Se le considera probable responsable de defraudación fiscal por más de $90 millones

Nueva orden de aprehensión contra David Peñaloza: Hacienda

La querella fue formulada por la Procuraduría Fiscal de la Federación por ocultar información

Fue detenido por evadir pago de impuestos un socio del Buró de Investigaciones y Seguridad

ISRAEL RODRIGUEZ

La Secretaría de Hacienda informó que se libró una nueva orden de aprehensión en contra de David Peñaloza Sandoval, por ser probable responsable de la comisión del delito de defraudación fiscal por un monto actualizado que asciende a 90 millones 661 mil 397 pesos.

Peñaloza Sandoval se encuentra detenido en España desde el pasado 29 de agosto, con base en una solicitud de extradición internacional formulada por el gobierno de México, al existir en su contra una orden de aprehensión por otro delito conocido como fraude genérico en perjuicio de Nacional Financiera (Nafin) por la cantidad de 29 millones 500 mil dólares estadunidenses.

David Peñaloza es presidente del consejo de administración de la segunda compañía constructora más grande de México, Grupo Triturados Basálticos y Derivados (Tribasa), titular de gran número de concesiones de autopistas de peaje, administración de servicios públicos, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, además de haber obtenido el contrato para la reconversión de la refinería de Petróleos Mexicanos en Cadereyta, Nuevo León.

Prófugo desde diciembre de 2001, Peñaloza Sandoval fue requerido por el presunto fraude en contra de Nafin, pero nunca había sido citado por el gobierno mexicano pese a que su empresa llegó a acumular más de 2 mil 739 millones de pesos en impuestos por pagar durante 2001. Tampoco se le requirió el pasado 26 de marzo de este año cuando a su empresa se le notificó la sentencia de concurso mercantil promovida por seis bancos nacionales y extranjeros.

Tras haber figurado en la revista especializada Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna mayor a mil 100 millones de dólares, y haber sido beneficiado por los gobiernos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, ahora enfrenta una nueva orden de aprehensión por defraudación fiscal.

Con base en la nueva orden de detención, el gobierno mexicano ha solicitado al de España una ampliación de la solicitud de extradición de David Peñaloza, pues en México será sujeto a otro proceso penal.

El segundo tribunal unitario en materia penal en el Distrito Federal libró la orden de aprehensión dentro del toca penal 261/2002, derivado de la causa penal 32/02 seguida ante el juzgado décimo cuarto de distrito de procesos penales federales en el Distrito Federal, por ser probable responsable del delito de defraudación fiscal.

Lo anterior tiene como base una querella formulada por la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), por ocultar la situación fiscal de la empresa Coordinación Aplicada, en la que fungía como presidente del consejo de administración, al aprobar la disminución de pagos provisionales no efectuados que se consignó en su declaración fiscal.

La Secretaría de Hacienda indicó que esta fue una acción en coordinación con la PFF y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría General de la República, a través de la Agencia Federal de Investigación, para combatir la evasión fiscal y eliminar la impunidad.

Por otra parte, también se informó sobre la aprehensión de José Luis Falcón Martínez, secretario del consejo de administración y socio de la empresa Buró de Investigaciones y Seguridad, por presunta evasión fiscal por 110 millones 158 mil 150 pesos.

La empresa Buró de Investigaciones y Seguridad, con domicilio en Tlalnepantla de Baz, estado de México, se dedica a la prestación de servicios de asesoría, consultoría técnica, jurídica y administrativa a personas físicas y morales especialmente en materia de prevención y control de riesgos y pérdidas.

Esta acción se realizó con base en los datos y documentos aportados por el SAT recabados durante la visita domiciliaria que se le practicó a la empresa, mismos que permitieron acreditar que el contribuyente consignó en las declaraciones anuales complementarias, correspondientes a los ejercicios fiscales de 1996 y 1997, un valor de actos o actividades menores a lo realmente obtenido, dejando de pagar el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado que legalmente le correspondía, lo que ocasionó un perjuicio en contra del fisco federal por más de 110 millones de pesos