Sobre el sector rural pende no la espada de Damocles sino algo mucho peor y más mortífero: la importación sin traba ni obstáculo tarifario alguno de los productos agroalimentarios estadunidenses, fuertemente subsidiados por el gobierno de Washington. Es importante, por consiguiente, que 12 organizaciones campesinas no hayan esperado hasta lo que podría ser el tiro de gracia para el sector y hayan comenzado a movilizarse detrás de un programa unitario que incluye la suspensión de las resoluciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) referentes al agro, y la elaboración de un programa de emergencia para el campo y los campesinos, una reforma para los pueblos indígenas, así como un verdadero apoyo financiero al sector rural y la asignación a éste de 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto.

Es igualmente importante que, ante el peligro de desaparición de toda posibilidad de una seguridad alimentaria nacional (pues se pasará a depender totalmente de las exportaciones y de los precios fijados en el extranjero y en condiciones oligopólicas para los alimentos de los mexicanos) el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha sentido la necesidad de apoyar las movilizaciones campesinas y de hacer suyas las reivindicaciones de este importante y naciente movimiento social. Este apoyo podría revitalizar a ese partido, colocándolo junto a los trabajadores del campo y, al mismo tiempo, ayudar a dar una salida política a una situación sumamente tensa que podría provocar estallidos desesperados. Porque es evidente que la lucha de los campesinos será radical, ya que está en peligro su misma supervivencia, y será también larga, pues Estados Unidos se niega a renegociar el TLCAN y el gobierno mexicano a darles a los campesinos algo que vaya más allá de las promesas y del llamado blindaje, que es puramente verbal.

Por tanto, las primeras luchas campesinas dependerán de si logran que, además del PRD, les apoye la bancada del Partido Revolucionario Institucional (que tiene peso en la Confederación Nacional Campesina), así como del éxito ante la opinión pública que puede lograr la toma de la Cámara de Diputados programada para el 10 de diciembre y el bloqueo de los 48 puntos fronterizos del país, para el primero de enero del 2003. Este escalonamiento busca, evidentemente, partir de la movilización de los ejidatarios, campesinos y productores del norte, base más fuerte de las organizaciones campesinas, para involucrar a todo el sector rural nacional, comenzando por los indígenas del sureste, terriblemente afectados por los precios para el maíz y para el café y al borde de la exasperación, como se demostró, entre otras cosas, en el reciente bloqueo en Morelos de las principales carreteras.

El hecho de que el gobierno no haya conseguido mover ni una pulgada a los gobernantes de Washington en su decisión de aplicar a raja tabla los artículos del TLCAN (manteniendo al mismo tiempo las subvenciones a los productos estadunidenses) y de no flexibilizar la política migratoria, coloca a los campesinos e incluso a buena cantidad de productores capitalistas de hortalizas ante la disyuntiva de desaparecer o luchar con todas sus fuerzas.

Como el problema afectó la seguridad alimentaria nacional, la independencia del país, el nivel de vida de los mexicanos y la más elemental justicia, es posible suponer que campesinos y campesinos indígenas reforzarán sus filas con otros sectores populares nacionales y contarán incluso con la solidaridad internacional en esta lucha. De ahí, nuevamente, la importancia de lo que parecería ser un importante cambio en la actitud del PRD, que anteriormente le apostaba todo a la mera lucha electoral y comienza a parecer comprender la importancia de los movimientos sociales, como base de la legalidad y de la independencia.

El cambio que el país quiere parece empezar a organizarse desde abajo, modificando inclusive las instituciones mismas al calor de las movilizaciones sociales.