Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Martes 13 de agosto de 2002
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El titular de SP también ha cambiado 2 veces de domicilio; rechazan reforzar su seguridad personal

El alcalde de Neza muda residencia por tercera vez; teme que narcos lo asesinen

El PRD acusa de desacato al diputado Antonio Cabello; en 15 días se decidirá si es expulsado

RENE RAMON CORRESPONSAL

Nezahualcoyotl, Mex., 12 de agosto. El alcalde Héctor Bautista ha debido cambiar su residencia particular en tres ocasiones, y su director de Seguridad Pública Carlos Ernesto García en dos, ante el temor de ser ejecutados por narcotraficantes que han visto amenazadas sus actividades por la labor de los funcionarios. Pese a esta situación, Bautista y García se niegan a contar con un grupo de escoltas.

El presidente municipal indicó en entrevista que su oposición a reforzar su seguridad personal se debe a que "en muchas ocasiones, los elementos asignados son fáciles de coptar por la mafia o los interesados en encargar un asesinato".

Abundó que vive "en la incertidumbre", si bien ya empezó a acostumbrarse a viajar en su camioneta blindada, así como a cambiar constantemente de domicilio y de números telefónicos personales.

Luego que se enteró del asesinato de Jorge Fernández Vázquez, comandante de Operaciones de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, muerto a balazos el pasado 6 de agosto, supuestamente contemplado en una lista negra de narcotraficantes, Bautista únicamente reforzó la seguridad en el palacio municipal.

A su vez Carlos Ernesto García, director de Seguridad Pública Municipal, dio a conocer que en dos ocasiones ha cambiado de domicilio, pero reiteró que se mantiene en sus funciones al frente de la policía local.

En la lista de siete personas que serían asesinadas, cuya existencia han negado la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno de la ciudad de México, sólo quedarían con vida García, el alcalde de Nezahualcóyotl y Federico Piña, coordinador de Seguridad Pública en la delegación Iztapalapa del Distrito Federal, quien sufrió un atentado en el que murió un miembro de su escolta.

También habrían estado acotados en la presunta relación de blancos de narcotraficantes los ahora occisos Guillermo Robles Liceaga, ex director de Operaciones Mixtas de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina; Mario Roldán Quirino, director de Asuntos Federales y Relevantes de la PGR; Nicolás Humberto del Aguila Jiménez, agente de la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos contra la Salud y el arriba mencionado Fernández Vázquez.

Caso Cabello

En otro contexto, las directivas nacional y estatal del PRD acusaron de desacato a la Declaración de Principios y Acuerdos Nacionales del Congreso perredista al diputado local Antonio Cabello Sánchez, a quien este fin de semana se le revocaron sus derechos como militante, por aprobar con su voto la cuenta pública del gobernador Arturo Montiel Rojas correspondiente a 2001. De esta forma, se pretendió evitar que el legislador recurriera al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con intención de que se le revocara la sanción.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de la Revolución Democrática concedió una garantía de audiencia al legislador, quien ofreció argumentos para sustentar su actuación, y durante los próximos 15 días se determinará si se le expulsa del sol azteca.

El diputado por Nezahualcóyotl aseguró al CEN perredista que su voto fue "de conciencia", y sostuvo que la Constitución Política y la Ley Orgánica del estado de México facultan a los diputados para dar un voto razonado, producto "del sentir" de los ciudadanos y no el de su partido.

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