El Presidente traicionó la lucha de los panistas, afirma la diputada Teresa Gómez Mont

Amenazan senadores con echar abajo nuevas normas en materia de radio y tv

Analizan priístas retirarse de las negociaciones que sobre medios se efectúan en Gobernación; es una "burla", expresa Rubio Barthell

ANDREA BECERRIL Y MARIANA CHAVEZ REPORTERA Y CORRESPONSAL

Senadores de PRI y PRD advirtieron que legislarán para echar abajo la determinación unilateral del Presidente de disminuir 90 por ciento el tiempo oficial en radio y televisión de que disponía el Estado mexicano. "Se trata de una decisión equivocada de Fox que esconde intereses inconfesables y con la que una vez más pasó por encima del Congreso", expresó el priísta César Camacho Quiroz.

Por su parte, el coordinador de la fracción del PRD en el Senado, Jesús Ortega, hizo notar que afortunadamente hay consenso en el Congreso para obligar a Fox a dar marcha atrás a esa determinación arbitraria mediante una modificación a la Ley de Radio y Televisión, en la que se establezca que el tiempo oficial en medios electrónicos corresponde al Estado mexicano, es decir, a los tres poderes de la Unión, no al Presidente de la República, y que plantee los criterios para fijar esos tiempos.

"Si algo tenemos claro es que no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Aunque lamentablemente el Presidente tiene facultades constitucionales para emitir o modificar decretos, la facultad de legislar es del Congreso", agregó Ortega.

Igualmente, Erick Rubio Barthell, secretario de la Comisión de Comunicaciones del Senado, manifestó que el martes habrá una reunión del grupo parlamentario del PRI, que tendrá el propósito de acordar las medidas para frenar ese acuerdo al que de manera "casi clandestina" llegaron los concesionarios de radio y televisión y el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.

Entrevistado en Querétaro, el senador Camacho Quiroz dijo que está en manos del Congreso lograr que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como organismos autónomos como el Instituto Federal Electoral, continúen disponiendo del 12.5 por ciento de tiempo en radio y televisión, como se contemplaba en el reglamento de 1969 que Fox modificó arbitraria y unilateralmente.

Rubio Barthell, en tanto, resaltó que ceder más de 90 por ciento del tiempo tendrá un costo muy alto para el gobierno federal, ya que no dispondrá del espacio en los medios de información electrónicos para comunicar a la población sobre asuntos de interés general, como campañas sanitarias y programas educativos.

El priísta se pronunció luego por levantar la mesa de negociación instalada en la Secretaría de Gobernación, en la que se están analizando las reformas en materia de medios electrónicos, debido a que Santiago Creel decidió acordar sólo con los concesionarios. "Es una burla, no entendemos para qué se integró ese espacio de diálogo, si de buenas a primeras el presidente Fox decide ceder todo a los dueños de los medios".

Una de las propuestas que el PRI hará, dijo, es que se termine con esa mesa en Gobernación y el Congreso asuma sus facultades y legisle lo conducente en materia de radio y televisión. "No tiene caso compartir esa responsabilidad con quien no cumple".

En entrevista por separado, el perredista Jesús Ortega confió en que el Congreso actuará de inmediato y frenará esa medida de Fox, sobre todo porque tanto el PRD como el PRI van en esa dirección y en el PAN hay también voces en desacuerdo con ceder el tiempo oficial del Estado. "Ayer el senador Javier Corral expresó su desacuerdo al Presidente y por ello estoy cierto de que podemos impulsar y aprobar las reformas necesarias a la Ley de Radio y Televisión".

De lo contrario, agregó, seguirán "esas relaciones perversas" del presidente Fox con algunos sectores".

En este sentido, el también senador perredista y secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara alta, Moisés Castro, aseveró que las reformas en materia de medios electrónicos debieron incluirse en el proyecto de Ley Federal de Telecomunicaciones, porque ahora el presidente Fox se adelantó con el objetivo de beneficiar a unos cuantos.

Se deslinda el PAN de señalamientos

GEORGINA SALDIERNA

La reducción de los tiempos del Estado en radio y televisión puso ayer en evidencia las divisiones que se presentan en la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados. De manera inusual, la coordinación de la bancada se deslindó de las declaraciones que horas antes hizo contra esa disminución María Teresa Gómez Mont, quien acusó al jefe del Ejecutivo de haber traicionado la lucha de los panistas por democratizar los medios de información y lo llamó a rectificar.

Por su parte, los priístas calificaron de avance que se haya derogado el pago de impuestos en especie por parte de los concesionarios de la radio y la televisión -12.5 por ciento-, pero se mostraron molestos por lo "desaseado" del proceso y porque se hizo a un lado a los legisladores que desde hace varios años trabajan en modificaciones en la materia.

Aunado a ello, dijeron que ahora queda la duda en torno a si el tiempo que dejó de tener el Estado en los medios electrónicos se pagará o no con dinero en efectivo. Para que explique todas las interrogantes que han surgido sobre el tema, expresaron que se analiza la posibilidad de llamar a comparecer al secretario de Gobernación, Santiago Creel.

En entrevista colectiva al mediodía, Gómez Mont consideró que el Presidente de la República sucumbió ante los intereses de un sector privilegiado que se ha beneficiado con los gobiernos priístas y ahora con los panistas.

Señaló que con el acuerdo se pone en bandeja de plata el próximo proceso electoral para que los concesionarios hagan un jugoso negocio cobrando publicidad. Además, dijo estar dolida porque a los diputados que trabajaban en una iniciativa de reforma en la materia se les hizo a un lado. "Nos enteramos de la negociación por la prensa, ni siquiera por el gobierno", expresó la legisladora.

Integrante de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados, aseguró que la presión más fuerte para lograr la reducción del tiempo oficial provino de Televisa. Recordó que su partido ha luchado por abrir los medios, pero al parecer el presidente Vicente Fox no evaluó suficientemente esa lucha. Se percibe, agregó, que el secretario de Gobernación ni siquiera pudo operar.

Acusó al jefe del Ejecutivo de traicionar la lucha del albiazul y lo convocó a rectificar. Y anunció que los legisladores del PAN harán su máximo esfuerzo para modificar el decreto presidencial y restituir el 12.5 por ciento del tiempo del Estado en radio y televisión, a partir de una reforma a la legislación vigente.

Por la tarde, en un comunicado de prensa, la coordinación de la bancada panista aclaró que los señalamientos de Gómez Mont son a título personal y no reflejan el sentir del grupo parlamentario. Sus "comentarios responden al derecho que tiene para expresar su opinión, la cual es y será siempre respetable", subrayó.

También refirió que las opiniones vertidas por otros diputados panistas miembros de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, como Lionel Funes, Heidi Storsberg y Juan Carlos Pallares, son manifestaciones de su sentir y tampoco corresponden a la posición del grupo parlamentario. Por último, manifestó que en su momento dará a conocer su punto de vista al respecto.

Mientras en el PRI, los diputados Lorena Beauregard y Salvador Cosío Gaona se congratularon de que el presidente Vicente Fox se ocupe y se preocupe de la apertura de los medios de comunicación, pero lamentaron las omisiones en las que se incurrió, entre ellas, que no se construyó un consenso con todos los sectores sociales involucrados, como el Poder Legislativo.

Recordaron que los concesionarios de la radio y la televisión pagan con tiempo en los medios de comunicación, el impuesto que deben saldar por el uso de las frecuencias. Con el decreto publicado el jueves se reduce ese tiempo de 12.5 a 1.25 en la televisión y 2.5 en la radio.

Señalaron que ello implica modificar el pago de impuestos y que esa es una función que no compete al Ejecutivo, sino al Legislativo. Sin embargo los priístas dijeron que aún no se decide si se promoverá una acción de inconstitucionalidad en contra del jefe del Ejecutivo por asumir facultades que no le tocan. Por lo pronto, se analiza la posibilidad de llamar a comparecer al secretario de Gobernación.