Plantones, última campanada antes del ''estallido social''

Crisis e incertidumbre, el panorama en el campo

MATILDE PEREZ U.

Diez fueron las promesas de Vicente Fox para el campo durante su campaña, que refrendó al asumir la Presidencia, entre ellas abatir la pobreza en las zonas rurales e incluir en el progreso a sus 25 millones de habitantes, de los cuales cerca de la mitad -según el Banco Mundial- viven en pobreza casi extrema.

Las otras ofertas fueron: hacer del campo un negocio rentable -uno de los primeros escalones sería la creación de una nueva banca de desarrollo enfocada a las necesidades de la sociedad rural-; abatir la pobreza e incluir en el progreso a los miembros de la sociedad rural; abrir oportunidades de empleo y autoempleo a través de la inversión; impulsar el ''desarrollo de burbuja'' en las comunidades rurales; garantizar el acceso a infraestructura social básica: educación, salud, vivienda, servicios públicos básicos; garantizar los derechos de dominio pleno de la tierra; revertir el desperdicio de agua y revalorar las áreas forestales; establecer un nuevo marco jurídico institucional para atender las necesidades de la sociedad rural; apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, y una revolución educativa.

Pero a dos años de gobierno, los campesinos siguen arando incertidumbre y una catástrofe silenciosa. En este periodo los campesinos no han dejado de ocupar garitas, bloquear carreteras, manifestarse en la ciudad de México frente a las oficinas de las secretarías de Agricultura, de Economía y de Hacienda, expresiones que -como han advertido los dirigentes campesinos- son la última campanada antes del posible ''estallido social''.

Mientras, desde los empresarios del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) hasta el Frente Nacional para la Defensa de los Productores del Campo se preguntan: ¿dónde está esa política para reactivar la agricultura? El blindaje agroalimentario que prometió al inicio del segundo semestre de este año, ¿en qué derivó? Todo ello ante algunos de los resultados: disminución en el consumo de frijol, maíz, huevo y leche; incremento de las importaciones de granos básicos; fomento de la rentabilidad a través de Alianza para el Campo, Procampo y apoyos a la comercialización, pero a los productores comerciales; continuidad en la pérdida de empleos, incremento de la migración, y reducciones y recortes al presupuesto federal para el sector, que en el periodo de 1994-2002 disminuyó 52.8 por ciento en términos reales, según datos del CNA.

Al inicio de la década de los 90, con un salario mínimo se podían comprar 15.9 kilos de tortillas; en 2001 apenas 8.3 y este año sólo 7.6 kilos; de leche la cifra era de casi 9 litros, después 5.3 y actualmente 5.2 litros; en el caso del frijol la equivalencia pasó de 3.8 kilos a 2.4 este año. Y bajo el planteamiento de que la producción interna es insuficiente para abastecer la demanda nacional, se desplaza del mercado y fomenta la caída de los precios de los granos mexicanos. ''Los cambios han perjudicado a la agricultura comercial tradicional y a la de subsistencia, se ha favorecido a la agricultura de exportación, concentrada en pocas manos'', apuntan los análisis realizados por la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y la Confederación Nacional Campesina (CNC).

''La estrategia de sustituir importaciones de granos básicos ha fracasado. El deterioro en el campo tiene que ser detenido de inmediato como una medida patriótica y de ejercicio real de la soberanía; hay que hacer del campo y su gente, realmente, una prioridad nacional'', pregonan las organizaciones de productores.

Sin embargo, la respuesta de Fox no varía: ''La globalización exige que nos modernicemos para ser competitivos; el gobierno dejará de otorgar dádivas al campo con propósitos clientelares y electorales, modificará los programas que no fomenten el desarrollo de las capacidades productivas individuales''.

Pero según las organizaciones, un enfoque productivista no resuelve los problemas de altos costos de los insumos, 30 veces más caros que en Estados Unidos; bajos precios; subsidios desiguales frente a los socios comerciales -los agricultores de Estados Unidos reciben 20 mil 800 dólares y los mexicanos 720 dólares-, falta de financiamiento y tecnología de punta. El financiamiento se transformará, argumenta el gobierno, porque Banrural dejó de otorgar créditos para más de 6 millones de hectáreas; ya no es funcional por tener vencida más de la mitad de su cartera total. Este año la Sagarpa y la SHCP realizaron un cabildeo entre legisladores y algunas organizaciones del modelo propuesto: cajas de ahorro. Mientras, los recursos crediticios al agro mantuvieron el perfil de restricción.

Y mientras el gobierno promete enderezar la política agropecuaria, el deterioro en la producción agrícola y pecuaria avanza. En 1994 ambas aportaban 77 por ciento del consumo, en 2000 fue de 68.5 y en 2001 de 68 por ciento. Pero es la producción pecuaria la más perjudicada, ya que el índice de autosuficiencia es de 77 por ciento frente a 95 por ciento que se tenía antes de la firma del TLCAN. Así, mientras al inicio de la década de los 90 el consumo interno era cubierto en 80 por ciento con productos del país, actualmente el nivel es de dos tercios.

La inversión en el sector cayó brutalmente. El área agropecuaria sólo recibió 0.6 por ciento de los 14 mil 706 millones de dólares que llegaron al país hace dos años. Entre 2001 y 2002 se perdieron más de 14 mil plazas, según datos de las secretarías del Trabajo y de Hacienda.

Ese índice, han advertido los agroempresarios, podría elevarse y llegar a los 700 mil empleos en muy poco tiempo, y esta-rían en alto riesgo 7 millones de empleos directos por los efectos de la eliminación total de los gravámenes que establece el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la quiebra de las agroempresas por la competencia desleal y la baja de los precios, entre otros factores.

Lo que sí ha aumentado -expone Armando Bartra, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural Maya- son las remesas que los migrantes envían a sus familias y que el año pasado llegaron a 10 mil millones de dólares, cuatro veces el valor de las exportaciones agrícolas (2 mil 722 millones de dólares) y muy por arriba de lo que se gasta en programas rurales como Alianza para el Campo (6.5 mil millones de pesos) y para Procampo (12.4 mil millones), y no porque los ingresos de aquéllos sean elevados, sino por el aumento de la migración. México ''se ha convertido en el campeón mundial del éxodo (ya que) en Estados Unidos viven cerca de 22 millones de mexicanos (...) La mercancía humana es el resultado de la liberalización del comercio que está arrasando con la agricultura campesina, sustento de un cuarto de la población''.

La seguridad de la propiedad de la tierra está en tela de juicio. Los campesinos tienen la certeza de que si no la defienden podrían perder sus parcelas con ''modelos de desarrollo'' como el Plan Puebla Panamá (PPP), ''considerado una estrategia de los grandes inversionistas para sacar a las comunidades de sus tierras y apropiarse de los recursos naturales''.

Tampoco olvidan las movilizaciones -machete en mano- y la defensa que sostuvieron durante casi un año los ejidatarios de San Salvador Atenco, a quienes se pretendió expropiar 5 mil 384 hectáreas para la construcción del nuevo aeropuerto. Pero México -como ha dicho el presidente Fox- ''ya está en las grandes ligas''(mundiales del comercio).