Resulta sorprendente y significativa la reanudación de presiones procedentes del Ejecutivo federal y de las cúpulas empresariales para que la actual Legislatura realice, a la brevedad posible, al vapor y de manera irreflexiva, reformas constitucionales orientadas a permitir la participación del capital privado en la generación de electricidad.

Entre tales presiones destaca lo dicho ayer por el director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, quien aseguró que los senadores tendrían casi listos los consensos para proceder de esa manera y podría darse por seguro, en consecuencia, que la apertura eléctrica a inversiones de particulares se realizaría antes de que termine el presente año. Fundada o no --y todo parece indicar que no--, tal declaración violenta el respeto debido entre los poderes de la Unión y quebranta el propósito foxista de acatar una relación en la que "el Ejecutivo propone y el Congreso dispone". Las palabras de Elías Ayub parecen manifestar, más bien, una de esas exasperaciones típicas del grupo en el poder --"15 minutos para resolver el conflicto en Chiapas", "¡hoy, hoy, hoy"!, y demás ejemplos-- y la urgencia del actual gobierno por cumplir sus compromisos no confesados en materia de privatización de lo que queda del patrimonio público.

La otra pieza de la pinza sobre el Congreso de la Unión corrió a cargo del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Héctor Rangel Domene, y de Javier Prieto de la Fuente, de la Confederación de Cámaras Industriales, quienes urgieron a los senadores --en forma impaciente y un tanto grosera, vale señalar-- para que aprueben, y rápido, la apertura del sector eléctrico a la inversión privada. En ese afán, los dirigentes cupulares empresariales repitieron, una vez más, los espantajos inventados por la administración de Ernesto Zedillo para justificar la privatización --así fuera parcial-- de dicha industria: de no hacerse así, dijeron, el país enfrentaría apagones, desabasto de energía e incremento de las tarifas, las empresas nacionales perderían competitividad ante las extranjeras, se frenaría el crecimiento económico y se agravaría el desempleo.

Los líderes empresariales se empeñan en no entender que esas consecuencias son, precisamente, las que ha provocado la privatización de los sectores eléctricos en países como Gran Bretaña y Estados Unidos, además de quiebras multimillonarias y catastróficas en el marco de sonados fraudes, como en el caso de Enron.

Ante las presiones y los chantajes referidos, cabe demandar a los legisladores que se conduzcan con serenidad y responsabilidad, y que antepongan los intereses nacionales a los del actual grupo en el poder y a los de los capitales nacionales y extranjeros, que pretenden beneficiarse con la privatización de segmentos de una industria eléctrica que debe seguir siendo, por razones de historia, de soberanía, de justicia social y de futuro, propiedad de todos los mexicanos.