Sin información ni cultura no puede haber ciudadanía. Desde Goebbels y el régimen nazi todo régimen antidemocrático ha tratado de controlar la información y los medios de formación de la cultura de masas; aplicando este precepto, el gobierno de George W. Bush, para preparar sus guerras contra quienes él decida, creó de inmediato una oficina de Información (léase de Propaganda o Desinformación) dependiente del Pentágono, para apoyar en el frente interno con la guerra de inteligencia y sicológica los ataques contra otros pueblos no sometidos. El monopolio de los medios de información audiovisuales o escritos por parte de grandes grupos de capital ya de por sí restringe enormemente el campo de la democracia: hay que pensar entonces qué sucede cuando al sesgo que ellos dan a lo que dicen o callan se agrega la unión entre ellos y el Estado, para colmo sometido a los monopolistas.

Pues bien, eso es lo que ha sucedido con la decisión unilateral del presidente Vicente Fox de ceder en toda la línea frente a las exigencias de los concesionarios de los espacios en el éter, abandonando el 12.5 por ciento del tiempo de aire que pertenecía al Estado, precisamente como pago escaso por dar el derecho de uso de las ondas a los empresarios privados. Para colmo, Fox introdujo por decreto, saltando por encima de la opinión pública y del Congreso, una pésima reforma al Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión.

De este modo ha convertido un servicio público en un coto cerrado de unas pocas empresas; quita espacios y derechos a los propietarios del bien concesionado (los mexicanos) para dárselos a unos pocos empresarios; impide la posibilidad de obligar a las empresas a no envenenar a la opinión pública ni arruinar su buen gusto y a ayudar a educar a la población; deja la formación y la información, así como la cultura, en manos de quienes se guían por lo que vende o no vende, sin fijarse en su calidad o utilidad pública; cierra canales a la crítica y al pluralismo; deja que los concesionarios emitan como información sobre todo propaganda comercial o política interesada y pagada; impide la creación de un órgano regulador que asegure el pluralismo en los medios y certifique la calidad de la programación y de la publicidad.

El Presidente ha ignorado al Congreso y a la opinión pública, y ha regalado a grandes empresas capitalistas, famosas por su falseamiento o ocultamiento de hechos fundamentales y por su entrelazamiento con el poder en turno, nada menos que el tiempo enorme que la niñez y parte de la juventud pasan ante la televisión, tiempo que aparece como ocio o diversión cuando en realidad es saturación continuo con conceptos y valores nocivos. Ahora lo que el Estado concedía aparecerá en cambio como concesión graciosa de los empresarios a ese mismo Estado o, mejor dicho, sólo a la Presidencia, mientras que el tiempo estatal regalado pertenecía a todos los poderes. Lo que debía ser servicio público, pasa ahora a ser claramente sólo una empresa privada, ajena a toda intervención estatal en defensa del bien común o de la cultura.

No es de extrañar pues la protesta parlamentaria, incluido el partido del mismo presidente, Acción Nacional, que se niega a aceptar la contrarreforma antidemocrática de una ley ya insuficiente y que debía ser reformada en un sentido opuesto al elegido por el que prometía un cambio.