Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Miércoles 9 de octubre de 2002
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Política

FONDOS DE CAMPAÑA

Queja ante el juzgado sexto en materia administrativa

Se inconforma la Sección Instructora por la suspensión concedida a Aldana

CAROLINA GOMEZ MENA

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados presentó ante el juzgado sexto en materia administrativa una queja en contra de la suspensión provisional que el juez José Manuel Villeda Ayala le otorgó al senador Ricardo Aldana, para que no se le prive de su fuero como senador mientras no se resuelva la suspensión definitiva que solicitó.

Alrededor de mediodía, los representantes legales de la Sección Instructora entregaron en el citado juzgado un ''informe previo'' que había requerido el impartidor de justicia, e interpusieron el recurso de queja para ''combatir la suspensión provisional otorgada a Aldana''.

Para la Sección Instructora, ''el juez no debió haber otorgado la suspensión provisional, en virtud de que la demanda no contiene los requisitos establecidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo'', además de que ''el acto reclamado no existe''.

El citado artículo menciona que ''... la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes: que la solicite el agraviado; que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público (...) que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto''.

El lunes, el mismo juzgado sexto negó una suspensión provisional solicitada por el tesorero del sindicato petrolero en contra de la Sección Instructora y el proceso que ésta llevará a cabo y que podría desembocar en su eventual desafuero. La suspensión provisional otorgada no impedirá a la comisión legislativa continuar con el juicio en contra de Aldana.

El amparo, cuyo expediente es el 1329/2002-III, demanda protección de la justicia federal en contra de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Esto mediante la declaración de nulidad de la procedencia del juicio político solicitado en su contra por haber participado en un presunto desvío por 640 millones de pesos hacia la campaña de Francisco Labastida.

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