Exige a la fiscal informe punto de partida de la investigación

El Centro Pro no apoyará indagación del caso Digna

Aceptaremos la verdad, siempre que esté sustentada en hechos: Edgar Cortez ONG piden castigo a culpables

VICTOR BALLINAS

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro) anunció ayer su renuncia a la coadyuvancia en la investigación del crimen de Digna Ochoa, defensora de derechos humanos, demandó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) el esclarecimiento de la muerte de la abogada, y advirtió que "esa investigación puede llegar a convertirse en un caso no resuelto, pues luego de un año no se han presentado resultados contundentes".

Edgar Cortez, director de ese centro, aseveró: "no compartimos el criterio aplicado por la fiscalía especial de que la muerte de Digna y las amenazas son hechos distintos, y, por lo tanto, cada investigación vaya por separado".

Para que el caso no quede impune demandó que la fiscalía especial "informe públicamente cuál es el punto de partida de la investigación, ya que, recordó, este es el tercer equipo encargado de investigar el crimen, y hasta el momento no ha dicho cómo encontró las indagaciones anteriores ni el estado que guardaban".

Además, dijo, dicha fiscalía debe precisar cuáles serán los canales institucionales por los que se mantendrá informada a la opinión pública, para evitar las filtraciones, y su plan de trabajo debe incorporar las recomendaciones de Pedro Díaz, especialista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)".

Edgar Cortez subrayó que "a un año de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, el Estado Mexicano aún no presenta resultados concretos sobre la forma y las circunstancias en que ocurrieron los hechos. El Centro Pro se siente insatisfecho con los resultados, pues este caso tiene que esclarecerse y se debe consignar a los responsables. Queremos la verdad, y aceptaremos los resultados, cualquiera que éstos sean, siempre y cuando se apegue escrupulosamente a criterios científicos y se cuente con pruebas sólidas y contundentes".

Edgar Cortez dijo que ayer, en las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se celebran en Washington, se analizó el caso del asesinato de Digna Ochoa. El caso fue llevado por el Centro Pro y Cejil -el año pasado hubo dos audiencias al respecto en esa instancia y una en la Corte Interamericana de Derechos Humanos-, y "hasta donde me informaron los abogados del Centro Prodh, no hubo nada nuevo. La fiscal especial, Margarita Guerra, señaló que apenas hace un par de meses tomó a su cargo el caso, y aceptó incorporar en su programa de trabajo las recomendaciones del experto de la CIDH, así como un equipo de esa institución para que evalúe la investigación realizada".

En conferencia de prensa explicó los motivos de la renuncia a la coadyuvancia: "a nuestro juicio, se han modificado las condiciones iniciales para el ejercicio de este derecho. Juan Carlos Cruz Plácido, primo de Digna Ochoa, nos nombró sus representantes legales después de la muerte de la abogada. Posteriormente, el Centro Pro denunció las amenazas encontradas en el lugar de los hechos, y por ese motivo también se nos reconoció el carácter de coadyuvante.

"Sin embargo, el 10 de octubre pasado, Juan Carlos Cruz acudió a la fiscalía especial para renunciar a cualquier participación en la investigación en calidad de coadyuvante, y, en consecuencia, revocó el nombramiento que había otorgado a los abogados del Centro Pro.

"Al día siguiente -11 de octubre de este año- fuimos notificados por la fiscalia especial que el derecho de coadyuvancia que nos había sido reconocido directamente se restringía, y sólo se mantiene vigente en lo que se refiere a las amenazas de muerte encontradas en el lugar de los hechos; no compartimos ese criterio de la autoridad", precisó Cortez.

El Centro Pro, dijo, se mantendrá vigilante frente a la investigación para que la actuación de las autoridades se realice con pleno respeto a los derechos humanos, y "demandamos el esclarecimiento, la verdad y castigo para los responsables de la muerte de Digna Ochoa".

En la sesión de preguntas y respuestas, Cortez dijo que "la actitud del Centro Pro siempre fue crítica hacia la investigación de la fiscalia especial, pues sólo privilegió una hipótesis -la del suicidio- y nunca la comprobó".

Por otra parte, la red nacional de organismos civiles de derechos humanos Todos los Derechos para Todos reiteró ayer que a un año del asesinato de la defensora Digna Ochoa, "preocupan los limitados avances en la investigación, la falta de profesionalismo que se ha manifestado durante el proceso, con hechos como la filtración de información y los juicios apresurados de los responsables de la misma".

Asimismo, llamó a la fiscal para el caso, Margarita Guerra, a que conduzca una investigación objetiva, seria y profesional, además de que debe dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas por Pedro Díaz, consultor externo de la CIDH, y se concrete lo más pronto posible la verificación de las pruebas por parte de peritos internacionales en diversas materias criminalísticas.

La red destacó que para que esto sea posible, se requiere "la voluntad política" del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, y del procurador general de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz.