.

Además tendrá que recuperar un millón 664 mil 832 pesos pagados en forma adicional a Auto Transportadora de Metales y Minerales y deberá sancionar por 504 mil 840 pesos a ambas empresas por los materiales faltantes y deteriorados.

También deberá exigir un millón 682 mil pesos pagados adicionalmente a Ortiz Frield y sancionar al transportista, también por libros faltantes y maltratados.

Al detallar las irregularidades, la secretaría refiere, por ejemplo, que Auto Transportadora de Metales y Minerales cobró indebidamente, en 232 facturas, 6 mil 500 pesos más IVA por viajes que partieron del almacén de Tlalnepantla a distintos puntos de la República, ocasionando a la entidad pagos adicionales por un millón 664 mil pesos.

Esta empresa tampoco fue sancionada, a pesar de que tuvo un faltante de 139 mil 878 libros y entregó en mal estado otros 4 mil 862. El monto de la deuda por estos errores ascendería a 504 mil pesos, considerando que el costo promedio de cada ejemplar es de 3.5 pesos.

Lo más grave en estos casos, señala la Secodam, es que las áreas responsables no llevaron a cabo con cuidado y diligencia profesional la verificación del cumplimiento del contrato y la procedencia de los pagos. Tampoco fijaron formas y porcentajes de las sanciones que se debían aplicar a los transportistas por fallas en el servicio.

Los procesos de licitación también fueron irregulares. La Contraloría refiere que en mayo de 2000 se declaró desierto un concurso, decisión que califica de "incongruente", toda vez que las tres empresas que participaron cumplieron con los requisitos de ley.

En un segundo concurso se adjudicó el contrato a la empresa de Héctor Ortiz Frield. Sin embargo, de las 316 facturas que la compañía emitió como comprobante del servicio que proporcionó, en 278 -con un monto de 2.5 millones- se pagaron como servicios urgentes, sin que hubiera justificación.

La misma empresa emitió 220 facturas de entregas menores a una tonelada; sin embargo, la comisión pagó al transportista como si hubiese trasladado 3.5 o cinco toneladas, lo que representó un gasto adicional de 1.5 millones de pesos por la prestación de un servicio no proporcionado.

Otro problema con este transportista fue que subrogó las obligaciones derivadas de su contrato, ya que 70 entregas fueron realizadas por conducto de transportistas diferentes al acordado.

A raíz de ese problema y en atención a las recomendaciones de Secodam, la administración actual de la Conaliteg abrió nuevos procesos de licitación, los cuales permitieron que un mayor número de transportistas que ofrecían precios más competitivos prestaran el servicio. Además se dispusieron reglas para sancionar los casos de pérdida y deterioro de libros.