Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Lunes 18 de noviembre de 2002
  Primera y Contraportada
  Editorial
  Opinión
  Correo Ilustrado
  Política
  Economía
  Cultura
  Espectáculos
  CineGuía
  Estados
  Capital
  Mundo
  Sociedad y Justicia
  Deportes
  Lunes en la Ciencia
  Suplementos
  Perfiles
  Fotografía
  Cartones
  Fotos del Día
  Librería   
  La Jornada de Oriente
  La Jornada Morelos
  Correo Electrónico
  Búsquedas
  >

Política

Podrían recurrir a la aplicación de la enmienda Leahy

Intentarán ONG que EU revalúe su apoyo al Ejército mexicano

ALONSO URRUTIA

Organizaciones no gubernamentales (ONG) analizan la posibilidad de que congresistas de Estados Unidos intervengan directamente para impedir que los militares mexicanos reciban adiestramiento, capacitación y equipo estadunidense -que según cifras oficiales sumó 918 mil dólares el año pasado-, debido a la falta de transparencia en el manejo de recursos y por ser considerado el Ejército uno de los principales violadores de derechos humanos en el país.

Reveló lo anterior el general Francisco Gallardo, quien destacó que se podría aplicar a México la llamada ley Leahy, la cual prohíbe la ayuda militar de Estados Unidos a las unidades extranjeras que violan los derechos humanos con impunidad.

Entre los congresistas estadunidenses hay cada vez mayor reconocimiento de que ha habido "descuido y falta de supervisión" del Pentágono con relación al adiestramiento, capacitación y ayuda militar que recibe el Ejército mexicano, dijo Gallardo, quien recientemente tuvo encuentros con activistas de Amnistía Internacional en Estados Unidos, así como con asesores de congresistas estadunidenses, a quienes planteó la preocupación de diversas organizaciones civiles mexicanas por la participación cada vez más activa de militares en violaciones a los derechos humanos.

El militar, que obtuvo su libertad hace unos meses y fue considerado durante su permanencia de más de seis años de prisión "preso de conciencia" por Amnistía Internacional, sostuvo que la presencia del secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Clemente Vega García, ante comisiones en la Cámara de Diputados "no es suficiente" para transparentar el uso de recursos, la adquisición de equipo militar, como tampoco para que la sociedad conozca el tipo de ayuda y la cantidad de recursos que recibe por diversos conceptos por parte del Pentágono.

El secretario de la Defensa, manifestó, debe comparecer ante los plenos de las cámaras de Diputados y Senadores, tal y como lo hacen el resto de los secretarios de Estado, para que rinda cuentas de su actuación y del destino de las donaciones de material bélico, como son helicópteros, vehículos, armamento sobre los cuáles el Congreso de la Unión no tiene control alguno.

Gallardo recordó que las principales organizaciones defensoras de derechos humanos consideran que es grave la situación de los derechos humanos en el país y que cada vez es más evidente la responsabilidad del Ejército al participar de forma cada vez más activa en funciones de seguridad pública y en el combate al narcotráfico.

Cabe señalar que la llamada enmienda Leahy es de autoría del senador Patrick Leahy, quien en 1997 planteó controlar los recursos que el gobierno de Estados Unidos entregaba mediante el Programa Internacional de Control de Narcóticos del Departamento de Estado. En 1998 la iniciativa incluyó el ejercicio económico para abarcar todos los programas de ayuda al exterior; en 1999 se amplió para comprender los programas de entrenamiento autorizados y financiados por el Departamento de Defensa.

La premisa de dicha enmienda es: "ninguno de los fondos disponibles por esta ley se pueden proporcionar a cualquier unidad de las fuerzas de la seguridad de un país extranjero si la Secretaría de Estado tiene evidencia creíble de que tal unidad ha cometido violaciones graves a los derechos humanos, a menos que el gobierno del país involucrado informe que está tomando medidas eficaces para actuar penalmente en contra de los responsables".

Según Gallardo, lo que buscan las ONG es "hacer funcionar" esa enmienda para que el Ejército mexicano deje de recibir ayuda financiera de Estados Unidos. Para lograr ese objetivo se tendrían que documentar casos concretos de violaciones a derechos humanos y elaborar un informe que señale con exactitud cuál es el agrupamiento militar directamente relacionado con los hechos. Deberá precisarse también el tipo de delito, quién es el autor y quién es la víctima, en qué consistieron los hechos, en qué lugar y la fecha exacta.

Números Anteriores (Disponibles desde el 29 de marzo de 1996)
Día Mes Año