Guadalajara, 6 de
octubre.- Un pronunciamiento "en contra de la agresión conducida
por los Estados Unidos en contra de Irak" ya que es contraria al
derecho internacional y viola los derechos humanos fundamentales, emitieron
las asistentes al Noveno Foro Internacional de la Asociación
para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID por sus siglas en
inglés).
Al dar a conocer sus conclusiones en conferencia de prensa, Lucía
Rayas, Joanna Kerr y Zonny Woods, presidenta y directora ejecutiva de
la AWID, así como directora del foro respectivamente, dijeron
que este pronunciamiento fue consensuado por mil 200 mujeres provenientes
de 100 países.
"Manifestamos nuestra preocupación y la de nuestros grupos
base, quienes estamos alarmadas y nos oponemos a las creciente militarización
de los Estados Unidos y de otros gobiernos alrededor del mundo",
leyó Rayas.
"Urgimos a los Estados Unidos a desistir inmediatamente de continuar
con sus políticas de agresión militar y económica
y lo instamos a colaborar con la comunidad internacional para promover
la paz, los derechos humanos y la justicia económica", concluye
el pronunciamiento.
Joanna Kerr explicó que una discusión no finiquitada en
este foro y a la que se dará seguimiento, se refiere a la conveniencia
o no de celebrar una conferencia de los gobiernos en 2005 para que discutan
los derechos de las mujeres, a diez años de la realizada en Pekín,
China.
"El dilema es si debemos permitir que esta conferencia se desarrolle,
porque hay tantos gobiernos de derecha en el poder en este momento,
que si tienen oportunidad de negociar, quizás negocien el quitarnos
algunos de los derechos", advirtió la directora ejecutiva
de AWID.
Explicó que una de las ideas será realizar la reunión
en el 2005, pero en donde sean las integrantes de la sociedad civil
las que negocien sus derechos "y los gobiernos sean solo observadores,
o si sólo posponemos la Quinta Conferencia Mundial sobre Mujeres
más allá del 2005, cuando tengamos un ambiente mundial
que sea más hospitalario para los derechos de las mujeres".
Falta inversión y falta voluntad
En lo que se refiere a las conclusiones de este foro denominado "Reinventando
la Globalización", Lucía Rayas explicó que
acordaron presionar a los gobiernos para que cumplan los tratados, conferencias,
convenios y pactos internacionales que han ratificado y firmado, con
el objetivo de erradicar pobreza, inequidad, injusticias y desigualdades.
Dijo que muchos gobiernos han evadido esa responsabilidad al no canalizar
recursos o de plano por falta de voluntad política, lo que se
ha agravado porque "ha habido cambios de gobierno, muchos gobiernos
han cambiado hacia la derecha y han dejado de lado estos compromisos
para favorecer proyectos de corte más conservador".
Otra conclusión fue respaldar a las mujeres de Estados Unidos
para que pugnen por frenar el unilateralismo que ha tomado el gobierno
de ese país, buscando llevar "a una retórica en la
que la guerra sería la única solución para que
el mundo se sienta, entre comillas, seguro".
Rayas advirtió que esa "inversión militar ocupa 342
trillones de dólares anuales, que es una cantidad increíble
de recursos, que si se colocaran en inversión y en multilaterales
tipo Naciones Unidas, no tipo organismos financieros, colaborarían
al desarrollo social de los diferentes países de una manera verdadera".
Joanna Kerr resumió que las organizaciones asistentes proseguirán
una campaña a favor de una globalización justa, dirigida
a la paz, pues "pensamos que hay otros medios y otras formas de
resolver los conflictos en el mundo que no requieren el exterminio de
un país o de su población".
En su discurso inaugural del foro, Kerr planteó que los organismos
financieros internacionales como el Banco Mundial (BM) y a la Organización
Mundial del Comercio (OMC), deben rendir cuentas a los movimientos feministas
del mundo y responder por las cargas excesivas que la globalización
les ha impuesto a las mujeres, para que contrarresten esas políticas
que las afectan a ellas principalmente. Reconoció que el BM hace
algunos esfuerzos para tener presente la visión de género,
pero a la OMC "le importa un bledo".
Kerr también reconoció que existen en el mundo mujeres
que se están beneficiando con la globalización, mientras
que otras "apenas sí pueden sobrevivir". Alertó
además sobre el peligro que representa el desarrollo de la tecnología
para los derechos humanos en los próximos años, al precisar
que pondrá a discusión la misma esencia de la humanidad.
En la rueda de prensa añadió que están convencidas
que deben impulsar un liderazgo de transformación, porque los
problemas del mundo no se solucionarán "a menos que las
mujeres sean una parte central del liderazgo de las instituciones financieras
internacionales, de los gobiernos, de los corporativos, de las empresas
y por supuesto de los organismos de la sociedad civil".
Zonny Woods, presidenta de este foro, reiteró a su vez la exigencia
de que los gobiernos cumplan las promesas hechas ante Naciones Unidas
y las convenciones de derechos humanos, "que no han sido respetados,
que no hay la voluntad política de implementarlos y que eso conjuntamente
con el proceso de globalización, que no es justo, nos está
afectando a las mujeres mucho más".
Resaltó la gran hipocresía del gobierno de Estados Unidos,
al haber utilizado para su conveniencia como uno de los pretextos el
salvaguardar los derechos de las mujeres en Afganistán para invadir
ese país, y ahora retoma el tema para justificar la guerra con
Irak.
Cecilia López, exministra de Medio Ambiente en Colombia y excandidata
presidencial, criticó el modelo económico neoliberal,
al señalar que durante más de una década no ha
existido crecimiento sostenido en las naciones y en tanto, "los
países ricos han hecho cosas que no les permiten a los más
pobres, como proteger a sus campesinos, su ahorro interno o su inversión
interna".
Protesta contra fundamentalistas peruanos y marcha
contra la impunidad
La plenaria de la AWID también acordó enviar una carta
abierta a los congresistas de la República del Perú y
a la opinión pública, para protestar por la prohibición
constitucional del aborto.
En la misiva se establece que "la penalización del aborto
no evita que se produzcan 350 mil abortos anualmente y que el aborto
inseguro sea la tercera causa de mortalidad materna. Tampoco evita que
el 25 por ciento de los embarazos no sean deseados".
Se precisa que esta prohibición demuestra como "la injerencia
de sectores fundamentalistas religiosos en la Iglesia Católica
y el poder político vulneran los derechos fundamentales de la
mujere como persona humana" y esos hechos constituyen un peligroso
atentado contra la democracia plural a la que todos aspiramos.
Las asistentes al foro también organizaron y participaron en
una marcha por las principales calles de esta ciudad contra la impunidad,
recordando a las más de 280 mujeres que han sido asesinadas en
Ciudad Juárez, Chihuahua, México.
La exigencia fue para el presidente Vicente Fox Quesada, a quien solicitaron
que cumpla las recomendaciones emitidas por la ONU y por la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el sentido de implementar medidas
preventivas y apoyar técnicamente las investigaciones que permitan
esclarecer esos homicidios.
Ni una muerta más en Juárez
Durante los trabajos del foro, Adriana Carmona López, abogada
de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos (CMDPDH), subrayó que el problema generado por
los más de 280 homicidios contra mujeres en Ciudad Juárez
a partir de 1993 "es de impunidad y de discriminación, ejemplo
de clara negligencia de las autoridades para (realizar) una investigación".
Con el objetivo de globalizar las acciones en contra de la impunidad
por los feminicidios en Ciudad Juárez, se realizó una
sesión durante la cual se aprobó el manifiesto en el que
acordaron solicitar al presidente Vicente Fox Quesada que implemente
una serie de medidas que tengan que ver con la prevención, pero
también que den apoyo técnico a la investigaciones de
esas muertes.
Otra solicitud a Fox Quesada, explicó Ximena Andión Ibáñez,
coordinadora de defensa de la CMDPDH, es que "como parte de la
política exterior, cumpla con las recomendaciones de tres relatores
y un comité de la ONU", quienes han hecho pronunciamientos
muy concretos para pedir que se aplique la justicia en estos casos.
Recordó que el gobierno mexicano ha recibido recomendaciones
de la Alta comisionada de Derechos Humanos, de los relatores de Ejecuciones
Extrajudiciales; de Independencia de Jueces y Abogados y del Comité
Contra la Discriminación hacia las Mujeres, todos dependientes
de la ONU, sin que hayan tenido respuesta.
"El caso de Juárez es paradigmático, porque las consecuencias
que tiene cuando una mujer es desaparecida, el tratamiento judicial
que se le da, es operar bajo el principio de que se fueron con el novio,
pero si reportas desaparecido a un hombre, las líneas de investigación
son narcotráfico o delincuencia organizada", lamentó
Carmona López.
Añadió que lo más preocupante es que las autoridades,
desde 1993 a la fecha, siempre han respondido a las exigencias de justicia
con un doble discurso o de plano atacando a las luchadoras o luchadores
sociales que participan en estos temas.
Carmona López dijo que aunque en muchos casos sí aparecen
elementos de violencia familiar como causa de los asesinatos de mujeres,
la realidad es que ni siquiera estos son castigados con severidad por
las autoridades, pues los tipifican como homicidios simples, imprudenciales,
y como resultado los culpables son sancionados con penalidades muy bajas.
Insistió en que los que primero deben aclararse son aquellos
que presentan un mismo patrón, definidos como homicidios seriales,
pues "llevan una sola manera en que fueron ejecutadas: todas muestran
huellas de abuso sexual, una V en la espalda, son amarradas, les cortan
un pezón a varias de ellas".
En el manifiesto, avalado por las asistentes a la sesión y distribuido
luego a las asistentes en general, se pide globalizar las acciones contra
la impunidad y se advierte que en Ciudad Juárez "no existen
líneas de investigación claras para evitar el secuestro
y los homicidios de las mujeres de Chihuahua", cuando han pasado
más de tres procuradores estatales de justicia y dos gobernadores
-uno panista y otro priísta- y "no existen personas sentenciadas
por estos crímenes, ni servidores públicos investigados
por su negligencia en las investigaciones".