Reforzar las acciones en materia de seguridad pública: partidos

Proponen que la Policía Preventiva y el MP indaguen delitos del narcotráfico en Chihuahua

MIROSLAVA BREACH Y RUBEN VILLALPANDO CORRESPONSALES

Chihuahua, Chih., 31 de octubre. El Congreso del estado aprobó hoy elaborar dos iniciativas de ley que serán enviadas al Congreso de la Unión, para que éste enmiende la Constitución federal, con el propósito de otorgar facultades de investigación a la Policía Preventiva, así como permitir a los ministerios públicos estatales conocer de los delitos relacionados con el narcotráfico en sus modalidades de producción y venta de estupefacientes.

Las propuestas fueron presentadas por el grupo parlamentario del PRI y respaldada por el PAN, PRD y PT, con lo que se busca reforzar las acciones en materia de seguridad pública, dijeron.

En el primer caso se propone modificar el artículo 102 de la Constitución general de la República, que se refiere a la investigación de delitos por parte del Ministerio Público federal, para que los ministerios públicos en los estados queden facultades para conocer de delitos contra la salud.

La otra iniciativa propone la reforma del artículo 21 de la Constitución, para definir que los cuerpos de seguridad pública municipal puedan, mediante convenios de colaboración firmados entre estados y municipios, actuar como coadyuvantes de los ministerios públicos estatales en las investigaciones de delitos de su competencia.

Por otra parte, el Congreso local recibió una iniciativa del gobernador Patricio Martínez García, en la que solicita la creación del Fondo de Desarrollo de Infraestructura, mediante la constitución de un fideicomiso de 2 mil 500 millones de pesos, con la participación de la iniciativa privada, con el propósito de establecer un mecanismo bursátil para la construcción de carreteras, viviendas, obra urbana, desarrollo rural, agua potable y aeropistas, con lo que se busca hacer frente a los recortes presupuestales aplicados por el gobierno federal y a una eventual crisis económica en el país.

Por otra parte, más de cuatro mil familias invadieron un predio en el Lote Bravo de Ciudad Juárez, y a pesar de que los propietarios, el gobierno del estado y la iniciativa privada solicitaron a las autoridades municipales el desalojo de los ocupantes, éstas no lo han hecho.

César Verdes y Alicia Quevedo, propietarios de una parte del lote, explicaron que la alcaldía les expropió en 1995 su terreno, y hasta el pasado 25 de octubre, cuando le ganaron al ayuntamiento un amparo para revocar el acto, no pudieron tomar posesión del terreno.