FOX: DOS AÑOS DE GOBIERNO

Pretende desaparecerlo en la práctica, alertan dirigentes de varios sindicatos

El gobierno foxista ha vapuleado el derecho de huelga y busca nulificarlo

Así queda demostrado en la iniciativa de reforma laboral que preparó la STPS, dicen

PATRICIA MUÑOZ RIOS

En México, 50 por ciento de la población económicamente activa (PEA) o no tiene trabajo o no tiene sindicato; 90 por ciento de los trabajadores que pertenecen a una organización gremial no revisan su contrato y ni siquiera conocen a su dirigente, y sólo cerca de 5 por ciento está representado por sindicatos independientes. En este contexto, el derecho de huelga ''ha sido vapuleado, desconocido, restringido y manipulado'' en el gobierno de Vicente Fox, y va más allá: se busca nulificarlo.

El objetivo gubernamental es ''minimizar, acotar legalmente el derecho de huelga, desaparecerlo en la práctica'', según denunciaron sindicatos integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Frente Sindical Mexicano y abogados. Revelaron que en la iniciativa de reforma laboral que preparó la Secretaría del Trabajo uno de sus puntos centrales es modificar el ''uso'' de este derecho.

En el apartado referente a la huelga, el proyecto de reforma propuesto por el secretario del Trabajo, Carlos Abascal, establece que también los patrones, y no sólo los trabajadores, tendrán derecho de posponer la fecha del emplazamiento de una huelga, con lo que quedaría totalmente nulificado el poder del sector laboral para exigir mejores condiciones o un incremento salarial.

Estadísticas oficiales sobre las huelgas estalladas de 1989 a la fecha establecen que se han contabilizado apenas 71 en todo el país en lo que va del presente sexenio, y muestran que el número representa aproximadamente una tercera parte de las que se registraron en igual periodo de la administración anterior y una cuarta parte de las ocurridas en los dos primeros años de la presidencia de Carlos Salinas.

De los más de 10 mil 460 emplazamientos que se presentaron entre 2001 y lo que va de 2002, sólo terminaron en huelga 0.678 por ciento. La mayor parte de estas huelgas estalladas han sido por demanda de incremento salarial y violaciones a los contratos colectivos y se han dado en empresas privadas o bien por sindicatos pequeños afiliados a la CTM.

Y es que los sindicatos se encuentran en medio de los intereses de la STPS y de los trabajadores. Cifras del Congreso del Trabajo indican que cuando menos hay 6 millones de trabajadores en las organizaciones afiliadas a esta central, los cuales manejan en promedio entre 1 y 1.5 por ciento de cuotas sindicales y representan al menos -según cuentas extraoficiales- entre 3.6 mil y 4 mil millones anuales de ingresos por este concepto.

El dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y líder del Sindicato de Telefonistas, Francisco Hernández Juárez, sostuvo que aun cuando el presidente Vicente Fox ofreció erradicar el control y la corrupción en el sector sindical, en realidad le ha apostado a elevar la sobreintervención gubernamental en esta área y no ha hecho ninguna reforma legal, nada que afecte el ''gangsterismo'' sindical.

Hernández Juárez dijo que en el país 50 por ciento de la PEA o no tiene trabajo o no tiene sindicato, y sólo 10 por ciento de las organizaciones gremiales revisan su contrato colectivo y su salario. Por si esto no fuera suficiente para el gobierno, en la práctica la autoridad ha actuado para restringir el derecho de huelga; ha utilizado la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para frenar las demandas de aumentos, y además ha impedido que los trabajadores puedan usar la huelga como un instrumento para su defensa, pues la autoridad tiene en sus manos la posibilidad de declararlas inexistentes y ha amañado totalmente estos procesos.

Así el gobierno, a través del secretario Carlos Abascal, ha ''vapuleado'' este derecho, pues de manera discrecional aplica la ley y se vale de los recursos más absurdos para desconocer una huelga, como el caso de la Volkswagen, la declararon inexistente porque -según la autoridad laboral- los 12 mil trabajadores salieron de la empresa a las 12:01 horas y debieron hacerlo a las 12:00, lo que ''es absurdo, es ilegal'', o el paro de los trabajadores de Euzkadi, en el que la empresa detreminó cerrar de un día para otro la fuente de trabajo sin tomar en cuenta al sindicato, que decidió irse a huelga y se la declaró ''improcedente'', o el de una universidad que tenía su estallamiento a las 12 de la noche y, como la huelga es para suspender labores y a esa hora no había actividades, argumentó que no se suspendió nada y la declararon inexistente.

''El ejercicio de una huelga se ha hecho casi imposible y lo más grave es que van contra ese derecho, pero también contra la contratación colectiva, la libre sindicalización, el registro de contratos colectivos, los recuentos... contra todo.''

El secretario general del SME, Rosendo Flores, señaló: primero se paraliza el país que permitir que el gobierno neutralice el derecho de huelga, como lo pretende. ''La reforma Abascal no pasará, o cuando menos no en las mismas condiciones en que está presentada, sobre todo en lo que se refiere al derecho de huelga, pues los sindicatos independientes, a pesar de que son minoría, son los que pueden movilizar diversas agrupaciones y hasta a la sociedad civil para frenar que se impongan las reformas, como las quiere el gobierno'', advirtió.

''El sindicalismo independiente ya está más organizado, por ejemplo, en el Frente Sindical Mexicano, y no permitirá la reforma acomodaticia, pro empresarial, nefasta, condenatoria para el sector laboral mexicano'', planteó.

El gobierno las tiene todas, porque además cuenta con la requisa, precisó a su vez el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de las Líneas Aéreas Independencia, Tomás del Toro, y expuso que hay el peligro de que este derecho se torne en un mero recurso de apariencia; descartó sin embargo que se trate de temor de los trabajadores para hacer valer sus derechos, si bien dijo que no se puede soslayar el grave nivel de desempleo que hay en el país, la desaceleración industrial, el congelamiento económico, que han impreso cierto miedo entre los trabajadores.

Los arrepentidos fueron los dirigentes del CT y de la CTM, que habían dicho que presentarían una propuesta ante la STPS para que en la reforma laboral ''quedaran intactos'', no se modificaran ni cambiaran los artículos 926 y 927 de la Ley Federal del Trabajo relativos al derecho de huelga. Sin embargo, el secretario del Trabajo de la CTM, Javier Pineda Serino; el asesor jurídico de esta confederación, Juan Moisés Calleja; el secretario de Comunicación, Nezahualcóyotl de la Vega, habían tomado un acuerdo en este sentido, a propuesta del líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia. A ultima hora determinaron avalar y respaldar el proyecto Abascal tal como se presentó.

Por su parte, el abogado Arturo Alcalde Justiniani señala que México es el ''campeón mundial de la simulación laboral'', donde todo es ''de mentiritas''. El 92 por ciento de los contratos colectivos son ficción, los líderes no son en realidad representantes de los trabajadores y las huelgas las quieren desaparecer.

Alertó de otra modificación radical que pretende la iniciativa de Abascal, que afectará sustancialmente el derecho de huelga y que tiene que ver con el recuento, cuando se haya declarado inexistente una huelga. El proyecto del gobierno modifica el artículo 931 planteando un procedimiento detallado para desahogarlo mediante voto secreto, en el que tendrán derecho a sufragar ''sólo'' los trabajadores que formen parte del padrón previamente autorizado... por la empresa.

''Si bien se hace referencia al voto secreto y a un nuevo procedimiento electoral avanzado, esto es una ilusión en la medida en que el padrón está sustentado en trabajadores que se hayan dado de alta ante la autoridad registradora o que ésta los haya dado de alta. En términos reales, muy pocos trabajadores podrán acceder a este recuento, por lo que la modificación carece de eficacia real''; por el contrario, da otra arma a la empresa para que no todos los empleados puedan participar en un recuento en caso de ser necesario, según explica a su vez el abogado Héctor Barba García, quien opina que esta propuesta coincide con la visión más atrasada del Congreso del Trabajo.

Legalmente, afirmó, se está preparando el embate final para vapulear este derecho que de por sí se encuentra muy disminuido. Se trata, indican los expertos en leyes, de preparar todo el terreno para hacer más difícil que el derecho de huelga se utilice; para disminuir aún más las incidencias de paro y cierres de empresas; para atemorizar más a los trabajadores, que ya de por sí prefieren conservar su fuente de trabajo antes que tener un mejor empleo, y para, como diría el líder de la Alianza de Tranviarios, Benito Bahena, establecer de una vez por todas una política light en materia laboral.