El error

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia indígena es no sólo un monumental error jurídico, sino una equivocación histórica que tendrá graves consecuencias para el país.

1. La decisión de la Corte de declarar, por ocho votos a tres, improcedentes las controversias presentadas por 330 municipios contra las modificaciones constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas (7 de septiembre de 2002), no constituye un fallo jurídico, sino político, que además evidencia un craso error jurídico. El fallo, invocando los artículos 103 y 105, afirma nada menos que la Corte no tiene facultades para examinar los argumentos planteados, con lo que se niega a sí misma, ya que la facultad esencial que tiene en el marco constitucional definido en 1994 es precisamente la de velar por la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración .

2. Los señores ministros, de haber asumido su responsabilidad histórica, podrían haber elevado con este fallo al Poder Judicial al rango de un verdadero poder, pero lejos de ello prefirieron acudir al rescate del gobierno, sin darse cuenta de que lo que están haciendo es hundirlo. La SCJN actuó como lo que es: la Corte del antiguo régimen, y los señores ministros como lo que son: oscuros licenciados en derecho, individuos poca cosa, empleaditos del gobierno, como lo habían hecho en su también famoso fallo sobre el anatocismo en 2000.

3. La negativa de la SCJN a pronunciarse sobre el procedimiento viciado que llevó a la aprobación de la contrarreforma constitucional en materia indígena, aduciendo que no tiene competencia para ello, ya que "el Organo Reformador" de la Constitución "no es susceptible de ningún control judicial", es una falacia. La Constitución mexicana se modifica, conforme al artículo 135, no por "un órgano", como dice la Corte en su fallo equivocado, o por "un Poder Constituyente Permanente", como decía Felipe Tena Ramírez (conceptos que no figuran en la Constitución), sino mediante un procedimiento o mecanismo en el que intervienen dos tipos de poderes constituidos: las cámaras federales y las legislaturas locales. Los que por ningún motivo configuran un órgano superior a la Corte, como pretenden los ministros, y que en consecuencia sí son susceptibles de un control constitucional.

4. La negativa de la Corte a analizar el fondo de la cuestión, es decir el contenido de los artículos modificados, es una decisión todavía más grave, pues con ella los ministros se negaron a cumplir la que es una de sus funciones centrales: la de velar por la constitucionalidad de las leyes y, como era éste el caso, determinar si una modificación constitucional no limita o coarta derechos existentes o entra en contradicción con otros principios constitucionales o con el espíritu mismo de la Constitución. Las modificaciones a la Constitución de 2001 lejos de consagrar los derechos de los pueblos indios en términos de lo que es un consenso internacional y conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito por México, y que fue la base de los acuerdos de San Andrés, buscaron reducirlos en múltiples aspectos, y en otros relegaron a las constituciones locales lo que es por esencia materia federal, y eso fue lo que los señores ministros se negaron a ver.

5. El principal responsable del caos institucional y del malestar social que vive el país es, sin embargo, Vicente Fox, como lo muestra este caso, y no solamente por las presiones que pueda haber hecho el gobierno a los integrantes de la SCJN, sino por la forma en la que desde Los Pinos se orquestó este proceso de cambios constitucionales, cuya desastrosa situación actual, en lo jurídico y en lo político, no es consecuencia de la impericia política o de la ignorancia en materia legal de Fox y de sus amigos, sino de algo que caracteriza muy abiertamente a su gobierno además de su sumisión a Washington: la mala fe.

6. La responsabilidad histórica de Fox en la contrarreforma indígena no puede ya ocultarse, pues luego de que durante su larga campaña electoral una y otra vez se comprometió ante los pueblos indios a la aprobación de la ley Cocopa, ya en el gobierno con muy poca hombría hizo hasta lo indecible para que no pasase, traicionando sus ofrecimientos como candidato. Fox se negó en 2000 a tratar la aprobación de la reforma con los legisladores, incluyendo a los de su propio partido, y fue él quien la envió al Senado, no para que la ratificase como suya (ya que había sido redactada por los propios legisladores en 1996), sino para que la modificara como se lo solicitó por escrito, y por eso no llamó la atención que hubiese aplaudido la aprobación de los cambios, a sabiendas de que configuraban una verdadera contrarreforma en la materia. A nadie sorprende por lo mismo que Juan de Dios Castro (abogado de la Presidencia) festeje ahora como pocos el fallo de la Corte y declare entusiasmado a La Jornada que "ahora sí funcionan las instituciones" (11 de septiembre).

7. La realidad es, sin embargo, que las instituciones no funcionan, y la Corte es un triste ejemplo de esa degradación de la vida pública de la que nadie quiere ser responsable. El país, lejos de vivir un tránsito a la democracia y al establecimiento de un régimen de derecho, está sufriendo regresiones en todos los órdenes, como demuestra este episodio. El aval de la SCJN a la contrarreforma indígena del foxismo marca uno de los niveles más bajos de la vida institucional de México, pero en Los Pinos no parecen darse cuenta de ello, creyendo que con el fallo eluden su responsabilidad en lo que viene.

8. La pretensión del gobierno de lograr someter al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a los pueblos indios y a amplios sectores de la sociedad con esta contrarreforma "legalizada" se está saldando, como era de suponerse, por el fracaso más absoluto, como se ve con las reacciones que se han producido, y que entre otras cosas hacen ver que es inviable cualquier "reforma de la reforma", que ahora pretenden proponer tanto Fox como un grupo de perredistas extraviados, todos los cuales se olvidan de que hay pendiente un proceso de paz y que éste depende de algo muy sencillo: el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, que obligan al Ejecutivo y al Legislativo.

9. El mensaje que se ha recibido luego del fallo de la SCJN es muy claro, y lo están repitiendo en todos los tonos los manifestantes que se expresan de manera cada vez más airada en múltiples regiones del país: en México no existe un régimen de legalidad, y Fox, heredero del priísmo en descomposición, está impulsando una reconversión del Estado que está anteponiendo los privilegios de las multinacionales a los derechos de los mexicanos, y ahí están los paramilitares para evidenciarlo.

10. El fallo, que debería haber dado certeza jurídica, lejos de ello, confirma a todos que en el gobierno de los empresarios no hay tampoco legalidad, y que desde abajo debe hacerse un enorme esfuerzo por construirla.