El desalojo violento de un predio ubicado en un área natural protegida de Xochimilco, realizado el viernes pasado por efectivos policiales capitalinos, y las secuelas de este incidente lamentable, ponen en evidencia una vez más el poder de las diversas mafias que operan en la ciudad de México y la necesidad de atajarlas y combatirlas con base en la ley.

La incursión policial en Amalacachico, la violenta resistencia de algunos de los ocupantes de ese predio y el saldo de lesionados -tanto elementos del orden público como colonos- no fue, ciertamente, una acción deseable, pero todas las fuerzas políticas capitalinas admiten que resultaba obligada desde cualquier punto de vista: para hacer respetar la ley, para preservar las menguadas reservas ecológicas del valle de México, para impedir la impunidad en un caso específico de apropiación privada de bienes colectivos y para poner un alto a los fraccionadores ilegales que durante muchas décadas han afectado gravemente el trazo, la lógica y la habitabilidad del Distrito Federal.

Lo anterior no debe tomarse de ninguna manera como justificación de los presuntos excesos y tropelías que pudieran haber cometido algunos de los efectivos policiales que participaron en el operativo. Las autoridades capitalinas deben cumplir puntualmente con su promesa de investigar las quejas que en este sentido formularon algunos de los afectados por el desalojo, así como los señalamientos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Al mismo tiempo, debe exigirse que la procuraduría capitalina formule correctamente los cargos penales que puedan corresponder a quienes agredieron a los elementos del orden y a los fraccionadores, así como investigar, detener y consignar a sus cómplices.

El combate a la delincuencia organizada -es decir, a la mafia- debe realizarse a fondo, independientemente de las instituciones legalmente constituidas en las que pueda cobijarse (partidos, organizaciones religiosas, consorcios empresariales, dependencias públicas, medios informativos) y en todas las actividades ilegales en las cuales se diversifica: narcotráfico, secuestro, robo de vehículos y casas habitación, fraccionamiento fraudulento de tierras, contrabando y piratería, lenocinio y explotación ilegal de giros negros, entre muchas otras.

La sociedad, las autoridades y las fuerzas políticas del país requieren, en el momento presente, de puntos de consenso, y la lucha contra las diversas mafias que afectan y distorsionan el quehacer nacional debe ser uno de ellos, independientemente de tendencias, ideologías y siglas partidistas, y en el más estricto apego a la legalidad, las garantías individuales y los derechos humanos.