Los entonces subsecretarios Guillermo Ortiz y Julián Sidaoui tenían los expedientes

Desde abril de 1993, Hacienda sabía de las ilegalidades en Cremi y Unión

Los funcionarios no actuaron de inmediato contra Cabal Peniche cuando supieron de las irregularidades

La querella quedó en daño patrimonial, sin mencionar el desvío hacia el PRI

ROBERTO GONZALEZ AMADOR, MIREYA CUELLAR Y ENRIQUE MENDEZ

Meses antes de que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari decidiera intervenir los bancos de Carlos Cabal Peniche, sobre los escritorios de los entonces subsecretarios de Hacienda, Guillermo Ortiz Martínez y José Julián Sidaoui Dib, se encontraban varias carpetas con archivos clasificados como ''confidenciales'', en los que las autoridades regulatorias del sistema financiero alertaban sobre las ilegalidades con que operaban los bancos Cremi y Unión.

Ortiz Martínez y Sidaoui Dib, quienes ahora son gobernador y subgobernador, respectivamente del Banco de México, no actuaron de inmediato cuando en ese complejo año de 1994 supieron de las irregularidades cometidas por Cabal Peniche al frente de Cremi y Unión.

Era ese el año en que irrumpió en Chiapas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), fue asesinado el candidato presidencial priísta Luis Donaldo Colosio Murrieta, y el país enfrentaba una continua sangría de la reserva internacional de divisas. Además, como quiera que fuera, las operaciones irregulares de Cremi y Unión estaban financiando al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Documentos en poder de La Jornada descubren que Ortiz Martínez y Sidaoui Dib estuvieron enterados, al menos desde abril de 1993, de los delitos cometidos por Cabal Peniche. El ex banquero, quien multiplicó su fortuna al amparo de las relaciones tejidas con políticos de viejo y nuevo cuño, y señaladamente con el ex presidente Salinas de Gortari, perdió sus bancos a inicios de septiembre de 1994, cuando fueron intervenidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Cabal Peniche huyó en ese entonces del país y las autoridades lo acusaron de haber cometido un quebranto por 700 millones de dólares contra el patrimonio de las dos instituciones de crédito. Pero aunque el propio gobierno estaba enterado de las operaciones con el Revolucionario Institucional, la querella se quedó solamente en el terreno del daño patrimonial.

Uno de los documentos en poder de este diario es un oficio del área jurídica de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Con la identificación 601-VI-VJ-23067/95, marcado con la leyenda ''confidencial'' y dirigido a José Julián Sidaoui Dib, entonces subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Está fechado el 9 de junio de 1995, pero da cuenta de una inspección realizada por la autoridad a Banco Unión en abril de 1993, es decir, 17 meses antes de que la institución fuera intervenida.

Al dar cuenta de la inspección a Banco Unión, iniciada el 29 de abril de 1993, el entonces director jurídico de la CNBV, Octavio Sosa León, señala en el escrito dirigido al subsecretario Sidaoui: ''Con motivo de la inspección practicada a Banco Unión, se determinaron operaciones de crédito que presentan características irregulares, en las que intervienen entre otras personas el señor licenciado Carlos Cabal Peniche, presidente del consejo de administración; contador público Alfredo Castañeda Bretón, director de Proyectos Especiales; licenciado Ricardo Armas Arroyo, director jurídico, y licenciado Ernesto Malda Maza, director corporativo de crédito''. En este caso, se trata del reporte de un crédito otorgado a una empresa denominada Cofinter Operación y Sistemas, que provocó un quebranto a la institución por 48 millones 799 mil 728 pesos.

Otro oficio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en este caso dirigido a Guillermo Ortiz Martínez, entonces subsecretario de Hacienda y Crédito Público, está fechado el 17 de noviembre de 1994, también con la leyenda ''confidencial'', y da cuenta de una inspección a Banco Unión realizada entre abril de 1993 y junio de 1994. Se trata del reporte sobre un crédito sin garantía concedido por la institución a Comercializadora Cerfa -una de las empresas que tiempo después fueron identificadas como ''canalizadoras'' que transfirieron recursos para los fideicomisos del Partido Revolucionario Institucional- por 50 millones de dólares ''o su equivalente en moneda nacional''.

Señala el oficio: ''En el expediente de crédito establecido a Comercializadora Cerfa SA de CV, que obra en Banco Unión, no existen antecedentes de que previamente a la autorización de este financiamiento se efectuaran estudios sobre la viabilidad económica de la operación, plazos de recuperación, relación de los distintos conceptos de los estados financieros o la situación económica de la acreditada, conforme al artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito''.

Después de relatar la forma en que el crédito original fue atomizado en operaciones con otras compañías, varias de ellas de membrete, el oficio del área jurídica de la CNBV, dirigido al entonces subsecretario de Hacienda, Ortiz Martínez, concluye: ''Los recursos generados por el crédito otorgado por Banco Unión a Comercializadora Cerfa SA de CV fueron finalmente canalizados en beneficio, entre otras personas, del señor Carlos Cabal Peniche, presidente del consejo de administración del banco, advirtiéndose que para este efecto se realizaron maniobras contables''.

Añade que esos recursos fueron, primero, destinados para cubrir créditos que el propio Banco Unión había otorgado a una empresa de membrete llamada Tabletops de México, y a otra identificada como Informes Profesionales Sociedad Anónima de Capital Variable.

El oficio dirigido a Guillermo Ortiz Martínez establece claramente que los mencionados créditos ''se aplicaron a favor de tres empresas, las cuales los aportaron al Fideicomiso 2949-4, para adquirir un paquete de acciones del Grupo Financiero Cremi (controlador de Banco Unión), beneficiando a varias personas, entre las que figura el señor Carlos Cabal Peniche".

La CNBV asegura que, en su opinión, esta operación constituye en sí misma un delito, dado que los directivos de Banco Unión realizaron las transacciones ''a sabiendas de que con tal actitud resultaría un quebranto para la institución de crédito hasta por 167 millones de pesos (la cantidad equivalente en moneda nacional al préstamo de 50 millones de dólares), lo que en especie ocurrió''.

Pero lo que ''en especie'' no ocurrió fue que la información preventiva que tuvieron en su poder las autoridades de la Secretaría de Hacienda sobre las operaciones ilegales que realizaba Cabal Peniche fuera aprovechada para evitar el quebranto patrimonial de la institución, cuyo costo fue cargado a los contribuyentes.