Elevar el número de magistrados
del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE),
aumentar a tres los integrantes de la Sala Laboral-Burocrática,
declarar la inexistencia del nombramiento de los
magistrados de las salas de nueva creación, constituir
el Tribunal LaboralBurocrático -que funcione de manera
independiente del pleno-, y conformar el Tribunal
Electoral Administrativo son algunas de las sugerencias
hechas por la Dirección Jurídica del Congreso local
para tratar de solucionar el conflicto que prevalece en
el Poder Judicial.
El documento entregado el pasado fin de semana -y copia
del cual obtuvo La Jornada de Oriente- a 30 de 32
diputados locales, consta de ocho páginas. En dicho
texto el director Jurídico de la LVII Legislatura del
estado, Arturo Montiel Márquez plantea someramente los
diferentes escenarios, positivos y negativos, que podría
darse en caso de que sus sugerencias llegaran a tomarse
en cuenta para resolver ese problema.
De acuerdo con varios diputados consultados al respecto,
estas sugerencias servirían de base para que los
integrantes de la LVII Legislatura local busquen los
consensos necesarios que les permitan elaboran una
propuesta única y definitiva para terminar con las
pugnas por el poder que protagonizan los magistrados
Rufino Mendieta Cuapio y Hugo Morales Alanís.
En el documento denominado "Análisis técnicojurídico
de la problemática que enfrenta el Poder Judicial del
estado de Tlaxcala", Montiel Márquez -apoyado por
cinco de sus auxiliares- revisa el marco jurídico
referencial, los antecedentes del conflicto, hace un
planteamiento del problema, analiza los factores de
incidencia y plantea las alternativas de solución. Antecedentes
A la par de la renovación del Poder Judicial -en
enero del presente año- fueron creadas tres nuevas salas:
de lo Familiar, LaboralBurocrática y
ElectoralAdministrativa.
Sobre este punto, el director Jurídico reflexiona:
"el Ejecutivo estatal hace valer su derecho de
proponer a los magistrados propietarios y suplentes que
ocuparán las salas de nueva creación de acuerdo con lo
que expresa el artículo séptimo transitorio de la
Constitución reformada".
Y advierte: "si bien es cierto que la fracción
XXVII del artículo 54 establece como facultad del
Congreso del estado designar a los magistrados (...) en
dicha Constitución no se establece cuál será el
mecanismo a seguir para designar a los magistrados".
Sobre la designación de Rufino Mendieta Cuapio como
presidente del TSJE se advierte que ésta fue ilegítima,
pues a partir del 1 de febrero se han derivado
enfrentamientos por parte de dos grupos de magistrados y
se han signado varios escritos dirigidos al Poder
Legislativo en los que solicitan:
-Juicio político en contra de los magistrados Rufino
Mendieta Cuapio, Mariano Reyes Landa, Silvestre Lara
Amador y José Juan Temoltzin Durante.
-Se ha presentado denuncias ante la Procuraduría General
de Justicia del Estado en contra de los magistrados
Rufino Mendieta Cuapio y Mariano Reyes Landa por los
delitos de ejercicio indebido de funciones públicas.
-Al magistrado José Juan Temoltzin Durante por el delito
de robo.
-En las denuncias no escapa ningún integrante del
Tribunal Superior de Justicia.
-Aunado a eso, hay órdenes por parte de la juez de
Distrito para que el pleno se reúna y pueda conocer de
la excusa planteada en contra del magistrado Luis Quiháhuatl
Hernández, dentro del juicio de garantías 401/20021
promovido por Alfredo García Baltasar. Situación que ha
desbordado (sic) en convocatorias emitidas por quien se
ostenta como presidente del TSJE para que se reúna el
pleno, recibiendo contestación por parte del grupo que
no lo reconoce que no asistirán a ninguna reunión que
sea convocada por aquél con carácter de presidente.
-Un grupo desconoce a la secretaria general de acuerdos,
Alejandra Martínez Jiménez porque argumentan que su
nombramiento no es legal, y por lo tanto su actuación
carece de legitimidad y sus actos son nulos.
Con relación a la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica
del Poder Judicial del estado, la Dirección Jurídica
del Congreso local hace referencia al principio universal
de derecho que advierte sobre la supremacía
constitucional; es decir, que toda norma secundaria debe
ajustarse a la norma suprema. Entonces, valida que el
TSJE esté integrado por 13 magistrados, a pesar de que
la Ley Orgánica del Poder Judicial establezca que sean
14 magistrados propietarios y tres supernumerarios.
El planteamiento que hace del problema es éste: la
incorrecta interpretación de la ley devino en la falta
de legitimación de magistrados y del presidente del
tribunal, así como en la postura radical de los dos
grupos, y ello ha repercutido en el entorpecimiento en la
administración de la justicia y, por ende, en actos
violatorios a las garantías individuales de la ciudadanía,
por una parte, y por la otra en hechos ilegales.
Los factores de incidencia en este conflicto son: los
poderes Ejecutivo y Legislativo, los medios de comunicación,
las asociaciones de abogados tlaxcaltecas, el clero político,
las agrupaciones empresariales y sindicales, así como la
sociedad en general.
Con base en ese panorama, Arturo Montiel Márquez sugiere
a los diputados: elevar de 14 a 16 el número de
magistrados, previa reforma a la Ley Orgánica del Poder
Judicial "haciendo los ajustes respectivos, elevando
a tres magistrados en la Sala LaboralBurocrática, en
lugar de uno, para que tengan representatividad las
entidades públicas y los trabajadores de las mismas".
Los beneficios serían "la solución del conflicto,
habría rapidez en la sustanciación de los expedientes y
eficiencia en el trabajo"; en contraparte, se
denotaría una clara "ausencia de voluntad política,
el impacto social sería mínimos y el Poder Legislativo
se vería minimizado en su actuar, lo que implicaría un
desgaste a la imagen de éste".
Además se recomienda la desaparición de la Sala
ElectoralAdministrativa, la creación de un Tribunal
Electoral con tres magistrados y la exclusión para
formar parte del pleno del TSJE. Si se llegara a aprobar
esta sugerencia, se daría "el fortalecimiento del
Estado de derecho, virar (sic) los asuntos laborales a la
luz del derecho constitucional, la toma de decisiones de
manera colegiada". Pero además se correría el
riesgo de generar una nueva inconformidad entre los
magistrados por la creación del nuevo tribunal.
La creación del Tribunal ElectoralAdministrativo supondría
el fortalecimiento de una nueva cultural electoral,
garantizaría la certeza en los comicios y tendría
independencia del pleno del TSJE, a cambio de violentar
el principio de unidad jurisdiccional.
Sobre la inexistencia de nombramientos, se propone
renovar el proceso según lo establecido en la legislación
correspondiente, lo que permitiría la solución del
conflicto, el desmembramiento de los grupos antagónicos
y se dotaría de credibilidad al Poder Judicial; sin
embargo, se advierte sobre el riesgo de tensar el
ambiente sociopolítico, la promoción de amparos y se
daría paso a la incertidumbre jurídica.
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