Anuncian acciones de resistencia en defensa del agro a partir del día 12

Piden campesinos posponer apertura total del mercado y frenar importación de alimentos de calidad dudosa

Plantean la ocupación de puentes internacionales y de los principales puertos

MATILDE PEREZ U. Y ANDREA BECERRIL

Cientos de campesinos del país iniciarán a partir del 12 de octubre actos de resistencia y en defensa de un presupuesto suficiente para el agro, y la búsqueda de reuniones con el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Martí Batres, los líderes de las fracciones parlamentarias y los presidentes de las comisiones de Desarrollo Rural y de Agricultura.

Mientras, en el Senado, el coordinador de la bancada del PRI, Enrique Jackson, se comprometió con productores de maíz y cebada a priorizar en la negociación presupuestal de 2003 el apoyo al campo y al combate a la pobreza pese a los limitados recursos con que se habrá de contar para el próximo año. Sostuvo que el Senado pondrá énfasis en la búsqueda de soluciones y alternativas a los problemas de campesinos y productores agrícolas.

José Jacobo Femat, presidente de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp) e integrante del Frente Nacional por la Defensa del Campo, explicó que las movilizaciones se llevarán a cabo en los puentes internacionales de la frontera norte y los principales puertos del país. Es el inicio de la defensa de los derechos campesinos a producir para revertir la dependencia alimentaria, y detener las importaciones de granos transgénicos y de productos agropecuarios que tienen más de tres años congelados. "Los campesinos tienen que hacer sentir su fuerza ante la política que los empobrece, excluye y margina del desarrollo nacional".

El Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDCCh), El Barzón, el Comité en Pro del Mejoramiento del Agro Nacional y el Frente Nacional bloquearán 60 carreteras de Chihuahua durante dos horas, harán un plantón en el puente internacional de Córdoba y realizarán la campaña "sesenta segundos de información sobre el ALCA". Pedro Torres Ochoa y Víctor Quintana, dirigente y asesor del FDCCh, indicaron que la exigencia es que se suspenda durante tres años el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se someta a plebiscito la firma del ALCA y se declare al campo "zona de emergencia nacional".

En la sede del Senado, Jackson Ramírez recibió a los productores de maíz y cebada, quienes acudieron en compañía del dirigente de la Confederación Nacional Campesina, Heladio Ramírez López, para demandar el respaldo necesario para enfrentar la apertura del mercado, de acuerdo con lo negociado en el TLCAN, sobre todo porque Estados Unidos ya ha tomado las medidas pertinentes para proteger a sus productores.

Durante el encuentro, el representante de la Unión Nacional de Productores de maíz, Efraín García Bello, hizo notar que el alza a las tarifas eléctricas, así como a los impuestos y las semillas, ha puesto en una situación aún más crítica a los productores, ya que tales incrementos inciden directamente en la falta de rentabilidad del campo.

A su vez, Julián González, director nacional de la Asociación de Productores de Cebada, lamentó la situación de orfandad en que los mantiene el gobierno federal, ya que no cuentan con ningún apoyo etiquetado.

Al abundar respecto de las movilizaciones que iniciarán el día 12, José Jacobo Femat, dirigente de la Cocyp, dijo que el movimiento campesino ya no está dispuesto a seguir recibiendo migajas y ser desplazado de las actividades que son su sustento. Las declaraciones del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Javier Usabiaga Arroyo, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, ofenden a los campesinos.

"Es lamentable que el secretario de Agricultura diga que hará un pequeño experimento para abatir el envejecimiento social, cuando el problema tiene su raíz en la falta de financiamiento y apoyo tecnológico, carencia de apoyos y hasta la entrega de los escasos subsidios a productores industrializados, e incluso a las trasnacionales", agregó.

La propuesta del titular de la Sagarpa de culminar con la separación de los grandes productores de los pequeños para "diferenciar su actividad" muestra la torpeza de un secretario de Agricultura que pretende entregar el certificado de muerte a 3 millones de mexicanos.

Insistió en que el gobierno federal y los legisladores son responsables de que 25 por ciento de la población pueda continuar sus actividades agropecuarias, de responder a las exigencias de cancelar el capítulo agropecuario del TLCAN y de cerrar las fronteras a las importaciones de alimentos de dudosa calidad.

El "gobierno del cambio" no ha hecho modificaciones a la política agropecuaria que ha dejado en manos del sector agroindustrial la producción de alimentos del país. En la última década, dicho sector creció 3.7 por ciento, mientras que el agropecuario lo hizo en sólo 1.6 por ciento, dijo.

Blanca Rubio, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, definió la situación de los campesinos. "Son los explotados y excluidos del nuevo milenio", ya que las importaciones de granos sirven para bajar los precios internos, lo que beneficia a las grandes empresas y ha llevado a la dependencia alimentaria. Los créditos externos para la compra de alimentos se han utilizado como un negocio tipo financiero y los subsidios a la comercialización se han orientado a empresas como Cargill, Bachoco, Maseca, Minsa, Avigram, Sabritas, ADM.

Los recursos crediticios actuales -53 mil 550 millones de pesos- equivalen, en términos reales, a la mitad de los recursos crediticios de 1990, y un millón 250 mil productores quedaron fuera de Banrural.

A pesar de que los campesinos aportan la mayor parte de la producción que se consume en el país, son vistos por el gobierno como "un sector que ha dejado de ser importante a nivel productivo y político". Sin embargo, son un sector de vanguardia en la lucha contra el neoliberalismo.