Además de proteger a víctimas se incrementaron las penas a pederastas

Aprueban diputados reformas para evitar abusos sexuales contra menores

Fomentarán entre infantes la cultura de la denuncia para frenar acosos

CIRO PEREZ SILVA Y ROBERTO GARDUÑO

La Cámara de Diputados aprobó ayer por unanimidad un dictamen que modifica cuatro ordenamientos jurídicos para efectos de proteger a los menores y de prevenir y castigar los abusos sexuales en contra de infantes. Además de incrementar las penas para pederastas y pedófilos, se precisa que quienes atenderán estos delitos serán peritos o personal especializado y otorga facultades a diversas instancias, como la Secretaría de Seguridad Pública, para que mediante el Consejo Nacional de Seguridad Pública establezca políticas de prevención.

Durante la sesión, los diputados, excepto los del Partido Acción Nacional, promovieron un punto de acuerdo para congelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por considerar que dejará al país en desventaja frente a sus socios comerciales. Sin embargo, no pudo llevarse a tribuna ayer. Será hasta el próximo martes cuando se plantee su aprobación urgente.

Respecto al primer proyecto de ley aprobado ayer, las modificaciones tienen como efecto principal proteger a los menores contra abusos sexuales, pero sobre todo darle instrumentos a las autoridades encargadas para que esta seguridad no solamente se concrete en incrementos en la penalidad, sino que sea acompañada de facultades a las instituciones para que se les dé tratamiento diferente a los menores cuando han sido víctimas de esos delitos.

El presidente de la comisión respectiva y principal promotor de las modificaciones, José Elías Romero Apis, explicó que se reforma el Código de Procedimientos Penales a efecto de que en las averiguaciones previas y en los enjuiciamientos por ataques sexuales en contra de menores de edad, participen agentes del Ministerio Público y peritos que tengan conocimiento y aptitud para tratar este tipo de problemas.

Se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública a efecto de que la Secretaría de Seguridad Pública se comprometa a participar en programas preventivos en contra de estos delitos, que muchas veces suceden en el seno del hogar y no sólo se involucren, como lo están ahora, en los delitos de la calle, o los que se cometen fuera de la casa.

Se reforma la Ley General de Educación a efecto de que se pongan en marcha programas y acciones tendientes, primero, a que los niños tengan información de lo que puede ser y lo que sucede cuando son víctimas de alguna agresión o de algún acoso del orden sexual y también orientación para que tengan confianza para manifestarlo a sus mayores o a las personas a quien deban recurrir en el seno familiar.

"Por último se modifica -y lo menciono al final-, el Código Penal, para hacer más severas varias de las penas en este sentido, no porque hayamos pensado que con hacer más severas las penas se mejora lo más importante de lo que he mencionado al principio, tratamiento especializado, programas preventivos y programas educativos", señaló Romero Apis. Las sanciones se elevan hasta 27 años de prisión en el caso de pederastia calificada y la destitución, inhabilitación para desempeñar cargos, empleos o profesiones por virtud de la cual estuvieron en una condición de cercanía o de jerarquía frente a los menores para cometer ese ilícito. Por lo que hace a los pederastas, las penas van de 7 años en casos de tipo ordinario y 10 años en los casos de tipo calificado

Romero Apis explicó las diferencias entre dos conductas delictivas. "La pederastia es la relación sexual con menores y la pedofilia es la realización de ciertos actos lascivos que no necesariamente son del corte de realización de acto sexual".

Por cuanto a las confrontaciones procesales o careos entre el menor y el victimario, procedimientos que normalmente atemorizan y lesionan sicológica y moralmente al infante, se consideró originalmente que éstas sean siempre ante la presencia del Ministerio Público y en momentos distintos, es decir, en declaraciones por separado.

Este último punto generó una controversia planteada originalmente por el diputado panista Sergio Vaca Betancourt y secundada por el perredista Tomás Torres, quienes argumentaron una falta de técnica jurídica en la redacción, además de señalar que no se cumple con el precepto constitucional que garantiza la defensa del inculpado.

Luego de una breve discusión, Torres Mercado propuso que para resolver el conflicto se modificara la redacción: "Cuando se decreta un careo en el que deba participar un menor víctima de delitos sexuales o secuestro y éste es aceptado por el infante y su representante legal, se practicará aquél, a través de medios que eviten la intimidación o la confrontación directa con el menor". El texto fue aprobado por la cámara.

En otro momento de la sesión, el priísta Rubén Félix Hays, a nombre de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, puso a consideración de la asamblea un proyecto de ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresas (Mipymes) con el que se da respuesta a los reclamos de la sociedad y las organizaciones empresariales sobre la necesidad de establecer un marco jurídico que fomente la competitividad de la economía nacional, con la participación de todos los sectores y en particular de esos rangos empresariales de todo el país.

"A 20 años de distancia podemos afirmar que la vinculación de México con la economía global, sin un proyecto productivo nacional, es inviable e injusto. México tiene una de las economías más abiertas del mundo y al mismo tiempo una de las menos competitivas, como resultado de haber abandonado la política industrial, tecnológica y de apoyo a nuestros productores agropecuarios", explicó el legislador.

Adicionalmente, dijo, en los pasados 20 años se ha dado una reducción drástica de lo público que pone en riesgo la viabilidad del proyecto nacional, pues el gasto público como proporción del producto interno bruto (PIB) se redujo de 52 por ciento del PIB en 1982 a 21 por ciento en 2001, y se tiene gran dificultad para aumentar la recaudación, dadas las condiciones actuales de la economía y de la sociedad.

Félix Hays subrayó que el poder adquisitivo del salario en el mercado interno se redujo en los pasados 20 años, porque la sociedad se ha orientado a la informalidad e incluso a la ilegalidad para poder subsistir, lo que hace de México una nación que no tiene un proyecto productivo propio y por tanto no es viable.

"Con este proyecto de ley, México puede unificar de manera ordenada, institucional, con sentido nacional y patriótico, su modelo de desarrollo para concentrar su energía en la producción de riqueza, valor agregado, tecnologías e inversiones nacionales y revertir con ello el deterioro salarial, la descapitalización de las micros, pequeñas y medianas empresas nacionales y el rezago fiscal del país", dijo.