Por la privatización, también la SCT está implicada
Comisión de competencia investigará prácticas monopólicas de TFM
DAVID ZUÑIGA
La Comisión Federal de Competencia (CFC) reconoció que la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales) dio lugar al surgimiento de un monopolio privado que viola la ley e impide la competencia en el sector. Al respecto, anunció que esta semana comenzará una investigación de oficio en contra de Transportación Ferroviaria Mexicana (TFM) por incurrir en prácticas monopólicas mediante discriminación de precios.
La CFC detalló que TFM concentra más de 50 por ciento del tráfico de carga y domina algunas zonas, lo cual viola la Ley Federal de Competencia Económica.
La dependencia ya envío a TFM cuestionarios para que proporcione datos e información sobre precios, rutas, tráfico y negociaciones con otras compañías y también pidió información a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dependencia que se encargó de la privatización de los ferrocarriles, sobre la aplicación de cuotas y asignación de rutas, ya que podría estar directamente involucrada en la creación de los monopolios regionales.
La empresa y la SCT tendrán 60 días para entregar los datos a la comisión, que posteriormente llamará a las partes para precisar y ampliar la información.
La CFC asegura tener en su poder un expediente elaborado por el despacho Serra y Asociados, en el cual se demuestra que el grupo TMM, al cual pertenece Transportación Ferroviaria Mexicana, controla el transporte multimodal de carga en México, pues posee terminales de contenedores, líneas ferroviarias y autotransporte de carga, lo cual le permite imponer tarifas.
En 2000 TFM intentó comprar Ferrosur, que administra el tramo México-Veracruz, pero la CFC rechazó la solicitud por considerar que se crearía otro monopolio en esa vía. Luego TFM le solicitó a Comunicaciones y Transportes que aplicara cuotas por derechos de paso en las zonas donde se interconectaran líneas ferroviarias distintas y la dependencia fijó una de 4.42 pesos. Esto no le pareció suficiente a la empresa, que se inconformó y demandó una cuota de 7.70 pesos, a pesar de que la tarifa es 300 por ciento superior al promedio de la que se aplica en Estados Unidos.
