Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Martes 29 de octubre de 2002
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Política
Comenzó el consejo de guerra contra Quirós y Acosta; ambos se dicen inocentes

Salen a la luz sobornos del narco a militares y ex gobernadores

Rubén Figueroa Alcocer y Agustín Acosta Lagunes habrían colaborado con Amado Carrillo, dicen testigos

También mencionaron a los generales Roberto Badillo Trueba y Ramón Arrieta

JESUS ARANDA

Comandantes militares y navales, así como ex gobernadores como Rubén Figueroa Alcocer y Agustín Acosta Lagunes, se vieron favorecidos por dinero del narcotráfico, particularmente de Amado Carrillo Fuentes, El señor de los cielos, como recompensa por sus servicios prestados para facilitar el tráfico de drogas en el país. Lo anterior se desprende de las declaraciones de los testigos (varios de ellos protegidos), cuyas declaraciones se dieron a conocer ayer al iniciar el consejo de guerra en contra de los generales Francisco Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro.

De acuerdo con los testimonios que constan en actas en el proceso penal 2080/2002, las diferentes bandas de narcotraficantes no se limitaron a entregar dinero a los generales acusados -como afirma la procuraduría militar-, sino que otros comandantes militares y navales se vieron favorecidos por el tráfico de drogas. Concretamente se mencionó a los generales Roberto Badillo Trueba, cuando estuvo al frente de la décima Zona Militar con sede en Gómez Palacio, Durango, y Ramón Arrieta, quien estaba adscrito a la Región Militar de Chihuahua.

Los generales enjuiciados se dieron tiempo para bromear con sus esposas e hijos que los acompañaron en la sede del consejo de guerra, a un lado de la prisión del Campo Militar Número Uno -donde se encuentran presos desde agosto de 2000-, y en breves declaraciones aseguraron ser inocentes y descalificaron la veracidad de los testigos protegidos.

El consejo de guerra comenzó a las 9:03 de la mañana; vestidos con su uniforme y con las condecoraciones otorgadas por el alto mando durante sus carreras militares, los generales Quirós (divisionario) y Acosta (brigadier) lucían tranquilos; incluso se tomaron unos minutos para responder algunas preguntas de la prensa, a la que aseguraron ser inocentes de los cargos que se les imputan, además de que hicieron un llamado a los medios de comunicación presentes a seguir de cerca el proceso para que ''se enteren exactamente de qué se nos va a acusar, no las publicaciones filtradas a la prensa''.

A pregunta expresa sobre la posibilidad de que hubiera ''consigna'' en su contra, Quirós y Acosta respondieron que no hay tal, aunque sostuvieron que las acusaciones se basaban en testigos protegidos ''que carecen de veracidad''.

Aunque ambos se ampararon en el ar-tículo 20 constitucional, fracción segunda, para no responder las imputaciones que les hace la procuraduría castrense, en sus breves declaraciones a la prensa dijeron que confían en que se haga justicia.

En referencia al proceso que enfrentan por homicidio calificado de 143 campesinos en el marco de la guerra sucia, Acosta Chaparro declaró: "así como voy a librar esto, así voy a librar las otras acusaciones".

En uno de los recesos ordenados por el general Tomás Angeles Dauahare -presidente del consejo-, Acosta Chaparro comentó: "no hay una sola prueba en dos años dos meses que lleva el proceso, son puros dichos". Mientras, Quirós señalaba que los testigos protegidos carecen de veracidad y cuestionaba a la procuraduría militar por basar sus acusaciones en dichos de "delincuentes" sin aportar elementos de prueba.

En el caso del ex gobernador de Guerrero Rubén Figueroa Alcocer, el testigo protegido Gustavo Tarín Chávez, quien fue miembro del Ejército, manifiesta en sus declaraciones ministeriales que en los años noventa Acosta Chaparro fue el encargado de entregarle al ex mandatario estatal una camioneta blindada, además de un cargamento de 50 rifles AK-47, 10 mil cartuchos para ametralladora y 5 mil para pistolas de diferente calibre.

Sin embargo, el general, quien ocupó la dirección de diversas corporaciones policíacas durante el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa (1975-1981), padre de Figueroa Alcocer, no cumplió con el encargo y se quedó con la camioneta, los cartuchos y las armas.

El engaño quedó al descubierto años después, cuando se reunieron Amado Carrillo y Figueroa Alcocer en el Hotel Presidente, en Acapulco, durante 1995. Ahí, el narcotraficante le preguntó si había recibido los regalos, lo que sorprendió al gobernador. Finalmente, según el testigo protegido, todo quedó "entre amigos" y se resolvió cuando Acosta Chaparro le entregó la camioneta blindada al ex gobernador

Otro testigo, Michel Roger Acosta, sostuvo que un día llegó a casa de su padre en Acapulco el general Acosta Chaparro acompañado por tres judiciales estatales y les dijo que iba de parte de "su patrón", es decir, de Figueroa Alcocer, quien preguntaba cómo podía "colocar" un polvo que llevaba consigo, que al parecer era heroína.

Hasta la fecha no se tiene conocimiento de que la Procuraduría General de la República investigue a Figueroa Alcocer -quien por cierto es señalado como uno de los principales responsables de la matanza de Aguas Blancas- por las revelaciones de los testigos protegidos que constan en el expediente de la causa.

El ex gobernador de Veracruz Agustín Acosta Lagunes también estaría relacionado con el narcotráfico, ya que habría recibido dinero del presunto capo Felipe Lagunes para su campaña a la gubernatura de esa entidad. El testimonio de Tarín afirma que se enteró de que Acosta Chaparro era director de la Policía de Veracruz y fue a pedirle trabajo. Posteriormente supo que la presencia del militar era para acabar precisamente con Felipe Lagunes, ya que había tenido problemas con el entonces gobernador.

Respecto a los altos mandos del Ejército, Tarín afirma que los generales Badillo Trueba y Arrieta recibían regularmente dinero de Amado Carrillo, incluso el segundo también obtuvo una camioneta Suburban en 1995 como agradecimiento.

Además de estos generales, el testigo afirma que Carrillo tenía comprados a los jefes de las zonas y guarniciones militares de Mazatlán, en Sinaloa; Guaymas, Los Mochis, Nogales y Ciudad Obregón, en Sonora; Gómez Palacio, en Durango, y de Nayarit, con lo que se creó así un corredor por el que se transportaba la droga desde el Pacífico hasta la frontera con Estados Unidos.

También la prisión de las Islas Marías fue utilizada para transportar narcóticos procedentes de Perú y Colombia hacia Estados Unidos, señalan los testigos. Cuando se acercaba un barco con droga, según los testimonios, el comandante de la guarnición de la isla mandaba al buque patrulla de la Armada -que vigila constantemente la zona para evitar fugas de presos- a misiones fuera de la zona, para que arribaran los barcos camaroneros y descargaran los enervantes. Se utilizaba la pista aérea de la isla para que descendieran aviones de Amado Carrillo y así la droga se enviaba directamente a una zona cercana a Parral, Chihuahua, para de ahí pasarla al vecino país.

Red de inteligencia del narco

La fiscalía militar presentó testimonios sobre la intención de Amado Carrillo de crear una red de inteligencia a su servicio que le permitiera transportar la droga al interior del país.

Para ello, en 1994 los generales Quirós y Acosta Chaparro aprovecharon su participación en la recién creada Coordinación Nacional de Seguridad Pública para utilizar equipos sofisticados de comunicación satelital y equipo de radio que les habría mandado Amado Carrillo por medio de Rubén Gardea Vara, quien también es testigo protegido.

Se afirma que una vez que la citada coordinación desapareció (en noviembre de 1994), los generales continuaron utilizando los equipos y la estructura de dicha coordinación para apoyar a Carrillo.

El consejo de guerra se declaró en receso al filo de las cuatro de la tarde y se reanudará hoy a las 9 horas.

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