Avalaron panistas la actuación de la dependencia en el caso de los reporteros de La Jornada

Senadores del PRI condenaron la ''actitud intimidatoria'' de la PGR

Es una afrenta a la tarea periodística y una violación al marco jurídico, dijeron Un comunicador ''no puede ser cómplice de delincuentes'', replicaron los legisladores del partido blanquiazul

ANDREA BECERRIL

Dos posturas encontradas en torno a la libertad de expresión se manifestaron ayer de manera clara en el Senado de la República: la del PRI, que condenó la actitud ''intimidatoria'' de la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de reporteros de La Jornada, y la del PAN, que avaló la actuación de la dependencia encabezada por Rafael Macedo de la Concha y sostuvo que ''un periodista no puede ser cómplice de delincuentes'' y debe, por tanto, acudir a proporcionar la información requerida por el Ministerio Público.

Al final del debate, el senador del PRI Manuel Bartlett expuso: ''Quedó muy claro que el PAN vino a defender la persecución de periodistas''.

Las señales del jefe Diego

En nombre de la fracción del partido tricolor, Sadot Sánchez Carreño dijo ante el pleno senatorial: ''No podemos ni debemos mantenernos impasibles ante este intento de acallar voces''. De inmediato, Juan José Rodríguez Prats fue también a tribuna para sostener que la autoridad judicial tiene ''el deber de interrogar a un periodista y saber cuál es su fuente'', y por ello la PGR ha actuado de manera legal.

Aunque Diego Fernández de Cevallos lo aleccionó previamente y desde su escaño le hacía señas para que endureciera el discurso, el desconocimiento del tema hizo que Rodríguez Prats cayera en contradicciones, como la de sostener primero que no hay ningún artículo que exima a los periodistas de ser citados por el Poder Judicial para proporcionar información y, después, ante las aclaraciones que le hizo Sánchez Carreño, dijo que los reporteros de La Jornada ''nunca fueron obligados a revelar sus fuentes'' y que además asistieron a los interrogatorios acompañados por sus abogados.

Durante la sesión del pasado martes, el debate se dio sólo entre priístas y panistas, toda vez que cuando se discutió el tema -después de las 15 horas- la mayoría de los senadores del PRD se habían retirado y únicamente Leticia Burgos, Moisés Castro y Raymundo Cárdenas continuaban en el recinto, pero ninguno participó.

El tema lo agendó el PRI, después de discutirlo en su reunión previa a la sesión. Ahí, el senador Carlos Rojas Gutiérrez dijo que no podía pasarse por alto el acoso a los reporteros de La Jornada, ya que es una afrenta a la tarea periodística y una violación al marco jurídico. Otros legisladores del tricolor, como Manuel Bartlett, Dulce María Sauri, Humberto Roque Villanueva, Laura Alicia Garza y Sánchez Carreño se sumaron a ese planteamiento y decidieron llevarlo a tribuna.

Los senadores priístas determinaron asimismo que fuera el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de ese órgano legislativo, y reconocido jurista, Sadot Sánchez Carreño, el responsable de hablar en nombre de la fracción. De entrada, el senador oaxaqueño dijo que la tradición constitucional mexicana ha sido fiel al reflejar los principios de libertad de expresión y de imprenta en todos los textos, desde 1814 hasta 1917, no sólo como derechos universales del hombre, sino como pilares fundamentales de la democracia.

Ese marco constitucional, detalló, se ha visto reforzado con instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ''Este marco jurídico representa la legalidad en que se sostiene el Estado mexicano''. Sin embargo, alertó, ''en estos momentos el gobierno federal erosiona esa legalidad y socava el derecho''.

Expuso luego que la PGR dio inicio a una serie de acciones ''que disfrazan realmente una actitud intimidatoria en contra de reporteros y periodistas. El derecho que tenemos en la sociedad de ser comunicados se disminuye y se ensombrece el horizonte de libertades''.

Un principio ético fundamental de los periodistas y de la labor periodística es la reserva más absoluta en cuanto a sus fuentes de información, pero, insistió, ''con el pretexto de llevar a cabo una investigación el Ministerio Público Federal ha inquirido y exige a los periodistas revelar estas fuentes''.

Ello ''no solamente contraría este principio ético, sino también es una abierta violación a lo que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en su artículo 13, dice textualmente: Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes, apuntes y archivos personales y profesionales''.

Sánchez Carreño agregó que la práctica de ''esas medidas inquisitoriales representa un grave peligro para nuestras libertades, ya que independientemente de que exhibe una pobreza en los métodos de investigación del Ministerio Público revela algo más grave: la intención y proclividad del gobierno de caer en tentaciones autoritarias y arbitrarias, que lesionan el respeto a la ley y fracturan el estado de derecho''.

Tal actuación, agregó, se contradice con lo expresado por el presidente Vicente Fox hace unos días en Francia, cuando se comprometió a respetar los derechos humanos, pues en México ''inicia una serie de acciones de hostigamiento y de persecución''. Por ello, dijo, se entiende que hace algunas semanas la organización francesa Reporteros sin Fronteras calificara a nuestro país con el nivel más bajo que se ha tenido, en el número 75, debido a violencia en contra de periodistas y medios de comunicación.

Debido a ello, concluyó, el grupo parlamentario del PRI ''condena de manera enérgica'' las acciones de la PGR contra periodistas de La Jornada y coincide con el planteamiento formulado por el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes: ''No podemos ni debemos mantenernos impasibles ante estos intentos de acallar voces''. En esa denuncia ''vemos los priístas el ejemplo de quienes defendieron vigorosamente el respeto por la libertad y por la expresión libre'', entre ellos Belisario Domínguez, Ignacio Ramírez, Francisco Zarco y Guillermo Prieto.

Diego Fernández de Cevallos, que había estado entrando y saliendo de la sesión, se quedó a presenciar el debate. Siguió atento las palabras del priísta e instruyó a Rodríguez Prats para que fuera él quien respondiera. No discutió previamente la postura de su grupo parlamentario con los demás senadores del blanquiazul y de manera unilateral decidió que el discurso panista debía ser en respaldo a la PGR.

Así, Rodríguez Prats inició un largo y deshilvanado discurso en el que comenzó por preguntarse Ƒhasta dónde debe llegar la libertad de expresión? Y si ese derecho significa que ''un funcionario público está obligado a tolerar y sufrir calumnias'' y ''se le cierren las puertas para reivindicar su honra mancillada por la prensa''.

Cuando por fin entró al tema -Fernández de Cevallos le hacía señas para ello desde su escaño- dijo que la libertad de expresión debe ejercerse ''conforme a ciertos requisitos, conforme a ciertas atribuciones'', y acabó por decir que ''una cosa es la libertad de expresión y otra el deber de la autoridad de interrogar a un periodista y saber cuál es su fuente, sobre todo si está involucrado en hechos ilícitos''.

''Ahí es donde está el equilibrio. La Procuraduría no puede permitir que información clasificada como reservada o secreta sea abstraída de las averiguaciones previas en curso. La información pública de la información afecta a las averiguaciones previas y pone en riesgo la integridad y el prestigio de las personas, el sigilo y el alcance de las investigaciones''.

El panista sostuvo luego que no tiene sustento la queja interpuesta por periodistas de La Jornada ante la CNDH, ya que, dijo, en los artículos 123 y 125 del Código Federal de Procedimientos Penales se faculta al Ministerio Público a citar a declarar a las personas que puedan proporcionar información y no hay la excepción para quienes se dedican al periodismo.

Deslinde

Insistió en que los reporteros de este diario no son objeto de persecución por parte de la PGR, y asumiendo el papel de vocero de la dependencia a cargo de Macedo de la Concha dijo: ''Los están citando simplemente para proporcionar información. Deslindamos: no se les está sujetando a un proceso ni se está violando su libertad de expresión, es simplemente para proporcionar la información necesaria para el esclarecimiento de un hecho ilícito''.

Reiteró que el periodista ''está obligado a rendir su testimonio sobre los hechos motivo de la averiguación, sin que ello implique conculcar ninguna garantía constitucional''. Prueba de ello, dijo, es que ''en el caso que nos ocupa, los periodistas llamados a declarar, sabemos, se presentaron acompañados por sus abogados a rendir testimonio y nunca fueron obligados a revelar sus fuentes, apoyándose para ello en tratados internacionales''. Le preguntó sin embargo a Sánchez Carreño en qué artículo constitucional se establece la secrecía de fuentes periodísticas.

El priísta regresó a tribuna y le pidió que se actualice, toda vez que hay un criterio de la Suprema Corte de Justicia donde se establece que los tratados internacionales están por encima de las leyes reglamentarias; le repitió el artículo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que alude a ello y el informe de la CNDH sobre conductas violatorias a las garantías universales de los reporteros de La Jornada.

Rodríguez Prats regresó a tribuna para repetir que no hay violación constitucional alguna, porque ''nadie les pidió a los periodistas ni les exigió ni coaccionó para que revelaran sus fuentes''.

Por tercera ocasión, el priísta Sánchez Carreño lo desmintió y leyó parte de la queja que los comunicadores presentaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde señalan que el Ministerio Público les pidió revelar cómo se obtuvo la información periodística. ''Si esto no es una práctica inquisitorial, no sabría cómo calificarla''.

Sánchez Carreño aludió a lo inexplicable que resulta el hecho de que desde la tribuna del Senado de la República, que es ''el domicilio de la ley'', se expresen voces que pongan en duda lo ilegítimo e ilegal de ese tipo de cortapizas contra la libertad de expresión. Rodríguez Prats, sin embargo, volvió a la carga. ''La Procuraduría tiene derecho a hacer esas pesquisas, tiene derecho a hacer preguntas''.

Al final del debate Manuel Bartlett comentó que el PAN ''vino a defender la persecución de periodistas, ya que es lo que hizo Rodríguez Prats con el apoyo de su bancada. Es un asunto grave y por ello los senadores del PRI decidimos que no puede permitirse que una amenaza de esa naturaleza a los reporteros de La Jornada siga avanzando y se convierta en costumbre. Por eso lo hicimos público, por eso lo llevamos al pleno''.