El especialista en asuntos rurales, Peter Rosset, hace un recorrido por la historia reciente de la política agraria estadunidense y cómo su aplicación ha repercutido en el mundo.
Han pasado 30 años desde que los poderosos del país vecino acordaron que la producción de granos básicos sería uno de los puntos claves para mantener la tambaleante hegemonía económica de Estados Unidos.
¿El resultado? Millones de agricultores expulsados del campo en todo el mundo, precios agrícolas por debajo del costo de producción y dos comercializadoras que controlan más de la mitad del comercio de granos en el planeta.
Las reglas del juego que llevaron a este catastrófico panorama corren el riesgo de quedar “fijadas, selladas en cemento” en septiembre de 2003 en Cancún, cuando los ministros en la OMC firmen el acuerdo de agricultura. “Si se arma una especie de Seattle –dice Rosset–, se podría descarrilar el tren de la OMC. La sociedad civil mexicana tiene una responsabilidad histórica”

PETER ROSSET, codirector del Institute for Food and Development Policy –mejor conocido como Food First–, con un doctorado por la Universidad de Michigan, platicó con Masiosare sobre un tema que le apasiona: la agricultura y la alimentación mundial.

Rosset explica con una enorme facilidad asuntos que podrían resultar difíciles de comprender –política de precios bajos, mecanismos de subsidios–; recurre a ejemplos; tiene la virtud de no quedarse volando en la estratósfera conceptual, como le ocurre con frecuencia a los académicos acostumbrados a sólo compartir sus opiniones con colegas en simposios. Quizá el lenguaje sencillo y claro del también activista sea fruto obligado de sus participaciones en innumerables reuniones con campesinos de Brasil, México e India, entre otros países.

Corría el año de 1973 y Richard Nixon gobernaba Estados Unidos. Un preocupado grupo de la cúpula del poder estadunidense se juntó para hacer un análisis de los siguientes 50 años. Estados Unidos estaba perdiendo su supremacía económica mundial. Las empresas electrónicas japonesas ya superaban a las estadunidenses, y Europa ya le hacía una digna competencia a la industria automotriz del vecino país del norte.

El asunto a tratar en aquellas reuniones, cuenta Peter Rosset, era en qué productos iba a destacar Estados Unidos para evitar perder la hegemonía que ya se le deslizaba por los dedos. Los líderes acordaron poner todos los huevos en tres canastas: las armas (sólo necesitaban asegurarse de que hubiera suficientes conflictos bélicos que alimentar), las patentes y los granos básicos (Estados Unidos posee “prácticamente los suelos de temporada más fértiles del mundo y la maquinaria agrícola más poderosa”).

A partir de estas juntas, “se reformularon las políticas del sector agropecuario en función de promover la exportación y de capturar el mercado de otros países para las empresas comercializadoras estadunidenses”. Así comenzó el dominio de transnacionales como Cargill y Archers Daniels Midland (ADM) –estas dos controlan más de la mitad del comercio mundial de granos–.

Así, a partir de la administración Nixon, el modelo agrícola es el siguiente: hacia el exterior, “Estados Unidos trata de imponer la reducción de las barreras arancelarias de otros países y abrir los mercados a los productos estadunidenses” a través de los mecanismos de ajuste estructural del Banco Mundial y del FMI (préstamos a cambio de apertura de mercados), y también a través de las negociaciones del GATT y posteriormente de la OMC. En la negociación del TLC “prevalece la misma lógica”, así como con la del ALCA.

Pero no basta con abrir mercados. Se requiere de “un producto tan competitivo que los mercados locales no puedan competir con él”. Así, la otra parte de la estrategia es la política interna de precios bajos. “Se arma una estructura de subsidios para garantizar un precio extremadamente bajo para las materias primas, de tal manera que las empresas tienen el lujo de que pueden comprar, por ejemplo, el grano básico, a un precio por debajo del costo de producción”, dice Rosset. Y da un par de cifras: Cargill compra el maíz y lo vende en el mercado global a un precio 20% inferior a lo que cuesta producirlo. El caso del trigo es aún más impresionante: lo compran y venden a un precio 40% por debajo del costo de producción.

No es difícil entender por qué México y Guatemala dejaron de ser productores de trigo.

La política agraria estadunidense no sólo causa estragos al exterior de ese país. Una política desigual de subsidios, que recompensa infinitamente más al productor grande que al pequeño ha provocado que “el productor familiar en Estados Unidos sea una especie en extinción, ya que el precio que recibe por su cosecha está por debajo de su costo de producción; y en cambio, los grandes productores reciben un subsidio que muchas veces es mayor que su ingreso total por la venta de su cosecha”. El promedio global de subsidio es de 20 mil dólares por productor, pero hay quienes reciben sólo 400 dólares y otros que obtienen 500 mil al año.

Millones de agricultores se han ido a la quiebra en los últimos años, lo cual ha generado “una expulsión masiva de pequeños agricultores en Estados Unidos y el resto del mundo”.

Quienes ganan con una política de precios bajos son las grandes comercializadoras que compran barato y arrasan con el mercado en otros países porque los productores locales no pueden competir con el bajísimo precio al que ofrecen el producto. O sea, en lenguaje de economistas: realizan prácticas de dumping.

Peter Rosset ilustra lo anterior con el caso de México: entre 1982 y 1998, según datos del investigador de El Colegio de México, Alejandro Nadal, el precio del maíz cayó en 50%, y de 1999 a la fecha cayó un adicional 33%.
 
 

Candil de la calle... La reciente aprobación de la US Farm Bill causó revuelo. Y es que esta ley agrícola (que recoge el conjunto de políticas del sector campo y es renovada cada cinco años) contradice el discurso que Estados Unidos ha pregonado en todas las negociaciones comerciales: ¡Abajo los subsidios, fuera barreras!

La Farm Bill “aumenta el gasto promedio de los subsidios en 80%. Sí es algo peor, pero no es algo nuevo, es más de lo mismo”, dice el investigador.

Durante las negociaciones del ALCA y la OMC, Estados Unidos argumentó que ningún país debe tener subvenciones o precios de soporte para su agricultura o barreras a la importación porque distorsiona el mercado. Pero, al renovar su Ley Agraria, no sólo mantuvo los subsidios (en la anterior ley se había comprometido a eliminarlos en un periodo de siete años), sino que además los incrementó enormemente.

Para el agroecologista, lo positivo del asunto radica en que Estados Unidos perdió credibilidad ante otras naciones. “Los gobiernos habían estado como servidores fieles, haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos; (las autoridades de) Argentina, Chile, Uruguay, repetían todo lo que decía Estados Unidos. Ahora que este país hace lo opuesto de su retórica, sienten como si el patrón les hubiera dado una cachetada. Esto desestabiliza las negociaciones, abre una gran oportunidad para la sociedad civil que en casi todos los países está en contra del ALCA y la OMC”.

Aunque, añade Rosset, un factor a tomar en cuenta es el miedo que la mayoría de las naciones tiene a las represalias económicas y políticas de Estados Unidos. A veces “no es que crean en las palabras, el problema es el palo”.

Si bien con el ALCA y la OMC Estados Unidos busca lo mismo que a través del Banco Mundial y del FMI (“mantener la hegemonía económica en el mundo exportando productos agrícolas; abriendo los mercados de otros países y derribando sus barreras”), hay una notable diferencia: “Una cosa es que hagas un acuerdo de ajuste estructural con el Banco Mundial, un acuerdo así es reversible; un día dices ‘ya no quiero’, y lo peor que pasa es que el Banco te retira el préstamo; pero un tratado es irreversible, tiene peso de derecho constitucional o incluso por encima de la Constitución”.

El activista lo resume así: “Lo que hizo el ajuste estructural fue abrir la puerta; ahora, con el ALCA se va a poner un candado, pero en posición abierta para que no se pueda cerrar... o incluso se va a arrancar la puerta para dejar las economías abiertas para siempre, para que esos grandes depredadores, que eso es lo que son las transnacionales comercializadoras de granos, puedan capturar esos mercados y ya nunca más soltarlos. Es como poner en cemento, en fijo, el modelo: el mercado va a pertenecer a las grandes comercializadoras”.

El panorama para los productores locales es sombrío: “No hay espacio en los mercados locales para los productores locales, que se tienen que ir a las ciudades, a Estados Unidos”.

En vista de que las metas agrícolas de las comercializadoras y del gobierno son las mismas, ¿quiénes mejor que los empresarios para representar al país vecino en las negociaciones de los acuerdos?

Pongamos, por ejemplo, el caso de la Ley de Crecimiento y Oportunidad para Africa, firmado entre este continente y Estados Unidos. ¿Quién redactó la cláusula agrícola? El abogado de Cargill, quien lo entregó a los funcionarios estadunidenses y estos “ni siquiera le cambiaron una coma”, cuenta Peter Rosset.

“A cualquier negociación, Estados Unidos lleva la delegación más grande y la mayor parte son representantes del sector privado”, dice el investigador. “Básicamente, estas empresas son las que redactan el texto para estos acuerdos, a través de una casi ficción llamada gobierno de Estados Unidos, el cual más bien es un representante comercial”.

“Estuve en la FAO, en Roma”, sigue Rosset, “y en el Codex Alimentarius (la agencia que regula la calidad de los alimentos en la OMS) cada país tenía una representación, pues al representante de Estados Unidos le decían el representante de Monsanto (transnacional biotecnológica). Así de obvio”.

El panorama, para nuestro país, es poco alentador.

El precio del maíz cayó estrepitosamente “en parte por la puesta en práctica del TLCAN y en parte por su no aplicación”, dice Rosset. En el TLCAN se establecía que el precio iba a caer en el transcurso de los primeros 15 años, pero “hizo toda la caída en los primeros dos; la realidad es peor que el TLCAN. No sé si sea la mordida o qué, pero los funcionarios están tan entusiasmados con las importaciones, que permiten más de lo que permite el TLCAN”.

Hoy, México importa del vecino país del norte el 25% del maíz que consume. Si mañana el gobierno estadunidense se enojase con la administración de nuestro país y decidiese cortar de tajo el flujo de maíz a territorio mexicano, “a corto plazo habría una escasez de este grano porque el gobierno mexicano ya ha expedido tantas permisos que ha afectado la producción nacional”, explica Rosset.

“A mediano plazo, sin embargo, sería una cosa positiva para el campo mexicano porque habría un rápido repunte, los productores podrían responder con una mejor producción en tan sólo un ciclo agrícola, tendrían un mejor precio, sería un factor buenísimo para devolverle vida económica a las zonas rurales”, asegura el activista. Pero, tras un momento de reflexión, añade: “Sin embargo, el asunto se complica por el monopolio” de los grandes productores y comercializadoras, como Maseca. El monopolio es el verdadero problema detrás de los acuerdos. Cuando hay poder monopólico, las empresas son capaces de distorsionar y capturar los beneficios de las políticas sectoriales”.

Rosset continúa: “Si el gobierno mexicano tuviera una política de subvenciones al sector agrícola, de precios bajos, si se hace en un ambiente de monopolio, el gran productor y comercializador va a buscar la manera de llevarse el grueso del beneficio, de capturar y distorsionar la política a su favor”.

Es por esto que, a juicio del especialista de desarrollo rural, “la lucha campesina y popular en la época de la globalización tiene que ser una lucha antimonopolio”.

Pero, sigue, para obtener frutos en su lucha, los pequeños agricultores necesitan unir fuerzas con otros sectores: “Es la única manera en que pueden tener oportunidad de realmente influir en las políticas”. The National Family Farm Coalition, la más importante coalición campesina estadunidense, “desde hace años hace énfasis en la alianza con los ecologistas, los sindicatos y los consumidores urbanos; sabe que sola no tiene influencia política (el porcentaje de la población en Estados Unidos que labora en el campo es menor al 1%)”.

Hacer alianzas, sí. Pero, ante un panorama catastrófico como el pintado por Rosset, ¿qué alternativa tienen los campesinos del mundo?

“La posición de los campesinos en todo el mundo es: hay que sacar la agricultura de los acuerdos comerciales porque está en juego la vida y la soberanía”, contesta el activista. “La agricultura es algo básico, genera los alimentos, los alimentos son la vida, los alimentos no se pueden incluir en el juego comercial. Hay una gran diferencia entre producir maíz y zapatos. Si el maíz es la base de consumo del país y dependes de la superpotencia para tu próxima tortilla, estás poniendo en juego la soberanía y la seguridad nacional”. Y es que, sigue Rosset, el “problema con estos acuerdos es que no permiten que los países diseñen sus propias políticas de acuerdo a sus propias necesidades, que varían de país en país”.

Peter Rosset es cauteloso. “Hay que preguntar qué tan realista es que la sociedad civil pueda lograr que se saque la agricultura de los acuerdos comerciales”. El recién aprobado Farm Bill aporta un atisbo de esperanza es este sentido: “Crea ruptura entre los gobiernos, la cual puede ser aprovechada por los pueblos organizados”.

Además, “el auge del movimiento por la justicia global también da más oportunidad a los pequeños agricultores en su lucha”. Lucha que en el futuro va a tener dos momentos claves: el próximo octubre en Quito, Ecuador, donde se firmaría el ALCA (“hay una convocatoria a una masiva concentración de organizaciones campesinas y populares; se espera que logren una protesta bastante impactante”).

Septiembre de 2003. Cancún, México. Quinta reunión ministerial de la OMC, la más importante hasta la fecha. “Va a ser un parteaguas en el comercio mundial porque se supone que se va a firmar el acuerdo de agricultura –explica Rosset–; si logran firmarlo es una catástrofe para los agricultores en todo el mundo. Sin embargo, ya con las fricciones entre los gobiernos y el auge del movimiento por la justicia global, si se logra armar una especie de Seattle en Cancún, se podría descarrilar el tren de la OMC. Este reto representa una responsabilidad histórica para la sociedad civil mexicana”.