Propios y extraños lo reconocen como un litigante "excelente", "perseverante" e incluso "feroz". En su partido lo definen como "el mejor contrapeso" al presidente Vicente Fox. No pasará mucho tiempo para que el abogado Diego Fernández de Cevallos se anote uno nuevo en su ya larga cadena de triunfos millonarios. Fundamental para que Carlos Salinas privatizara la banca –como el mismo expresidente cuenta en su libro México, un difícil paso a la modernidad– Diego Fernández forma parte de un grupo de legisladores que desde el sexenio de Carlos Salinas tejió el entramado jurídico, sobre todo en materia financiera, que a la postre se relacionó con los casos que llevan en sus despachos, la mayoría en defensa de los grandes intereses económicos

ENTRE POLITICOS y entre abogados, el senador panista Diego Fernández de Cevallos es reconocido como un litigante "excelente", "exitoso", "serio", "perseverante" e incluso "feroz". Sin embargo, en estos dos ámbitos también hay quien observa cómo su éxito profesional se ha ido relacionando con su poder político.

Porque, además de los casos en los que el panista ha aparecido como abogado de empresas investigadas por narcotráfico –en 1997, el diario Público evidenció su contrato con grupo Financiero Anáhuac, investigado por lavado de dinero–, Fernández de Cevallos aparece también en el círculo de empresarios relacionados con los fraudes generados en la época del salinismo y que dieron a parar al Fondo Bancario de Protección al Ahorro; escándalo en el que, como político, el panista también intervino.

Un caso es el de abril de 1998, un mes después de que el presidente Ernesto Zedillo enviara a la Cámara la iniciativa para convertir en deuda pública los pasivos del Fobaproa. Ese abril, según datos del registro público, Diego fue nombrado "consultor general jurídico del consejo de administración de CBI Grupo Financiero", que no era un consejo cualquiera. Entre sus miembros se encontraban nombres como el de Lorenzo Servitje Sendra, ex presidente y consejero del Grupo Industrial Bimbo; o el de Carlos Abascal Carranza, hoy secretario del Trabajo y desde entonces destacado líder empresarial.

Sin embargo, como presidente del consejo de CBI estaba un nombre con una más turbia historia, José Patricio Zollino García, entonces también presidente, Inverworld, una intermediaria que en septiembre de 1994 fue relacionada con el fraude de Gerardo de Prevoisin en contra de la empresa Aeroméxico.

La relación de Zollino con Diego data, al menos, desde esa época, cuando el panista –que acababa de perder la elección presidencial para la que se le habían visto tantas posibilidades– fungió como apoderado legal de Inverworld, empresa con sede en San Antonio y a la que Aeroméxico relacionó entonces en las transacciones con las que De Prevoisin habría obtenido ilegalmente hasta 37.5 millones de dólares.

Años después, The New York Times publicó una presunta declaración en la que De Prevoisin señalaba que otros 8 millones desviados habían ido a dar a las campañas presidenciales en las que compitió Diego. Y aunque en el expediente del caso se observa que De Prevoisin sólo acepta haber extraído un millón de dólares de Aeroméxico –"a causa de la intervención regular del gobierno en asuntos de Aeroméxico, como requisito de la vida empresarial en México en un año de elección presidencial"– el PRI reconoció el financiamiento, y en rueda de prensa, el entonces presidente Zedillo mencionó que el PRI sí había recibido donativos de De Prevoisin para las campañas, pero no "específicamente" para la suya (Proceso 981).

Después de que Diego y Zollino coincidieran de nuevo en CBI, éste se separó de la intermediaria en julio 1999, cuando se vio implicado en un fraude de 500 millones de dólares por operaciones de alto riesgo en InverWorld –que para esas fechas se había declarado en quiebra técnica–.

Por causa de esta operación, Zollino fue detenido en Nueva York por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) y está preso desde abril pasado, cuando un juez federal de aquel país lo acusó de conspiración, fraude y lavado de dinero.

Para ese mes, el consejo de administración de CBI ya había iniciado las negociaciones para vender el grupo a Héctor Lagos, propietario de Casa de Bolsa Monex, operación que fue autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el 2001.

Ese mismo abril de 1998, como parte del consejo de CBI estaba también Juan Diego Gutiérrez Cortina, quien meses después también emergió como protagonista del escándalo del rescate bancario que, en diciembre de 1998, convirtió más de 550 mil millones de pesos en deuda pública, gracias a los votos de la bancada panista en la Cámara de Diputados.

Juan Diego Gutiérrez Cortina –uno de los empresarios que acudió a la famosa cena de febrero de 1993, cuando Salinas pasó la "charola" para las campañas del siguiente año– es dueño de la constructora Gutsa, beneficiada por la Secretaría de Hacienda salinista –vía Guillermo Ortiz, según una denuncia– con la "licitación" del WTC y miles de millones de dólares en créditos de parte de Bancomext.

Para 1995, las deudas de Gutsa ya eran parte de la reestructuración que absorbía la Unidad Coordinadora para el Acuerdo Bancario (Ucabe) –una especie de "barzón" de empresarios a la que también llegaron De Prevoisin y Carlos Cabal– y para 1998 ya estaba en la barriga del Fobaproa con 235 millones de dólares en pasivos.

Para cuando Gutiérrez Cortina contrató a Diego como su consultor jurídico en CBI, en la Cámara de Diputados el Fobaproa tenía plazo para su aprobación y empezaba a ser una bomba de tiempo. Meses después, Gutiérrez Cortina y la forma en que fue rescatado de su deuda por el WTC, se erigieron en uno de los ejemplos más contundentes de la escandalosa saga de fraudes que se convirtieron en deuda pública con los votos del PRI y del PAN.

El monto del rescate de Gutsa: mil 478 millones de pesos, la sexta cartera más grande que fue absorbida por el Fobaproa.

Y en la hora de aprobar ese rescate, aun sin ser legislador, entra también el Diego político, y su normal participación en las negociaciones legislativas antes de la aprobación del Fobaproa fueron ampliamente difundidas por la prensa.

El senador priísta Fidel Herrera, compañero de Diego en la LV Legislatura, autor del apodo de El Jefe –"era el alter ego del gobierno de Salinas", dice el veracruzano– y también parte de la LVII Legislatura que aprobó el Fobaproa, recuerda la intervención del panista en la aprobación del cuantioso rescate: "No era diputado, pero operó desde afuera. En medio de lo intrincado de las propuestas –de un lado la del gobierno, que era crear una institución doble, un Fondo de Garantía de los Depósitos (Fogade), y al mismo tiempo una Comisión Reactivadora de los Bienes para venderlos (Corevi)– y la propuesta del PRD, que quería ministraciones anuales autorizadas por el Congreso, la propuesta del PAN fue la de sacar una posición ecléctica integradora en las que propusieron la creación del Instituto de Protección del Ahorro Bancario –uniendo el Fogade y la Corevi con ministraciones anuales .

"Y en la construcción de este acuerdo, en el que estábamos en desacuerdo una enorme mayoría de los miembros de la comisión de Hacienda del PRI, pues aparece Diego en la interlocución con (el entonces secretario de Gobernación) Francisco Labastida", dice Herrera.

–¿En Gobernación? –se le pregunta.

"En Gobernación, con los coordinadores del PRI, en Hacienda, en la Cámara... Ninguna de estas reuniones fue oculta –responde Herrera–. Diego no trabaja de noche, ni anda en lo oscurito ni ocultito. Es un hombre que siempre da la cara, se mueve a plena luz del día. Realiza las operaciones de mayor importancia y trascendencia a plena luz de los reflectores".

La intervención de la dirigencia panista, sin embargo, dio marcha atrás a la inicial reticencia de la bancada para aceptar los pasivos como deuda pública. Los diputados del blanquiazul, entonces encabezados por Carlos Medina Plascencia, incluso habían exigido la renuncia de Guillermo Ortiz al Banco de México como requisito para aprobar la deuda.

Sin embargo, el 12 de diciembre culminó con la votación del PAN en favor del Fobaproa y sin la cabeza de Ortiz en la charola. Lo que había sucedido, según publicaron los medios entonces, es que Diego se había reunido un día antes con un grupo de gobernadores, incluyendo a Vicente Fox, para empujar un acuerdo con el PRI que asumía los pasivos y declinaba la impugnación a Ortiz.

En la votación del PAN tuvo una participación importante otro político abogado muy cercano a Diego y quien hizo cambios de última hora en el proyecto de dictamen con el que el PAN se oponía inicialmente a consolidar como deuda pública el rescate: Fauzi Hamdan, a quien se le atribuye la autoría del Instituto de Protección al Ahorro Bancario que sustituyó al Fobaproa, y quien acepta haberse iniciado en la política a partir de la invitación de El Jefe Diego.

De la oficina de Hamdan, entonces presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, salió, en los días previos a la votación del sábado 12, el anteproyecto de dictamen sobre la iniciativa de Ley de Protección al Ahorro Bancario que, al final, ni se oponía a Guillermo Ortiz y eliminaba la negativa a reconocer la deuda.

En julio de 1999, Dolores Padierna, diputada perredista miembro de aquella legislatura, acusó a Hamdan de presionar al auditor del Fobaproa, Michael Mackey, en momentos en que éste no tenía acceso a la información de, por ejemplo, Banco Unión, luego de que Carlos Cabal hiciera público su financiamiento al presidente Zedillo.

Hamdan, dijo Padierna entonces, "se ha aliado al PRI y a la CNBV, y hace trampas, arreglos oscuros, para convalidar un hecho ilegal y facilitar el fraude. Fauzi se va por la libre; amenaza, presiona y permite que las autoridades maquillen el informe final de Mackey".

Meses después, Padierna mostró documentos del registro público que señalaban que Hamdan había sido miembro del Consejo de Administración de por lo menos tres de las 50 empresas "canalizadoras" que utilizó Carlos Cabal Peniche para desviar recursos del Banco Unión a las campañas de 1994.

Según esa documentación, Hamdan fungió como secretario propietario y apoderado de Servicios Tecfin, SA de CV, Imagi, SA de CV y Organización de Ingeniería Empresarial, SA de CV, todas empresas beneficiarias de millonarios préstamos concedidos por el banco de Cabal Peniche entre 1992 y 1994.

El verdadero propósito de Acción Nacional y de Fauzi Hamdan en particular, dijo entonces Padierna, "no fue defender a personas inocentes, sino ocultar la participación que personajes de ese partido tuvieron con diversos deudores y grandes grupos económicos rescatados por el Fobaproa".

A la fecha, Diego y Fauzi son compañeros de escaño en el Senado, y el primero, como presidente de la mesa directiva, está directamente encargado de la supervisión de los contratos celebrados entre el Fobapora y las instituciones bancarias que están adquiriendo de nuevo las instituciones ya saneadas por el IPAB con recursos públicos.

Según reportes de la Secretaría de Hacienda, de todas las transacciones que llevó a cabo el IPAB el año pasado, la más importante fue la fusión de Banco del Atlántico con el Banco Bital, grupo financiero este último del que, repetidamente, el mismo senador Diego ha sido mencionado como representante legal, lo cual su despacho ni confirma ni desmiente, como tampoco Bital ni el propio IPAB.

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de cualquier manera, prohibe tales prácticas. En el artículo 88 dice que "durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y un año después, los servidores públicos –cargo en el que entran los legisladores– no podrán solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquier otra donación, servicio, empleo, cargo o comisión para sí (…) y que procedan de cualquier persona cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público en el desempeño de su empleo, cargo o comisión que determinen conflicto de intereses". Esta conducta, agrega el artículo, se castigará como cohecho.

Como una documentación completa del trabajo de su despacho no es posible por vías legales gracias al secreto profesional –lo más que ha publicado el boletín judicial es que Diego tiene dos juicios en contra por parte de Inmobiliaria y Comercial Beth, derivados de un contrato de arrendamiento– a Fernández de Cevallos se le solicitó una entrevista en su oficina del Senado, donde dijo que ahí no atendía asuntos de su despacho.

El caso de Diego no es aislado. El y Hamdan forman parte de un grupo de legisladores que desde el sexenio de Carlos Salinas tejió el entramado jurídico, sobre todo en materia financiera, que a la postre se relacionó con los casos que llevan en sus despachos, la mayoría en defensa de los grandes intereses económicos. De su grupo son, por ejemplo, los panistas Fernando Gómez Mont o el priísta Salvador Rocha, también abogados-legisladores muy cercanos a Fernández de Cevallos.

El primero –que trabó amistad con El Jefe cuando éste trabajó en el despacho de Felipe Gómez Mont y que luego se unió a su propio despacho– promovió, durante la LV legislatura (de 1991 a 1993, cuando Fernández de Cevallos era coordinador), reformas constitucionales para castigar con mayor severidad la comisión de delitos graves y reducirla o despenalizarla en los no gravosos, como los de cuello blanco. Después de ser contratado, en 1994, como consultor del presidente Ernesto Zedillo y del primer Procurador panista, Antonio Lozano Gracia, Gómez Mont asumió, junto con Rocha Díaz, la defensa legal del banquero Jorge Lankenau.
 
 
 

El círculo de Diego Antonio Lozano Gracia, ex procurador General de la República; el abogado Fernando Gómez Mont, asesor de Ernesto Zedillo;  y con el tamibén litigante y senador Salvador Rocha Díaz

Para Padierna, la relación de Diego con el quebranto bancario –así como la de Hamdan y Fernando Gómez Mont– no es casual–.

"En los documentos (de las auditorías efectuadas por Michael Mackey al Fobaproa) empiezan a aparecer sus nombres o los de sus despachos en defensa de las empresas que habían provocado el quebranto bancario. Los veo por todos lados en la defensa de ciertos intereses", dice en entrevista.

"Son abogados muy capaces e inteligentes, lo cual es indiscutible. Pero, al amparo del poder público, se han hecho millonarios; han obtenido tratos de excepción y se han puesto al servicio de las empresas engordadas por Carlos Salinas de Gortari, ya sea como asesores, consultores o representantes. Tienen muchas relaciones con la Secretaría de Hacienda", agrega.

Padierna y Diego protagonizaron, el 28 de julio de 1999, un ríspido enfrentamiento público en las oficinas generales del PRD, donde dieron una conferencia de prensa en la que la primera explicó la participación de Fernández de Cevallos como representante de Inverworld.

Ahí, la diputada y dirigente perredista leyó un comunicado en el que preguntó: "¿Es éticamente aceptable para un abogado, político, panista, aceptar encargos profesionales de esa naturaleza? ¿Cómo fue que compitió por la Presidencia de la República y ofreció combatir la corrupción, si por otro lado la defiende?"

Diego, según narraron las crónicas periodísticas, "con su acostumbrado tono de voz", tomó la palabra y dijo que entregó a su acusadora documentos que probaban que no estaba implicado en ninguna irregularidad, y que cuando Padierna le extendió parte del expediente de Aeroméxico, El Jefe lo aceptó, lo aventó a su lado y siguió adelante con sus justificaciones.

"Estoy como hombre, como ciudadano y como político, satisfecho de lo que he hecho", resumió Diego Fernández de Cevallos, según la crónica de La Jornada.

Juan Velázquez, contemporáneo de Diego desde que éste era pasante, penalista y también abogado del círculo salinista, dice, "sin personalizar en Diego", que es muy difícil que los servidores públicos o que "los abogados con vocación legislativa" puedan evitar usar su influencia política en su ejercicio público.

"Aun cuando quisieran –dice– a los funcionarios les es muy difícil distanciarse de su carácter público y del poder y la influencia que representan, como para volverse litigantes normales".

En entrevista, Velázquez –que cuida cada una de sus palabras– dice que si bien reconoce que el círculo de Diego –en el que ubica a Gómez Mont y a Salvador Rocha– son "íntegros, competentes, feroces como litigantes", ciertamente tienen una "clara ventaja al mezclar su carácter público con su ejercicio privado".

Por eso, opina, debería obligarse a los servidores públicos a atender exclusivamente su función pública. "Porque yo he asistido a los juicios como Juan Velázquez simplemente, y ellos con sus muy famosos nombres privados y además con un cargo público. Es evidente que a algunos funcionarios judiciales les pesa en el ánimo al momento de juzgar".

Y no puede hablarse de un hecho ilegal, dice. "Pero es indiscutible que la función legislativa incide en el litigio aun y cuando el funcionario lo quiera evitar, aun cuando no se ostente como tal; pero son personajes públicos, mientras que sus contrapartes son privados. Ellos, como funcionarios, pues tienen acceso fácil a los demás funcionarios públicos, muy ajenos a los particulares", cierra el abogado.