La culpabilidad de los militares en el 68, "más que documentada", asegura

Martín del Campo, con reservas sobre la fiscalía

El denunciante ha recibido múltiples llamadas de testigos que ofrecen asistir a declarar

BLANCHE PETRICH /II Y ULTIMA

A partir de que se hizo pública la denuncia penal del perredista Jesús Martín del Campo contra el ex presidente Luis Echeverría Alvarez, el ex regente Alfonso Martínez Domínguez y 25 ex funcionarios más por genocidio en Tlatelolco (1968) y en San Cosme (1971), el maestro no ha dejado de recibir llamadas.

Vecinos del rumbo de Santo Tomás que aún recuerdan los sucesos de hace 31 años se ofrecen a asistir al juicio como testigos; familiares de víctimas, manifestantes... todo tipo de voces que están dispuestas a aportar su testimonio.

Incluso un médico que hace 31 años laboraba en el Hospital Militar le ha llamado para informarle que, estando él de guardia el día de la matanza, supo que varios integrantes de Los Halcones fueron internados con heridas de bala en ese nosocomio, lo que sería una evidencia de la participación del Ejército en la formación y operación del grupo paramilitar.

No es que se haga demasiadas ilusiones sobre el papel del fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto. "Para mí no es más que una ventanilla abierta donde se acude a realizar un trámite. No confío demasiado en los procedimientos burocráticos. Pero sí tengo una convicción muy fuerte sobre la necesidad de que se acabe la impunidad. Durante 30 años el poder fue impune y los funcionarios que delinquieron fueron intocables. Hoy se ha sembrado bastante, algo se puede cosechar aunque no hay muy buen temporal para la justicia".

Martín del Campo fue el primero en ser citado en la fiscalía para ratificar su denuncia y arrancar el procedimiento. Eso fue el 21 de junio, 10 días antes del primer citatorio a Luis Echeverría.

Acerca de la multiplicación de testigos que se ofrecen espontáneamente, expresa: "Se agradece toda esa buena voluntad. Pero si se van por ahí en la fiscalía pueden pasarse años recabando testimonios. En los hechos, todos los elementos para una condena están ahí. Sólo un locuaz (sic) podría decir que Echeverría y su plana mayor no fueron responsables. Es por eso que sus abogados a sueldo se han ido por el alegato de la prescripción de los delitos, porque saben que por cualquier otra vía la tienen perdida".

Para Martín del Campo -en su "tiempo personal"- la fecha límite para contar con un fallo en este proceso es el 2 de octubre de 2002. "Más tiempo, ¿para qué?"

Los denunciantes del comité 68 cuentan con dos cartas para sostener su alegato sobre la vigencia de los delitos de genocidio: los convenios internacionales firmados por México en la materia, porque en ellos no hay prescripción, y la controversia constitucional presentada por el jefe de Gobierno del Distrito Federal contra la reserva mexicana aprobada por el Senado para el convenio sobre desaparición forzosa, según la cual esos delitos del pasado ya han prescrito.

El próximo lunes Martín del Campo estará presente en el interrogatorio de la fiscalía al ex regente y ex gobernador de Nuevo León Alfonso Martínez Domínguez, que se llevará a cabo en el hospital Muguerza de Monterrey. "Esperamos que ahí repita, ahora como declaraciones ministeriales, sus acusaciones contra Luis Echeverría".

-Hasta ahora han sido citados dos políticos que en otras épocas concentraron grandes cuotas de poder. Seguiría el turno a un general en retiro, Luis Gutiérrez Oropeza. ¿Será la prueba de fuego para el proceso de la fiscalía? ¿No reaccionará la institución armada protegiendo a uno de los suyos? ¿Cree que llegaremos a ver a un uniformado de cinco estrellas en el banquillo de los acusados?

-¿Por qué no? Su culpabilidad está más que documentada. Los militares no pueden argumentar en su defensa que recibieron órdenes superiores para disparar. Si se les dio la orden al más alto nivel, ¿qué? Eso no les quita responsabilidad. Mataron a los jóvenes, crearon y entrenaron comandos para asesinar, como el Batallón Olimpia, Los Halcones y brigadas blancas. Ni siquiera en países donde los militares han tenido todo el poder han resultado intocables. Tienen que ser citados".

-Pueden ser citados, pero ¿van a acudir?

-Si quieren se puede instituir un ministerio público militar como coadyuvante. Pero tienen que ir. En todo caso, el presidente Vicente Fox podría dar la orden de que acudan, como comandante en jefe de las fuerzas armadas.