Los nuevos estilos de la justicia castrense no convencen a jefes militares retirados

La condena a los generales podría reducirse a 2 años, por preliberación

Cadena de consultas tras bambalinas, posible causa de la larga espera por la sentencia

BLANCHE PETRICH

Declarados culpables por fomentar el narcotráfico, con una sentencia de 16 y 15 años de prisión que pueden reducirse a dos años, según los derechos de preliberación del código de justicia militar, los generales Francisco Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro permanecieron firmes e inmóviles después de escuchar la sentencia de boca del juez David Sosa.

El presidente del tribunal, general Tomás Angeles Dauahuare, ordenó: "Escolta, descansar". En la atiborrada sala de consejos de guerra del Campo Militar Número Uno A se escuchó el movimiento de botas y armas cuando los 12 soldados que habían formado una valla frente al tribunal castrense bajaron los fusiles y cambiaron de posición.

Dauahuare pronunció las palabras finales: "Se da por concluido este consejo. Vuelvan los sentenciados y la escolta adonde corresponde. Quedan a disposición del juez". Y tocó por última vez la campanilla.

El guión había terminado. Durante unos pesados segundos todos los actores en escena permanecieron sin saber qué hacer: los dos generales recién deshonrados, sus defensores con la derrota de una primera batalla; el fiscal militar con una causa endeble, abierta en su momento por quien fuera procurador militar, el ahora titular de la Procuraduría General de la República, general Rafael Macedo de la Concha.

Fue Quirós, con la mirada sombría, el primero en reaccionar. Dio media vuelta y con los tres escoltas pegados a sus talones se retiró a su esquina, seguido por Acosta Chaparro, no menos atribulado.

Ahí los esperaban sus abogados. "ƑEstán conformes?", preguntaron. "Negativo", respondieron los militares. "Entonces, firmen aquí". Eran las apelaciones en primera instancia. Serán presentadas de inmediato ante el Supremo Tribunal Militar. Y aún tienen más recursos, hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De las butacas de la sala circular se levantó un público desgastado por ocho horas y media de espera y tedio. Lentamente los presentes se fueron dirigiendo hacia el frío de la noche otoñal. En la última hilera una señora ya mayor, prima del general Acosta Chaparro, empezaba un llanto atribulado, confundida con la invocación de tantos artículos e incisos de códigos diversos citados en una descarga de palabras por el juez. Ya tendrían tiempo sus parientes de explicarle que en realidad al primo Mario Arturo no le fue tan mal, que para dos generales acusados de participar y colaborar en el cártel de Juárez para el trasiego de cocaína y mariguana, la sentencia pudo haber sido mucho mayor -hasta 35 años- si no los hubieran declarado inocentes de los cargos de asociación delictuosa.

Pero mientras la sala se vaciaba, nueve hombres mayores, generales retirados vestidos de civil, permanecieron sentados, pensativos y pasmados. Acudieron al juicio en calidad de amigos y compañeros de Quirós y Acosta, a presenciar los nuevos estilos que tratan de imponerse en las prácticas de la justicia castrense, y no quedaron convencidos.

Nuevos estilos en un viejo molde

Pero sobre todo, quienes acudieron a presenciar un nuevo modo de impartir justicia en el fuero castrense vieron, cuando mucho, el ejercicio de un nuevo estilo, cuyo ingrediente más vistoso fue la presencia tumultaria de la prensa, en un viejo molde.

"Antes -nos comentaba otro general divisionario y diplomado de Estado Mayor, como Quirós- ser asignado como jurado en un consejo de guerra era una especie de castigo. Y la verdad, los que participábamos no sabíamos nada de derecho."

Si lo sabrá él, a quien le tocó, sin tener ninguna experiencia en jurisdicción, ser presidente de un consejo de guerra en el cual se juzgó a un marino por un homicidio doble estando en servicio. Por cierto, la sentencia que dictó fue pena de muerte, aunque ésta fue revocada en una segunda instancia. Eso fue hace apenas cuatro años.

De entonces a la fecha no es mucho lo que ha cambiado en la justicia militar. El Código Penal Militar, que data de tiempos del presidente Abelardo Rodríguez, decretado en 1934, subsiste a salvo de cualquier aire reformador, pese a las promesas del secretario de la Defensa. Los jueces, presidentes, vocales y secretarios de los consejos de guerra son nombrados discrecionalmente por el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Más aún, sigue viva la tradición de que el juez -en este caso un teniente coronel habilitado, de 41 años, militar de guerra sin formación en el terreno de las leyes- someta su resolución de sentencia a acuerdo con el presidente del tribunal, en este caso el general Angeles Dauahuare, y él a su vez la consulte con el secretario de la Defensa.

Quizás esta cadena de consultas tras bambalinas fue lo que prolongó hasta la desesperación el impasse que se abrió en la sala de consejos de guerra a las 11 de la mañana, después de que el jurado escuchara los alegatos en defensa de los militares acusados.

"No soy un rufián"

El general Quirós aún porta sus insignias: las espigas en la manga que indican que es diplomado en Estado Mayor, las tres estrellas en los hombros que lo acreditan como general de división. Pasó al frente sin ocupar el banquillo que simbólicamente fue colocado a su lado. De pie, sudoroso, dio inicio a su alegato en defensa propia. Acusó, sin mencionarlo, al entonces procurador militar Macedo de la Concha de haber iniciado en 1999 "una feroz persecución" contra los dos generales cuando estaba a punto de caerse el maxiproceso. Atribuyó a la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada fabricar la causa. Y dijo que ya en 2000, cuando los indicios en su contra se desvanecían, la nueva procuraduría militar -nunca pronunció el nombre del general Jaime Antonio López Portillo- inició en la prensa un "ablandamiento artillero" para orientar a la opinión pública. El 21 de agosto fue detenido.

"Yo no soy un rufián, merezco respeto como general del Ejército", expresó. Y aterrizó en falso cuando tocó el tema de Guerrero. Dijo que cuando los acusados ya habían reunido las pruebas de descargo, salió la demanda por la guerra sucia.

"La procuraduría militar nos pone en el escaparate; desde luego que debe haber muchos oficiales involucrados en los hechos del 70". Haber filtrado esa causa a la prensa fue una "total falta de ética", acusó. Fue entonces cuando el presidente del consejo lo conminó a limitarse a las causas que se siguen en este juicio: narcotráfico, asociación delictuosa y cohecho.

Concluyó alegando que darle crédito a testigos protegidos es "un insulto al instituto armado, a todos los miembros del Ejército y al consejo de guerra".

Le siguió el general Acosta Chaparro, con la voz ahogada y con menos tablas que el divisionario. Fue muy breve. Lo fuerte de su discurso fue cuando ratificó y exigió reconocimiento "a los años de servicio al Ejército y a la patria".

En boca de quien fuera mayor en Guerrero cuando inició la guerra contrainsurgente y que por sus méritos en la represión ganara las confianzas de Rubén Figueroa padre, el argumento tocó las bases ideológicas que rigieron al Ejército en aquellos años de violenta represión.

A las 11 de la mañana se abrió un paréntesis. Pocos imaginaron que duraría 8 horas y media. A lo largo de tanto ocio, hubo incluso quinielas sobre cuál sería la sentencia. Entre los que entraron a las conjeturas, hubo tres escenarios: una declaratoria de inocencia ante la debilidad de los acusadores y sus testigos, una sentencia condenatoria con una pena relativamente corta y una sentencia condenatoria con una pena larga, 20 a 30 años.

Siendo las 19:30 horas se reanudó la audiencia. Entonces se supo que la opción "b" había ganado.