Exigen que los responsables enfrenten los cargos ante las autoridades civiles

Fox "perpetúa" impunidad de militares que violan derechos humanos: ONG

Es "impostergable" la revisión del papel de las fuerzas armadas, advierte Miguel Concha

VICTOR BALLINAS

Los organismos no gubernamentales de defensa de los derechos humanos aseguraron ayer que el presidente Vicente Fox "perpetúa la impunidad" en el caso de las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros del Ejército, pues las reservas hacia la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la declaración interpretativa de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad significan en los hechos "una ley de amnistía o de punto final".

La Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos, el Centro Pro, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Centro Fray Vitoria resaltaron que la credibilidad y confianza en el sistema de justicia militar "es baja", pues en múltiples casos se ha comprobado que elementos castrenses presuntamente responsables de violaciones a garantías individuales gozan de impunidad en el fuero de guerra.

Veinticuatro organizaciones firman la declaración sobre justicia militar y derechos humanos, en la que se resalta que entre las medidas urgentes se requiere que en el marco jurídico actual se respete el artículo 13 de la Constitución, que establece que todos los delitos perpetrados por personal militar contra civiles, en particular los delitos de lesa humanidad, deben ser conocidos por tribunales del Poder Judicial de la Federación.

Demandan que los agentes del Ministerio Público, tanto del fuero común como del fuero federal, no declinen infundadamente la competencia de la investigación de delitos cometidos por militares en los que se haya afectado a civiles; que en su actuación la Procuraduría General de Justicia Militar respete los derechos humanos y en especial el derecho a un debido proceso. Para ello se requiere, puntualizaron, que los detenidos sean remitidos a las autoridades civiles pertinentes sin dilación.

Además es necesario que en sus investigaciones no interfieran con averiguaciones sobre presuntas violaciones a los derechos humanos que realizan las autoridades civiles; que se respeten los derechos humanos procesales de los miembros de las fuerzas armadas, sus familias y representantes en el fuero de guerra.

Demandan que los tribunales militares no acepten pruebas obtenidas bajo tortura y detenciones prolongadas. Asimismo piden que el titular de la Defensa Nacional no interfiera en la actuación de los órganos de justicia en el ámbito militar.

Las organizaciones no gubernamentales insisten en el establecimiento de una comisión de la verdad, con la participación de la sociedad civil, que investigue las violaciones a los derechos humanos por parte de elementos militares en la denominada guerra sucia; que publique sus investigaciones y conclusiones, y que además verifique la indemnización de las víctimas o sus familiares.

El sacerdote Miguel Concha, director del Centro Fray Francisco de Vitoria, resaltó en conferencia que no puede haber transición a la democracia en el país sin una superación de los mecanismos de impunidad que limitan la cabal aplicación de la justicia contra los miembros de las fuerzas armadas que cometen violaciones a los derechos humanos. Este es un elemento central de la impostergable revisión integral del papel de los cuerpos militares mexicanas en un Estado democrático, manifestó.

Abundó que contrario a las expectativas, el presidente Fox no ha sido capaz de conducir una reforma del Estado que alcance al ámbito del poder militar. Ahí, insistió, es urgente un cambio estructural porque la justicia castrense es anacrónica.

En su oportunidad, la directora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Silvia Aguilera, señaló que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) debe dar alta prioridad a la denuncia de violaciones a garantías cometidas por elementos de las fuerzas armadas; fortalecer sus mecanismos de investigación haciendo énfasis en la confidencialidad de la identidad de los quejosos y asegurando el acercamiento y protección a las víctimas. Además, planteó, la CNDH debe enviar sus recomendaciones al comandante supremo de las fuerzas armadas y solicitar a la Procuraduría General de la República la atracción de los casos de violaciones que constituyan delitos cometidos por elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.

Por el Centro Pro, el abogado Mario Patrón demandó la revisión de las leyes que regulan la justicia militar, con el objeto de modernizarlas y adecuarlas al proceso de reforma democrática del Estado. En especial, subrayó, se debe establecer claramente la división de los poderes Judicial y Ejecutivo, para que en materia de justicia militar se integren juzgados y tribunales en materia castrense que dependan del Poder Judicial de la Federación y se debe impedir que el titular de la Defensa tenga en sus manos la procuración e impartición de justicia.

Patrón expuso que se debe revisar también de manera integral el marco disciplinario y penal en materia militar, que se legisle para impedir el encubrimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares bajo la actual figura de "acto de servicio", actualmente utilizada para eximir de responsabilidad penal a los militares que violan los derechos humanos de civiles.