Luis Linares Zapata
Finanzas para un gobierno precario
En los círculos de las decisiones que bien pueden trascender y afectar a millones casi nadie duda hoy de la penuria financiera del gobierno. Un hecho diario, constatable aun hasta para distraídos o irresponsables. Pero, para infortunio de los demás que de tales actos dependen, lo que se hace para remediarla es poco e incompleto en sus trazos conceptuales, en su justicia y aplicación cotidiana. La conciencia de las elites es más que clara y reconoce la necesidad de contar con mayores recursos para hacerle frente a los desafíos del desarrollo. Sin embrago, los intereses que se mueven entre ellas no dejan espacio para concretar tan ingrata tarea. No recuerdo, fuera de la valentía que se requirió para nacionalizar la industria petrolera del país, un acopio de voluntad y aventura parecida a la que se requiere para aumentar los ingresos de la hacienda pública. Se trata de situarlos por encima de 25 por ciento del PIB (a partir del escuálido 11 por ciento actual) para que puedan atenderse las urgencias que el crecimiento demanda. Y, para hacerlo, hay que afectar ásperos núcleos de poder, todos ellos con capacidad de maniobra y palancas formidables, tanto de los controladores del capital como de la crítica, la intelectualidad y los que esgrimen las atrincheradas burocracias de los partidos políticos. Enfrentar el enojo popular por el incremento impositivo, aunque sea menor en volumen o proporción, es tan difícil como resistir el embate de aquellos que se apropian de la mayor tajada de la riqueza generada por la fábrica nacional.
Los riesgos de contrariar al electorado son mayúsculos, sobre todo cuando la competencia por el favor y las preferencias partidarias arrecia con la cercanía de la temporada electoral. Y, para la causa impositiva, en verdad todo tiempo parece ser tan inconveniente como el de las urnas y las encuestas de la esquiva popularidad. Pero hay otros valores que se tienen que considerar y, también, adicionales y variadas conveniencias para los ciudadanos. La principal motivación para incrementar impuestos proviene de la evidencia, bien probada por la realidad, del impacto benéfico que los mayores ingresos públicos tienen en la promoción de los negocios personales o de grupo. Pero, además, porque aseguran mejores niveles de vida, facilitan la convivencia organizada y posibilitan prever y aprovechar las inversiones en capital humano en distintos plazos de maduración. A medida que aumenta la riqueza de la hacienda colectiva, la fluidez de los apoyos y la calidad de los bienes públicos multiplican las oportunidades de desarrollo. No hay mejorías gratuitas, menos aún mágicas o milagrosas.
La actual generación de dirigentes tiene la ineludible obligación de finiquitar la pobreza presupuestal del gobierno. Que las limitantes de recursos no sean más el argumento predilecto de políticos y funcionarios para dejar de cumplir con sus responsabilidades y encomendarles a otros, internos y del exterior, la tarea. Terminar también, con la malsana, ingrata, injusta costumbre de emplear los recursos no renovables del petróleo para paliar desagradables efectos de la estrechez gubernamental y la irresponsabilidad de dirigentes. O, lo que es peor, permitir las fugas, la elusión, el fraude, la incapacidad administrativa de Hacienda o la malsana tendencia a caer en blandito que las actuales generaciones ejercitan a costa de lo que las futuras van a exigir.
En el México de hoy se debaten cuestiones que requieren, con premura, modificar el volumen de recursos del erario para hacerles frente. Las transformaciones a la estructura productiva no pueden esperar, y dilatarlas conlleva elevados castigos, más aún para el mañana. Están, por ejemplo, atoradas las reformas (la energética y eléctrica), que demandan masivas cantidades de dinero para financiarlas. Pero hay otros compromisos que se antojan indetenibles, que ya presentan síntomas de deterioro y acumulan pasivos gigantescos que lastrarán, como el Fobaproa, las disponibilidades futuras de la República, aunque no se les reconozca y se les trate de ocultar. La seguridad social (pensiones y salud) es uno de ellos. Otro lo forma el estado de decaimiento del campo, así como la fatiga en sus derivaciones industriales, que han llegado a niveles de crisis, pues pone en riesgo la continuidad de la llamada soberanía alimentaria. Actividades básicas para mantener funcionando, como entidad efectiva, eso que se llama Estado nacional y que, en su versión moderna, arranca a partir de la revolución. Discutir acerca de la manera en que se financiará el desarrollo es un tema, el crucial, de la actualidad. La CFE y Pemex no son sólo dos grandes empresas que, con todo y sus variados defectos, los mexicanos han cimentado. Son los pilares en que se apoya la identidad que tan cara ha costado. Son las impulsoras de eso que se llama la fábrica nacional. Las palancas por medio de las cuales se entrará a la globalidad. Sin su posesión y control en manos propias, las posibilidades de influir o diseñar el presente y futuro quedarán anegadas por la ambición del poder externo. Y todo estos propósitos de independencia, de afianzamiento como seres productivos y creadores de lo propio dependen de entrarle, con decisión y espíritu justiciero, a la ingrata tarea de dotar al gobierno y a las empresas públicas de los haberes que ya no pueden dilatarse más.
